México va contra piratas... ¿y clientes?
Los ejecutivos de las discográficas y otros productores de contenidos salivan ante lo que se considera el primer intento global serio de regular las descargas en línea.
Se trata del ACTA, las siglas en inglés del Acuerdo Comercial Antifalsificación, tratado con el cual los gobiernos de más de 10 países quieren penalizar no solamente a quienes incurran en actos de piratería, sino a quien haga uso de los contenidos en línea de forma ilegal.
El incentivo es enorme. Simplemente en los contenidos musicales, en 2009 la industria de la música perdió 12,500 millones de dólares (MDD) por piratería en todo el mundo, según el Institute for Policy Innovation.
En el caso de México, todavía no existe una legislación que apruebe dicha propuesta . Sin embargo, nuestro país forma parte del ACTA, el tratado iniciado en el año 2008 que busca “ayudar a la lucha contra la falsificación y la piratería”, en el que, además, participan Australia, Canadá, la Comisión Europea , Corea, Estados Unidos, Japón, Marruecos, Nueva Zelanda, Singapur y Suiza.
El acuerdo ha sido criticado por su secretismo, ya que sus reuniones se realizan a puerta cerrada. Esto molesta a los internautas de los países participantes ya que, según el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, IMPI (representante de ACTA en México), se propone que los proveedores de servicios de internet (ISP, como Prodigy, Terra, Cablevisión, etc.) den a las autoridades datos de los usuarios que, presuntamente, descargan contenidos de manera ilegal.
Según Sergio Legorreta, especialista en propiedad intelectual del despacho global Baker & McKenzie, “se busca obligar a que los ISP suspendan el acceso a la red de usuarios que violen los derechos de autor y no lo veo del todo mal”.
El problema surge al cuestionar si los usuarios que descargan música, películas, videos o libros de internet son considerados distribuidores de piratería, un tema en debate según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). “La cuestión acerca de si dicho uso es un acto de ‘piratería’ y si se debe abordar de la misma manera que la piratería tradicional, constituye el eje del debate actual sobre el derecho de autor”, dice la UNESCO.
Para el abogado León Felipe Sánchez, socio de Fulton & Fulton, representante de Creative Commons México y opositor al ACTA, “el primer elemento (para definir la piratería) es si lucras o no (con el producto). Si no hay lucro, la regla general es que no estás cometiendo piratería”.
Legorreta entiende esa postura, aunque considera que “hay que verlo del otro lado. No es que exista lucro por el lado del que descarga, él no está cobrando por esa música, pero sí hay un daño económico patrimonial directo contra el autor o los que están en la cadena”.
Un ejemplo de esto es el sonado caso de Jaime Thomas-Rasset, una madre de 31 años que fue demandada por la Recording Industry Association of America (RIAA) por descargar 24 canciones del servicio peer-to-peer, Kazaa. La multa alcanzó 1.9 MDD (80,000 dólares por canción).
El artículo 151 de la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) establece que no es una violación a los derechos de autor la utilización de sus actuaciones cuando “no se persiga un beneficio económico directo”. El uso, la publicación, la reproducción y la comercialización de una obra protegida son considerados infracción siempre que las “conductas sean realizadas con fines de lucro directo o indirecto”.
Según esta ley, la penalización por violar los derechos de autor en México va de 5,000 hasta 10,000 días de salario mínimo. En el Distrito Federal esto equivale a una multa de 287,300 pesos que puede llegar hasta 574,600 pesos mientras que el Código Penal Federal establece una pena de seis meses a seis años en prisión “al que use en forma dolosa, con fin de lucro y sin la autorización correspondiente, obras protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor”.
En México, la película Batman: Dark Knight fue robada de varias salas cinematográficas el día de su estreno para su distribución en línea y reproducción en DVD para su venta global, según el reporte de protección al Copyright 2009 de la Alianza Internacional de Propiedad Intelectual.
Dicho reporte establece que la piratería de música en línea domina 90% del mercado total en México. Según éste, más de 4,700 canciones fueron descargadas en nuestro país en 2008. A la vez, la Motion Picture Association (MPA) indicó que México es el país con mayor actividad en América Latina para grabar películas antes de su estreno. Además, menciona que el uso de sistemas peer-to-peer (servicio para intercambiar archivos en la red) son los más utilizados por los mexicanos y algunas ligas se publican en blogs, foros y redes sociales.
Para combatir la piratería en línea, León Felipe Sánchez considera que “la industria no debe penar más, sino cambiar su modelo de negocio”. Una opinión similar tiene Legorreta: “Se rompió el cauce normal del modelo de negocio actual de la distribución de la música (estándar para el resto de la industria del entretenimiento) y no se ha creado uno nuevo”.
Sin embargo, no hay que dejar atrás la cuestión educativa. En palabras de Legorreta, de Baker & McKenzie, “el avance de la tecnología ha sido tan rápido que las nuevas generaciones están muy acostumbradas a que esto no es ilegal y se ve como algo muy natural”.
El debate sobre la descarga gratuita de contenidos en línea es un tema polémico, una mezcla entre valores culturales, educación e información hacia el usuario y los autores de contenidos así como la creación de normas legislativas. El proceso no será sencillo, pues los usuarios deberán tener cautela ante la mirada del Gran Hermano.