El país de la mordida

Ya se había dado tres mordidas cuando aún no se colocaba el primer ladrillo de lo que hoy es un edificio de departamentos de 15,000 metros cuadrados y cinco pisos en la delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México.

El terreno ya se había comprado, los planos estaban listos y los proveedores pronto enviarían los materiales para la construcción. El piso de los departamentos sería de duela, el de la recepción, de mármol, y la fachada del edificio, de hormigón. El inicio de la construcción no podía demorarse.

El gestor encargado de las diligencias para la construcción del edificio, que por primera vez hacía este tipo de tareas, pagó la primera mordida sin pensarlo dos veces. Eran sólo 5,000 pesos para "agilizar el trámite" del permiso de uso de suelo, cuyo costo en 2008 era de 708 pesos. Un segundo funcionario pidió 50,000 pesos para ayudar a obtener un dictamen favorable de impacto ambiental. El trámite es gratis, pero suele requerir ‘un empujoncito' para salir en tiempo y forma, y el gestor aceptó. El tercer soborno permitió realizar la manifestación de construcción tipo c, cuyo costo era de 40 pesos por metro cuadrado más 539 pesos, es decir, 600,539 pesos. Un funcionario que exigía un plano adicional a los dos requeridos se llevó los 30,000 pesos de esa mordida.

Ahora, el gestor estaba parado frente a la ventanilla única de la delegación, una instancia cuya única labor es recibir documentos y enviarlos a la Dirección General de Obras y Servicios de la ciudad. El trámite toma unas horas y -se supone- no tiene costo.

Un funcionario de la delegación, un hombre de cuarenta y tantos años, bigote poblado y cabello canoso, revisó la documentación. Después, cuenta el gestor, la rechazó porque faltaba la factibilidad de agua, un requisito que no está en la ley. Otra alternativa era pagar 60,000 pesos para lograr la luz verde.

"Cuando me pidió que nos arregláramos con sus honorarios personales, me pareció el colmo", narra el gestor, que concedió una entrevista a Expansión con la condición de mantener el anonimato. "Para empezar, el trámite no cuesta, y además, él no tenía por qué ver los documentos. Nos hicimos de palabras y metí una demanda".

El inicio de la construcción se demoró un par de meses y la edificación se llevó a cabo gracias a varios amparos. El costo total del juicio contra la Secretaría de Desarrollo Urbano fue de 500,000 pesos, más de ocho veces el precio del soborno rechazado.

El abogado aprendió la lección. Tras esa primera experiencia, dio sobornos cada vez que se los pidieron. Cuando se cansó de pagar, cambió de actividad. "Dinero siempre te van a pedir -dice-, para que no te molesten en el transcurso de la obra, para que te den el ABC de cómo solucionar los problemas de la construcción, para hacerte amigo de los funcionarios".

El costo de la corrupción en México es de 1.5 billones de pesos al año, según el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Es decir que la economía mexicana destina a la corrupción un monto igual al 10% de su Producto Interno Bruto, el equivalente a las ventas de Pemex en 2011 o más de una vez y media los gastos asignados en 2012 a los ramos administrativos del gobierno federal, que incluyen la presidencia, todas las secretarías, las fuerzas armadas y la Procuraduría General de la República. Según Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), las empresas gastan en mordidas 10% de sus ingresos.

Como en el ejemplo de la construcción, la corrupción genera beneficios en lo inmediato: evita que las operaciones de las empresas se detengan y los costos se eleven, lo cual beneficia a trabajadores, proveedores y consumidores. Sin embargo, a la larga el costo es mayor: aumentan las posibilidades de que las empresas no cumplan con las normas de seguridad, sube la incertidumbre y el riesgo de operar y se genera una barrera de entrada a la participación de empresarios honestos, lo que disminuye la competencia y el beneficio para los consumidores.

Recientes casos de presuntas irregularidades en multinacionales con operaciones en el país, testimonios de empresarios y otros involucrados y décadas de costumbre parecen indicar que la corrupción promueve el éxito en los negocios. Pero ¿es la única manera de triunfar en México?

