En la ruta de un fraude

La corrupción y el fraude pueden afectar tanto a grandes instituciones públicas o privadas, como a empresas más discretas pero establecidas con ahínco por quienes depositaron en ellas el esfuerzo de muchos años. La habilidad de los corruptos y el apoyo con el que parecen contar, dejan una secuela de víctimas que, por lo anterior, se encuentran prácticamente maniatadas para defenderse.

- En este marco puede insertarse el fraude a la empresa de telecomunicaciones BT de México —luego BTC— por parte de Alejandro Acosta Herrera. El caso ha adquirido proporciones mayores toda vez que, de alguna manera, ahora involucra también a Avantel, una de las principales compañías del ramo en el país. A raíz de este delito, dos de los principales socios de BT de México —el licenciado Ernesto Buchbinder Zarenchansky y el perito en telecomunicaciones Rafael Rodríguez Garcilazo— esperan una sentencia por parte del Tribunal de Justicia del Distrito Federal que haga valer sus derechos.

- Un engañoso presidente de consejo
Todo comenzó en enero de 1992 con la constitución de BT de México. Esta fue posible gracias a las aportaciones de Alejandro Acosta Herrera (con 36.5% de las acciones), Rafael Rodríguez (30%), Ernesto Buchbinder (25%), Javier Vásquez (7.5%) y Sistemas Cibernéticos, empresa donde laboraban Acosta y Buchbinder, la cual aportó 1%.

- Las participaciones de Buchbinder y Rodríguez significaron aproximadamente $60,000 dólares en total. Aunque la suma no es cuantiosa, ambos son pequeños empresarios y a Rodríguez, por ejemplo, le significó tener que vender un terreno, un automóvil, una camioneta y una moto.

- Como Acosta, viejo conocido de Buchbinder y hombre de su confianza, tenía más experiencia empresarial y también el mayor porcentaje accionario, fue nombrado sin mayores reticencias apoderado general y presidente del Consejo de Administración de la nueva compañía.

- Entre enero y julio de 1992 se implementó el nodo de comunicaciones de BT de México y se in­terconectó con la red de datos de la compañía inglesa British Telecom (BT), a través de su filial ubicada en San Jose, California, BTNA. Un mes más tarde ya existía una sospecha con respecto a Acosta: “Pese a que me encargué de la construcción del nodo, él se las ingenió para dejarme fuera de la empresa, alegando que no podía pagar mi salario porque no había suficientes fondos”, señala Rodríguez a EXPANSIÓN. Sin embargo, el perito en telecomunicaciones admite que, en tanto segundo socio mayoritario de dicha compañía, no dio al hecho mayor importancia.

- En forma paralela, y aun cuando BT de México ya había obtenido un permiso de operación por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Acosta —por razones desconocidas para Rodríguez y Buchbinder— retrasó el inicio de los servicios. De manera contradictoria, las operaciones comenzaron en noviembre de 1992, pero sin el visto bueno de la SCT, ya que el permiso sólo les autorizaba a dar ciertos servicios específicos, detalle que Acosta incumplió. En todo caso, Rodríguez denunció los hechos ante la SCT sin ningún resultado, situación que los hizo sospechar que existía (¿o existe?) algún tipo de apoyo oficial a Acosta.

- Tras de ese permiso, BT obligó a su sucursal en el país a cambiar de razón social, a BTC. Además, a través del primer contrato con la firma matriz, “prácticamente se vendieron las instalaciones de BT de México, lo que también es ilegal conforme al permiso de la SCT”, sostiene Rodríguez.

- Avantel entra a escena
El asunto ha empezado a cobrar dimensiones mayores dada la importancia de las empresas posteriormente involucradas, toda vez que en 1993, MCI Communications —que junto con Banamex es propietaria de Avantel— tomó el control de la red de comunicaciones de BTC.

- Acosta siguió intentando quitar del camino a sus socios “molestos” y “se excusó en una prolongada ausencia de Buchbinder —a raíz de una enfermedad— para dejarlo fuera de BTC”, dice Rodríguez.

