Chiapas <br>No todo es un pasamontañas
El ingeniero Juan José Pierluigi hace un trabajo que no parece tener nada de extraordinario. Es el responsable de mantener lista para su operación una planta atunera. Sin embargo, lleva más de tres años aceitando el equipo de una fábrica con capacidad para enlatar 125 toneladas de producto al día, ubicada en un puerto donde no hay pesca.
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Inexplicablemente, el mar no parece ser bienvenido en Puerto Madero. Un cementerio de embarcaciones en la bahía es la imagen más fiel del abandono de este poblado ubicado en el extremo sur de Chiapas, el estado cuyo nombre ha dado la vuelta al mundo asociado con un movimiento revolucionario calificado como “la guerrilla posmoderna”.
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Pierluigi reconoce no estar al día en las cuestiones políticas locales, pero opina que el conflicto armado ha desanimado a los numerosos inversionistas que visitan la planta con intenciones de comprarla. “Se van encantados después de conocerla, pero luego no sé qué pasa”, dice con un gesto de desconcierto.
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Con excepción de los zapatistas y sus simpatizantes, que en el sector público y privado no parecen ser muchos, en Chiapas es opinión generalizada que el movimiento armado ha perjudicado la economía de la entidad. “Hay quienes podrán no saber dónde está Chiapas, pero sí saben que hay una guerrilla”, se lamentan muchos empresarios. Eso asusta a los inversionistas, acusan.
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Pero Chiapas nunca ha sido un gran destino para los inversionistas. “No creo que nadie se haya preocupado de llevar una estadística”, opinan en Fondo Chiapas, un organismo mixto de promoción de inversiones en el estado, nacido precisamente a raíz del conflicto armado como respuesta de la iniciativa privada a los problemas de la región.
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Es claro que quien más invierte en Chiapas es el gobierno, sobre todo después del estallido del conflicto armado. De 1994 a 1995, el gobierno federal aumentó más de 500% el presupuesto destinado al estado.
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“Decir inversión es decir Solidaridad –dice Miguel Zepeda, comerciante de San Cristóbal de las Casas–, del mismo modo que al hablar de empleo hay que referirse a los maestros.”
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“La inversión de grandes empresas no sólo es incipiente: es pobre”, acepta César Corzo, secretario de Desarrollo Económico del gobierno estatal.
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Pescado de Chiapas, la planta atunera que cuida Pierluigi y que tuvo un costo de construcción de $25 millones de dólares, fue obra de Bancomext, la institución gubernamental de apoyo al comercio exterior. No podría ser de otra manera. En su corta vida, iniciada en 1990, la planta habría sido devastadora para cualquier empresa: ha estado más tiempo detenida que en operación.
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Corzo se regocija enumerando a los organismos gubernamentales que tienen recursos destinados a Chiapas. “Bancomext dispone de $50 millones de dólares y Nacional Financiera de $900 millones de pesos –dice a manera de ejemplo–, pero también están Banobras, Banrural, Procampo...”
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Sin embargo, el de Chiapas nunca ha sido un problema de recursos. “Tenemos fondeo grande, pero operación chica”, reconoce el propio Corzo.
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El caso de Pescado de Chiapas deja de sorprender con sólo ver más allá de las bardas que la circundan: la instalación portuaria también está parada. Hace tiempo que la dependencia que se encarga de administrar los puertos del país dejó de desazolvar la arena que se asienta en la playa de Puerto Madero, por lo que los barcos no pueden atracar.
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Con todo, ni la planta atunera ni Puerto Madero son los mejores ejemplos de la actitud indolente del gobierno central hacia Chiapas, un estado que le da al país energía eléctrica, petróleo y gas natural y, sin embargo, tiene uno de los niveles de infraestructura de comunicaciones más bajos de México.
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¿ÁGUILA O QUETZAL?
-Por un quetzal, la moneda guatemalteca, el cruce en balsa del río Suchiate que separa México de Guatemala es, cuando menos en temporada de marea baja, casi un gesto de exquisitez para los guatemaltecos que vienen de compras a los comercios mexicanos aprovechando la fortaleza de su moneda frente al peso y para los que inician la larga travesía con destino a Estados Unidos.
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Día con día, en balsas montadas sobre llantas, se registra un intenso tráfico económico ilegal, con el puente internacional de fondo y sus transacciones legales.
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Se calcula que más de 100,000 trabajadores inmigrantes guatemaltecos han buscado un lugar en la débil economía chiapaneca. Muchos de ellos se quedan en El Soconusco, la segunda región con mayor población en el estado, con 6% del total (245,000 habitantes).
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Pero no se trata de un fenómeno ordinario de comercio, emigración y contrabando, ni es de ahora. En la época colonial, el cacao que se producía en la zona despertó en la Corona española un interés especial. En algún tiempo independiente del resto del actual estado, la franja de 260 kilómetros paralela a la costa conocida como Soconusco llegó a depender directamente del reino europeo.
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La mayor proximidad con Centroamérica y el pasado histórico del sur de la entidad, con sus capítulos sangrientos, se traduce en lejanía respecto del centro del país.