Para averiguarlo, Expansión habló con Walmart y Siemens, que fueron centro de grandes escándalos de corrupción, y Scotiabank, que enfrentaba sospechas al cierre de esta edición. También consultó a compañías de todo tamaño, desde pequeños emprendimientos a las más grandes de México, y a organizaciones, consultores y abogados conocedores del tema.

Lo que encontró es una respuesta compleja: la corrupción no es el único camino, pero para evitarla las empresas necesitan una voluntad que pocas han demostrado y deben estar dispuestas a pagar los costos en el corto plazo.

La noticia del año

En abril, el diario The New York Times detalló supuestos pagos ilícitos de al menos 24 millones de dólares (mdd) que Walmart de México habría hecho entre 2002 y 2005 para destrabar trámites locales, obtener permisos y reducir tarifas de impacto ambiental en la construcción de algunas de sus tiendas.

La investigación hacía énfasis en el trabajo de los gestores que aceleraban los trámites e identificaba a Eduardo Castro-Wright, entonces director de la empresa en México, como la "fuerza motora detrás de años de soborno". En 2008, Castro-Wright fue ascendido a vicepresidente del corporativo, en reconocimiento al crecimiento que logró en la filial mexicana. Hoy, Walmart de México es el empleador privado más grande del país, con más de 238,000 trabajadores y 2,783 locales al cierre de mayo.

Mientras las acciones de la firma caían -18% hasta junio-, Walmart lanzó una investigación global de sus operaciones. El despacho Jones Day México se encarga de la pesquisa local.

Las repercusiones no terminaron allí. El 20 de junio, Walmart anunció una reducción de 12 a 8% en su proyección de crecimiento de capacidad instalada en México para 2012. En un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores, dijo que la razón eran "los pasos adicionales que la compañía está agregando a su proceso de bienes raíces, que extienden el tiempo promedio requerido para abrir una tienda".

Antonio Ocaranza, director de Comunicación Corporativa de Walmart de México, atribuye los presuntos sobornos a fallas individuales.

"Somos una empresa humana y como tal somos falibles -dice-. Es probable que alguien no actúe correctamente: somos más de dos millones de asociados en el mundo".

Pese al alcance del escándalo, Ocaranza asegura que la lealtad de los clientes no será afectada y niega que la caída de las acciones tenga relación con la publicación del Times.

"Hemos hecho estudios en términos de la salud de la marca -relata-. La gente en México reprocha un acto como éste, al mismo tiempo lo asume como algo que forma parte de nuestra realidad". Algunos clientes, asegura, expresaron temor de que se cerrara la tienda de su zona.

Pero atribuir la corrupción a características supuestamente arraigadas en la sociedad mexicana no es lo correcto, dice Gutiérrez Candiani, del CCE. "La corrupción no es algo cultural -afirma-. Es algo muy costoso para los negocios y no tiene justificación".

¿Todos somos corruptos?

"Hay empresas que se acercan y nos dicen que no hay manera, que llevan dos años intentando abrir un negocio y que no se va a lograr si no acceden a una solicitud de dinero", relata Guillermo E. Larrea, abogado de Jones Day.

Según Larrea, el despacho determinó que las industrias más afectadas por la corrupción son las del petróleo y gas, electricidad, comercio internacional, construcción, logística e infraestructura. Las áreas con mayor riesgo de incurrir en pagos ilícitos son ventas y compras, logística, contabilidad, tesorería y finanzas, obtención de permisos y licencias, participación en licitaciones y facturación.

En sectores como la construcción, la corrupción es una manera común de operar. Los pagos ilícitos se realizan en efectivo y el monto lo determina el funcionario público con poder de frenar el trámite. Edna Jaime, directora de México Evalúa, un centro de análisis de políticas públicas, explica que las autoridades locales son las que suelen tener esa potestad.

"A nivel local es donde se concentran la mayor parte de los actos de corrupción -dice- y es donde hay más opacidad".

Funcionarios de las delegaciones Benito Juárez y Cuauhtémoc y de las secretarías de Obras y de Desarrollo Urbano del DF dijeron no saber de casos de corrupción en años recientes. Alfonso Vega González, director de Gobierno de la Cuauhtémoc, reconoció que la delegación tiene una mala reputación, que buscó contrarrestar con cámaras de circuito cerrado, el cese de funcionarios y aumentos salariales para que los empleados de atención al público cobren entre 14,000 y 28,000 pesos.

