Tuvo que transcurrir un año de administración errática y desencuentros múltiples para que el gobierno de Vicente Fox aceptara explícitamente, sin eufemismos, que la alternancia sin mayoría legislativa exigía un acuerdo básico de todas las fuerzas políticas. Lamentablemente, ni el programa económico ni el acuerdo político permiten concluir que México esté preparado para enfrentar los desafíos del escenario alterado. El primero, destinado a "fortalecer la economía y la inclusión social", se limita a recuperar propuestas y reclamos que distintos sectores vienen planteando desde el segundo trimestre del año: medidas necesarias, obligaciones postergadas, rectificaciones y ajustes que, sin embargo, distan mucho de ser un programa integral para blindar nuestra economía –planta industrial, empleo y salarios, comercio y servicios, agro y finanzas públicas– ante las turbulencias de la recesión y la emergencia global en tiempos de guerra.
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El segundo, bautizado como Acuerdo Político para el Desarrollo Nacional, fue presentado como fruto del más amplio consenso para "proteger y desarrollar" el sistema democrático. Un vasto temario que sintetiza los retos actuales en materia social, económica, internacional y de política interior. Una radiografía de los rezagos y debilidades del país que compromete a los firmantes –el Ejecutivo Federal y los ocho partidos representados en el Congreso– en la búsqueda de soluciones viables, expeditas y de largo aliento.v - -
Estamos, pues, ante un acuerdo "ligero" –de ahí el consenso– que elude las previsibles discrepancias con el recurso de la generalización, la abstracción y la tautología. Un arreglo de fantasía que pretende curar los males del país con la simple enumeración de los padecimientos: se dice el qué, no el cómo; se perfila el objetivo, la meta, pero difícilmente el mecanismo para concretar la solución. Salvo que exista una agenda paralela, no se desprenden compromisos del gobierno federal que deban traducirse en políticas públicas, pactos legislativos que garanticen la aprobación de reformas en cualquier sentido o acciones concretas del Congreso para avanzar en la reforma del Estado.
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Más que un acuerdo político se trata de una agenda para el diálogo. La más acabada, nutrida y compleja que se haya presentado, pero eso es todo: una carta de intención, el principio de un largo proceso de auscultación y debate que podría concluir en pacto para la transición.
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La iniciativa debe superar el handicap de arranque y la mirada crítica de una opinión pública que aprendió a desconfiar de pactos, alianzas y acuerdos.
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Se gastó lumbre en infiernitos. La prisa por entregar buenas cuentas precipitó el festejo de un proceso trunco. Esta vez, el resto de los actores compartirán el costo político del desencanto social.
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–El autor es director de Grupo Consultor Interdisciplinario.
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