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Pero eso no sólo le ocurre al Soconusco, sino a todo el estado. En la versión oficial es reiterada la alusión al aislamiento de Chiapas por parte del gobierno central. “La entidad era vista desde la capital como una reserva territorial”, dice Eduardo González Castañón, coordinador de proyectos de Fondo Chiapas.
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El valor de la tierra durante la Colonia era muy bajo, pues la intención del gobierno virreinal era incitar su poblamiento. Sin embargo, la carencia de un adecuado sistema de definición de propiedades dio lugar a numerosos abusos.
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Era la génesis de un pleito legendario que aún hoy derrama sangre.
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EL “VERDADERO” CHIAPAS
-Conrado de la Cruz no necesita ser explícito con los meseros del Hotel Bonampak –uno de los más importantes de Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado–. Con sólo levantar la mano, ellos saben lo que quiere.
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De la Cruz, cercano a los 60 años, es dueño, director general y director de comercialización y publicidad de -Cuarto Poder, reconocido como el periódico más importante de los muchos que se publican en el estado.
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Como tantos de sus paisanos, opina que el movimiento zapatista está sobrevalorado, que no es auténtico y que ha perjudicado la imagen del verdadero Chiapas.
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Pero, como él, el “verdadero Chiapas” hace tiempo que perdió la inocencia. De la Cruz confirma que durante el gobierno de Patrocinio González Garrido, antes de ocupar la secretaría de Gobernación, se desató una ola de asesinatos de homosexuales en las avenidas de Tuxtla Gutiérrez.
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Más aún, reconoce haberse “agachado” ante esos acontecimientos por las dificultades por las que atravesaba el periódico en ese momento.
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El chiapaneco que ha reprochado una exclusión histórica aplica la misma fórmula, en ocasiones con mayor crueldad, a quienes no son como él. Pero los más afectados no son miembros de las minorías sexuales, sino un amplio sector de la población: los indígenas.
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Antes del 1o. de enero de 1994, cuando Chiapas no era primera plana en el país, el saldo de muertos en los enfrentamientos por la posesión de la tierra entre las combativas organizaciones campesinas y la policía estatal era superior al que después dejaría el conflicto armado.
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Muchos de esos enfrentamientos ocurrieron camino a la ciudad de México. Cuando las puertas se cerraban en Tuxtla Gutiérrez, los campesinos e indígenas marchaban rumbo a la capital. No sólo para buscar una instancia más alta: el gobierno federal hizo su propio juego en Chiapas. Todo el tiempo ha repartido tierras. Ha favorecido a unos grupos sobre otros, dado títulos de tierras inexistentes o repartido el mismo terreno más de una vez. De todos modos, el presidente en turno se viste de indígena y se toma una foto.
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Hoy, tres años después de aquel 1º de enero, el gobierno estatal asegura que el problema de las invasiones está resuelto. Sin embargo, lo que se discute ahora, y no con el gobierno estatal sino con el federal, no es eso. El punto que tiene suspendido el diálogo entre el gobierno federal y el EZLN es la demanda de “autonomía” y “autodeterminación” para las comunidades indígenas.
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El indígena emerge para reclamar: “Queremos no sólo dejar de ser olvidados, sino ser ciudadanos con participación”, dice Samuel Ruiz, obispo de San Cristóbal de las Casas y mediador en las negociaciones entre el gobierno y la guerrilla.
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Los indígenas están en el piso más bajo de la sociedad, señala Ruiz, quien lleva más de 30 años de actividad pastoral en Chiapas, estado al que en 1990 el INEGI ubicó como el de mayor índice de marginación en el país.
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De acuerdo con el religioso, los organismos financieros internacionales, que ven ahora al Tercer Mundo como un barril sin fondo, están cambiando su política hacia los pobres. “Quieren terminar con esta situación –afirma–, por eso en los dispensarios médicos (del medio indígena) no hay cafiaspirinas, pero sí hay condones y otros dispositivos contra la fertilidad.” El actual gobernador del estado, Julio César Ruiz Ferro, niega punto por punto que eso sea así.
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Tan importante como lo que sucede en el ámbito chiapaneco es lo que se piense de él. Las declaraciones del subcomandante Marcos a la prensa nacional e internacional son auténticos mísiles para la oficina de prensa del gobierno del estado. Los encargados de dar difusión a los mensajes del gobierno están principalmente ocupados en desmentir o “desactivar” las informaciones destinadas a desacreditar al gobierno local o federal.
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Porque si bien aceptan que el movimiento zapatista puso a Chiapas en el mapa, desde luego no es ese el Chiapas que ellos quisieran ver.
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Fondo Chiapas, una iniciativa empresarial-gubernamental, nació para revertir esa imagen, además de generar inversión productiva en el estado, reconoce su director Gustavo González Padilla. “Fue la reacción que correspondió a la acción del grupo armado.”
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Precisamente, Fondo Chiapas se anotó un punto en el sur del estado: todo indica que finalmente Pescado de Chiapas será adquirido por Grupo Protexa, un importante consorcio regiomontano.
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La noticia debió cambiarle el ánimo a Pierluigi y su equipo. Al fin y al cabo, su guerra era contra el ocio.