Detener una obra es muy costoso y las inversiones en el sector son millonarias. Por ello, la prisa por agilizar trámites y evitar a toda costa frenar durante meses máquinas, materiales y trabajadores.

Los pagos indebidos benefician al constructor que logra continuar con el negocio, al funcionario público que recibe dinero y al gestor que obtiene una comisión. También ganan los proveedores, los arquitectos, ingenieros y albañiles que pueden operar y cobrar gracias a que se obtuvieron los permisos para construcción, así como el habitante del departamento que, sin saberlo, vive en un edificio cuya construcción en plazo fue posible gracias a pagos indebidos. Existe una cadena de actores beneficiados, un poderoso incentivo para que la empresa constructora vea a la mordida como la mejor alternativa.

El gobierno juega un papel importante en la dinámica de la corrupción, apunta Larrea.

"Las empresas en muchas ocasiones tienen buena voluntad, (pero) la infraestructura legal de gobierno mexicano está diseñada para corromper -dice-. Muchas grandes dependencias están acostumbradas a automáticamente solicitar dinero a través de fideicomisos e instituciones educativas, hay desviación de dinero en cuentas en el extranjero. Es increíble la capacidad inventiva de los funcionarios mexicanos".

La Secretaría de la Función Pública (SFP), la dependencia que vigila el ejercicio público del gobierno federal, no accedió a una entrevista con Expansión.

Pese a que los pagos ilícitos son un secreto a voces, en raras ocasiones se sanciona a los involucrados. No es sencillo acreditar el delito de cohecho, pues el modus operandi no deja evidencias. Entre 2006 y 2011, de los 1,550 servidores públicos detenidos por todo tipo de delitos -del cohecho a la delincuencia organizada- sólo 158 fueron condenados, según datos de la justicia federal.

El código penal federal indica que quien comete cohecho puede ser condenado hasta a 14 años de prisión y ser inhabilitado para cargos públicos por ese mismo plazo.

El 12 de junio entró en vigencia la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, que por primera vez considera como actor al sector privado y no sólo a los servidores públicos. Faculta a la SFP y, en casos extraordinarios, a la Suprema Corte para investigar y condenar a personas y empresas mexicanas o extranjeras por infracciones en contrataciones federales y transacciones comerciales internacionales.

Los individuos involucrados pueden sufrir multas de 60,000 pesos a 3 mdp y quedar inhabilitados para contrataciones federales hasta por ocho años. Para empresas, la multa es de 600,000 pesos a 120 mdp y la inhabilitación máxima es de 10 años. Para incentivar la denuncia, las sanciones se pueden reducir de 50 a 70% si el involucrado confiesa antes de iniciar el proceso y 50% si lo hace una vez iniciado.

No obstante, Eduardo Bojórquez, director de Transparencia Mexicana, dice que la nueva ley no representa innovación alguna. "Actualiza el marco jurídico mexicano en función de lo que ya decían las convenciones de la ONU, OCDE y OEA", explica.

La ley no considera estados y municipios, donde las regulaciones son menores y el cohecho es más común, según estudios de México Evalúa.

El marco legal tampoco ofrece grandes incentivos para denunciar. El gestor entrevistado por Expansión nunca reportó los actos de corrupción en que tomó parte. Cuando se hartó, cambió de giro.

"El desarrollador podría denunciar, pero no lo hace porque se está echando encima un alacrán -explica-, y ése es su negocio, siempre va a construir".

Jaime, de México Evalúa, dice que hay casos en los que se ha impugnado o denunciado y, como resultado, la empresa no logra realizar la obra. "Quien no quiere incurrir en actos corruptos -comenta- cambia de giro o limita sus actividades o las reorienta".

El daño que no se ve

La corrupción genera beneficios inmediatos. Sin embargo, los perjuicios que ocasiona a largo plazo suelen pasar desapercibidos.

Su principal impacto es que aumenta el precio de hacer negocios debido al pago de sobornos, costo que se traslada a los clientes, explica Álvaro Cuervo Cazurra, profesor de la Northeastern University en Boston y especialista en ética corporativa.

