Utah quiere mostrar que no es Arizona en las leyes para migrantes
Utah podría ser la primera entidad de Estados Unidos en permitir a indocumentados vivir y trabajar en su territorio, luego de que una propuesta de ley fue aprobada por la legislatura estatal y ya ha sido enviada al gobernador.
Consiste en crear el primer programa estatal de "trabajadores huéspedes". El proyecto enviado forma parte de un paquete legislativo que busca una nueva opción para el problema de la migración ilegal, distinta a las medidas policiales persecutorias de otras entidades.
Las dos iniciativas que conforman el paquete legislativo aprobado la noche del pasado viernes buscan un equilibrio entre quienes desean el endurecimiento de las leyes migratorias y los que piden la legalización de los indocumentados y su integración a la sociedad.
Ambas propuestas se encuentran este martes en el escritorio del gobernador de Utah, el republicano Gary Herbert, quien podría aprobarlas o vetarlas.
“Utah desea que el mundo sepa que no es Arizona”, afirmó el diario The Salt Lake City, al saludar con esa frase el esfuerzo legislativo por una política migratoria distinta a la de su vecina entidad, donde en 2010 se promulgó la polémica ley antiinmigrante SB1070 .
Bajo una de las propuestas, la legislatura autoriza al gobierno de Utah a emitir permisos a indocumentados residentes que pasen una revisión de historial delictivo, paguen una multa de dos 1,500 dólares y se comprometan a aprender inglés.
Los permisos, que tendrían una duración de dos años, les darían a los inmigrantes indocumentados la posibilidad de residir y trabajar en forma legal.
La iniciativa obligaría al gobernador a gestionar ante la administración del presidente Barack Obama, antes de 2013, una exención para que en Utah no se aplique la ley federal que establece como delito el contratar conscientemente a indocumentados.
La otra propuesta, aprobada y enviada también para su firma al gobernador Herbert, obligaría a los policías a verificar el estatus migratorio de una persona que sea arrestada por cualquier delito menor.
La iniciativa, del legislador republicano Stephen E. Sandstrom, fue transformada durante el proceso legislativo al eliminar el “lenguaje objetable” de la “presunción razonable” y diferenciarse así de la controversial ley antiinmigrante SB1070 de Arizona.
La SB1070 autoriza a los policías a indagar sobre el estatus migratorio de las personas que bajo “presunción razonable” sean sospechosas de ser inmigrantes ilegales.
“Al gobernador Herbert le complace la naturaleza complementaria de los proyectos de ley de inmigración que aprobó la legislatura”, señaló Ally Isom, directora adjunta del personal del gobernador.
El gobernador “aplaude los esfuerzos legislativos para diseñar una solución de Utah” al problema de la inmigración indocumentada, indicó Isom, en un correo electrónico enviado en respuesta a las preguntas de Notimex.
La funcionaria aseguró que Herbert revisará en forma individual cada una de las iniciativas “para asegurarse que estén incluidas en ellas sus principios rectores para la reforma migratoria”.
Entre dichos principios, mencionó el de “reconocer y respetar la humanidad de todas las personas” bajo una reforma migratoria que sea “justa y neutral con la raza y el color de la piel”.
La Iglesia de Los Santos de los Últimos Días (iglesia mormona), la institución religiosa predominante en Utah, se pronunció a favor de las iniciativas migratorias aprobadas por la legislatura.
El gobernador Herbert es mormón, al igual que el 60% de los 2.7 millones de habitantes de esa entidad.
Las iniciativas migratorias aprobadas en el Congreso fueron bien recibidas por la iniciativa privada de Utah, al garantizarles seguridad jurídica y proveerles de mano de obra, sin tener que temer a boicots económicos en represalia por leyes como las de Arizona.
Sin embargo, en una inusual coincidencia, grupos antiinmigrantes y organizaciones defensoras de los derechos de los indocumentados, se pronunciaron en contra de ambos proyectos y amenazaron con interponer demandas para frenar su posible ejecución.
Grupos antiinmigrantes como American Patrol y We The People instaron a sus seguidores a llamar a la oficina del gobernador Herbert para pedirle que rechace el paquete migratorio, al considerar que una de las iniciativas otorga la “amnistía” a los indocumentados.
En tanto, La Unión de Libertades Civiles de América (ACLU) en Utah, analiza las dos iniciativas para determinar la posibilidad de interponer una demanda legal.
La ACLU consideró que las propuestas migratorias mantienen la intención de la ley de Arizona de dar a la policía la facultad de ayudar en la aplicación de las leyes migratorias.