- Por todo lo anterior, ambos convocaron a una asamblea extraordinaria de accionistas en noviembre de 1994, a fin de que Acosta rindiera cuentas de los egresos e ingresos de BTC, lo cual nunca había hecho. Allí, aunque no acudió a la cita, se le destituyó de todos sus cargos, pero éste inmediatamente los demandó, argumentando que no se le notificó personalmente sobre la asamblea, que Rodríguez no tenía autoridad para convocarla y que la misma no fue publicitada en los medios de comunicación. Los demandados, “seguros de no haber cometido ninguno de estos atropellos” y, aún más, de que la reunión había sido publicitada en uno de los periódicos de mayor circulación nacional, entraron a juicio.

- Por si fuera poco, a comienzos de 1995 Acosta demandó a Rodríguez “por una supuesta promesa de venta de acciones de otra empresa” que éste habría efectuado. Luego de un año durante el cual el demandado debió enfrentar el arraigo en el país, el juicio se resolvió a favor de Rodríguez, ya que no pudo comprobársele nada.

- En cuanto a la primera demanda de Acosta, durante el proceso el juez ordenó su arresto por negarse a entregar a sus socios la contabilidad de BTC, y el de Carlos Silva, representante legal de MCI, porque no quiso entregar la documentación relativa a los contratos entre esa compañía y BTC. Sin embargo, a la fecha ninguna de estas órdenes se ha llevado a cabo.

- Y siguen los hechos insólitos
La dupla mayoritaria de BTC—Buchbinder y Rodríguez poseen 55% de las acciones— señala también que Silva proporcionó al juez una copia “fraudulenta” del contrato entre MCI y BTC, firmada “casualmente” el 4 de noviembre de 1994, 12 días antes de la asamblea en la que se destituyó a Acosta. Su ilegalidad se confirma, dicen, porque en ella se menciona un IVA de 15%, “cuando todavía se aplicaba el 10% y nadie conocía aún el nuevo porcentaje, por lo que se deduce que dicho contrato fue elaborado y firmado en 1995”.

- Además, sostienen, el contrato mencionaba “absurdamente” que MCI podía, “a su arbitrio, pasar clientes de BTC hacia Avantel, cuando así le convenga”. De esta manera, una vez que se constituyó Avantel, se efectuaron instalaciones adicionales en BTC, “de forma tal que MCI comenzó la prestación de servicios de telecomunicaciones utilizando a nuestra empresa como prestanombre; además, dado que la mayoría de los contratos con los clientes se firmaban en Estados Unidos, se evadió el pago de impuestos en México y el pago del impuesto de 5% a la SCT, conforme al permiso de operación de ésta”.

- Asimismo, Acosta envió al juez un documento en el que reportaba que una gran parte del dinero que MCI pagó a BTC se transfería a la empresa Sistemas Cibernéticos, de la que él es accionista principal (75% de las acciones), “demostrando el abuso en su carácter de apoderado y presidente de BTC”.

- En febrero de este año el juez dictó sentencia a favor de Buchbinder y Rodríguez —EXPANSIÓN tiene copia de la misma—, basándose en que Acosta demandó fuera de tiempo. éste apeló de inmediato y el expediente se envió a la sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal donde se dictó sentencia, ordenando el desahogo de las pruebas pendientes.

- Esta es la situación que persistía al cierre de esta edición. Buchbinder y Rodríguez aún no se explican cómo una persona que en algún momento contó con toda su confianza —y a quien la reportera no pudo ubicar en MCI, ni en Avantel, ni en la prácticamente inexistente BTC— haya manipulado indebidamente los fondos de una empresa que también les pertenece. Por si esto no bastara, durante los últimos cuatro años han vivido, dicen, “un vía crucis frente a la inoperancia de los tribunales, quienes hasta ahora no han podido rescatar el capital que pusimos en BT de México y posteriormente BTC, ni tampoco que se haga justicia en contra de Acosta”. Ambos entrevistados enfrentan actualmente una difícil situación económica que, entre otras cosas, les dificulta su defensa “porque los gastos que se generan son muy altos y no podemos pagarlos”.