"Se aumenta la incertidumbre y el riesgo de operar en el país -dice-. No se conocen las posibilidades reales de obtener un contrato, pues el competidor puede ofrecer un soborno más grande e, incluso, si se obtiene el contrato, la adjudicación se puede defender en la corte si existe un desacuerdo. Y los jueces pueden ser sobornados".

David Seaton, CEO de la firma de ingeniería Flour Corporation y copresidente del grupo de trabajo anticorrupción del b20, afirma que la falta de equidad que generan los sobornos desalienta la competencia. "La corrupción es un obstáculo para la creación de empleo, el comercio y la inversión, la seguridad alimentaria, la innovación y el suministro de financiamiento para el crecimiento y la inversión", enumera.

El informe global 2009 de Transparencia Internacional se enfocó en la ética empresarial del sector privado y concluyó que uno de los grandes peligros de la corrupción es la fuga de capital de las economías, pues es improbable que los recursos malhabidos se transformen en inversiones.

Fernando Chico Pardo, presidente del Grupo Aeroportuario ASUR, observa con preocupación las oportunidades que cancela la corrupción. El empresario es el único latinoamericano que ha sido invitado al consejo del Pacto Mundial, que preside el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y es la principal iniciativa global de promoción de la responsabilidad social empresarial.

"Quienes pueden corromper son de un nivel socioeconómico diferente a los que no pueden -dice Chico Pardo-. Por ello, la corrupción va en contra de la equidad de oportunidades". En un contexto de creciente competencia global, la corrupción también es un barómetro de la reputación de los países. En 2011, el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional situó a México en la posición 100 entre 183 países.

El país obtuvo una calificación de tres puntos en una escala donde cero es la mayor percepción de corrupción y 10, la menor. La Foreign Corrupt Practices Act, una ley estadounidense que sanciona las prácticas corruptas en el extranjero, registra 15 casos en México de un total de 108 en sus 35 años de vigencia.

"El contraste con Brasil es increíble", dice Bojórquez, de Transparencia Mexicana. Allí, agrega, la presidenta Dilma Rousseff "ha destituido a ocho secretarios de Estado por corrupción. Brasil lanza la señal de que está asumiendo un liderazgo ético en su papel como la séptima economía del mundo. Todas las obras del mundial y los juegos olímpicos están siendo monitoreadas por comités ciudadanos".

El gran arrepentido  

Siemens es la empresa que ha pagado la mayor multa de la historia por actos de corrupción.

En 2007, un denunciante anónimo destapó una red global de corrupción orquestada desde Alemania. La investigación de la autoridad bursátil estadounidense SEC halló que, entre marzo de 2001 y septiembre de 2007, Siemens había hecho 4,283 pagos ilegales para cerrar contratos en Bangladesh, Venezuela, México, Rusia, Vietnam, Nigeria, Argentina y China.

En 2004, Siemens realizó tres pagos ilícitos por un total de 2.6 mdd a un consultor no identificado en Pemex. Una parte de ese dinero llegó a un alto funcionario de la paraestatal, según la SEC. Nadie fue a la cárcel por el caso en México, ya que Función Pública no encontró pruebas que vincularan a individuos con los actos de corrupción. Según la investigación, el entonces director de Siemens Mesoamérica, Hans Joachim Kohlsdorf, estaba al tanto de los pagos.

El conglomerado alemán de ingeniería pagó 450 mdd al Departamento de Justicia estadounidense para limpiar su historial de cargos de cohecho y falsificación de libros contables y 350 mdd a la SEC. Sólo así pudo seguir pujando por licitaciones en ese país.

Las acciones que emprendió la empresa fueron proporcionales al tamaño del escándalo. El primer paso fue contratar un despacho jurídico externo para que investigara a fondo todos los hechos, explica Peter Solmssen, abogado general de Siemens, en una entrevista telefónica desde Alemania. "Vimos dinero que salió de la puerta, pero no vimos hacia dónde salió", dice.

Después de que la investigación confirmó las acusaciones, la firma alemana ofreció no despedir a los involucrados si contaban lo que sabían: unos 130 empleados lo hicieron. Los que no aprovecharon la amnistía y fueron identificados como culpables resultaron despedidos y enjuiciados.

