Neoskin, ¿el fraude perfecto?
El 3 de noviembre de 2008, Neoskin, la cadena de centros de depilación definitiva, cerró las operaciones de 95 sucursales en 30 estados de la República. Desde entonces, los procesos legales para defender los derechos de los socios defraudados siguen el tortuoso camino de los asuntos judiciales.
En diciembre pasado, el abogado Fernando Martínez (representante de una de las inversionistas afectadas en el Estado de México) confiaba en que un mes después ya tendrían la orden de aprehensión en contra de María Guadalupe Garza Martínez, ejecutiva regia presunta responsable de la empresa.
Sin embargo, la Procuraduría General de la República (PGR) no ha atraído ningún expediente de procuraduría estatal alguna y las bases de datos de Interpol no incluyen alertas a las policías del mundo que lleven a la captura de esta mujer.
Por otro lado, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) interpuso en noviembre 28 denuncias ante los ministerios públicos de un número similar de estados a nombre de clientes afectados contra quien resultara responsable por el delito de fraude. Estas averiguaciones han sido rechazadas en las instancias estatales debido a que este organismo no tiene atribuciones para presentar denuncias a nombre de otros en casos de fraude.
Por su parte, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León (donde se ubicaba la sede de la empresa) indica que hay media docena de demandas de socios defraudados por Neoskin, pero ninguna investigación ha concluido.
En cuanto a los socios afectados por Neoskin, varios de ellos declinaron hablar sobre su experiencia con esta empresa, que se promovía como una franquicia sin serlo.
No obstante, se pudo comprobar que por lo menos una sucursal en el extranjero (ubicada en la ciudad de Mission, en Texas) seguía operando a principios de año.
¿Fue el fraude perfecto? Pasados nueve meses hay muchos cabos sueltos. La inquietud es si algún día se conocerá al responsable de una de las estafas más grandes del país. Persiste la pregunta de si ¿llegará la justicia a resarcir a los inversionistas que perdieron, en promedio, 30,000 dólares cada uno?