El escándalo le costó sus puestos al ex presidente ejecutivo Klaus Kleinfeld y al ex presidente del consejo de vigilancia Heinrich von Pierer. Todo el consejo de administración en Alemania fue sustituido. Desde entonces, Siemens reforzó sus reglamentos y su Código de Conducta , cuyos principios aplica a quienes actúan en nombre de la firma y a proveedores y socios comerciales. También desarrolló un sistema de prevención, detección y respuesta ante actos de corrupción. El equipo mundial a cargo de esta labor tiene más de 600 personas.

En 2009, Siemens se comprometió con el Banco Mundial a donar a programas anticorrupción 100 mdd durante los siguientes 15 años. Un año después, firmó el Pacto Mundial.

Solmssen afirma que la lección es que se puede hacer negocios del lado de la ley.

"En los últimos seis años, Siemens ha insistido en los negocios limpios y la respuesta de los empleados ha sido muy buena -argumenta-. Hemos tenido niveles récord de utilidades y participación de mercado. Estamos convencidos de que ser honestos es un buen sistema".

Sin pagar se puede

Hacer negocio sin incurrir en pagos ilícitos es posible y, además, es rentable.

Las compañías con programas anticorrupción y pautas éticas, según datos de Transparencia Internacional, sufren hasta un 50% menos de incidentes de corrupción y tienen menores probabilidades de perder oportunidades comerciales que las que no tienen estos programas.

Proa, una firma regiomontana de puertas, herrajes y mamparas, ha participado en varias licitaciones públicas. Ganó algunas, perdió otras, pero en ninguna cayó en el juego de la mordida, asegura su director general, Luis Pernia Fernández.

"En un concurso éramos los primeros en precio, propuestas técnicas y económicas -dice-. Eran unas puertas especializadas que no existen en México. Nos descalificaron porque en una parte decía con letra chiquita que el producto debía ser fabricado en México, lo que es una incongruencia porque en México no se fabrica. El que ganó ofrecía un precio tres veces mayor y nos contactó para comprarnos las puertas".

"En estos temas, no es muy fácil probar (las acusaciones) -agrega-. Pero creemos que el ganador tenía apoyo y, sin tener los productos y la experiencia, le dieron el contrato".

Pernia dice que la transparencia es el primer paso para combatir la corrupción. Aunque la empresa no denuncia ante las autoridades, cuando un comprador solicita dinero, Proa lo reporta a su jefe. Si nota una irregularidad, toma fotografías como evidencia.

Otros prefieren no hacer negocios con el gobierno. Un empresario que pidió no ser identificado por temor a represalias explicó a Expansión por qué.

"La mayoría de los funcionarios empieza solicitando un 10% del valor del proyecto, con el tiempo van ganando confianza y piden más -dijo-. Por un producto con precio de venta de 150 dólares, el costo real era 50 o 70 dólares y el resto era para ellos".

La participación de la empresa en compras gubernamentales inició con una delegación del Distrito Federal que la invitó a postularse para instalar luminarias. Después, siguieron las invitaciones de estados e, incluso, licitaciones de proyectos federales.

"Ellos nos avisaban que iba a haber una licitación y nos decían cómo responderla para ganar y que se llevaran su cuota", explica el empresario. "Siempre le echaban la culpa al de arriba, decían que el dinero no era para ellos, sino para sus jefes. Incluso llegamos a pensar que así era como funcionaba, pues no teníamos experiencia, hasta que vimos que era un exceso (...) Por eso dejamos de venderle al gobierno".

Hechos, no palabras

En el caso de Walmart, ni siquiera haber cultivado una imagen de limpieza evitó que la empresa quedara manchada. En 2009, fue reconocida como la empresa con mejores prácticas anticorrupción en un listado que publicaron la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC) y la consultora PWC.

"Muchas empresas tienen políticas y estrategias anticorrupción, pero esto no quiere decir necesariamente que sean implementadas", dice Antonio Luigi Mazzitelli, representante regional de la UNDOC. "Las prácticas corruptas de algunos ejecutivos no tienen que reflejar el compromiso de las empresas".

De todos modos, pocas compañías muestran interés en el combate a la corrupción. Transparencia Mexicana y el Pacto Mundial lanzaron Principio10.org, una plataforma regional para compartir las mejores prácticas anticorrupción. La participación de las empresas es poco alentadora.

"Hay 1,500 empresas de América Latina que participan en el Pacto Mundial", explica Diana Chávez, directora del Centro Regional para América Latina y el Caribe en apoyo al Pacto Mundial. "Sin embargo, a la plataforma del Principio 10 sólo se han sumado unas 70".

Únicamente 14 compañías mexicanas comparten sus iniciativas contra la corrupción en la plataforma. "Todas fueron invitadas, la cifra habla del nivel de compromiso que existe en el sector privado", dice Bojórquez, de Transparencia Mexicana.

Para este reportaje, Expansión pidió entrevistas a empresas mexicanas de los primeros 10 puestos del ranking de ‘Las 500 empresas más importantes de México', pero no accedieron a hablar sobre corrupción ni las mejores prácticas para evitarla.

A fines de junio, durante un evento del Pacto Mundial en la Universidad Anáhuac del Norte, la CEO de Scotiabank México, Nicole Reich, se negó a responder preguntas de Expansión sobre un caso de ejecutivos de mercadotecnia del banco que habrían recibido comisiones irregulares.

"No hay ningún caso de corrupción -dijo-. Me llama la atención que le dediquen tiempo a semejante tontería".

Con información de Norma Jiménez y Delia Angélica Ortiz.

¿POR QUÉ SOMOS CORRUPTOS?

La mayoría de las personas que se involucran en corrupción lo hacen por diversos motivos, de acuerdo con un artículo publicado en 2009 por Stanford Business Magazine.

• El poder dela multitud. En un parque nacional se colocaron señales pidiendo a la gente que no llevara a casa madera petrificada. En una entrada, el cartel mostraba a tres ladrones, en el cartel de la otra entrada sólo aparecía un ladrón. El segundo fue más efectivo. Si una conducta indebida —como el soborno— aparenta ser común, es más probable que se incurra en ella.

• Cultura organizacional: Don Moore, profesor de Carnegie Mellon, halló que, para mantener una buena relación con sus clientes y no ser despedidos, los auditores no cuestionan movimientos contables sospechosos.

• Medio y confusión. Mucha gente que se involucra en actos de corrupción lo hace movida por el miedo, no por la ambición. Desea evadir el conflicto y teme que denunciar un soborno arruine su trayectoria profesional.

MEJORES PRÁCTICAS CONTRA LA MORDIDA
El combate a la corrupción está en manos de gobiernos y empresas. Hay políticas y medidas que ya se han implementado con resultados exitosos. Lo mejor: el costo de implementarlo es bajo y las ganancias a largo plazo, altas.
Gobierno	Empresas
* Simplificar trámites. Un programa en Nayarit permite a los ciudadanos solicitar por internet placas nuevas y recibirlas a domicilio. * Transparencia. Jalisco desarrolló un sistema electrónico de licitaciones para hacer públicas las cotizaciones. * Cuentas claras. Los funcionarios públicos de Veracruz presentan su declaración patrimonial en internet para concentrar la información, contrastarla e identificar posibles sobornos. * Ciudadano encubierno. En Puebla, un funcionario realiza trámites comunes mientras porta micrófonos y una cámara oculta. * Denuncia anónima. En Guanajuato, se puede denunciar a los funcionarios corruptos por internet. La práctica ya se ha replicado en ocho entidades.	* Entrenamiento anticorrupción. Siemens realiza anualmente la ‘Compliance Week’, así como un curso en línea. * Proveedores con ética. La firma japonesa de software Hitachi evalúa la integridad de sus socios potenciales. * Incentivos para la denuncia. En ASUR, empleados, clientes y proveedores pueden denunciar anónimamente a través de un correo electrónico y un buzón de voz. * Política de regalos. Los integrantes de Cemex no pueden dar ni recibir obsequios superiores a 100 dólares. * Juez y parte. Los colaboradores de Novartis notifican a sus supervisores las circunstancias que pueden generar un potencial conflicto de intereses.