Felipe Calderón cierra la relación con EU con un balance de doble cara

Semanas después de la elección presidencial, analistas, académicos y funcionarios estadounidenses analizan el estado de la relación México-Estados Unidos. Evalúan los avances, retrocesos y asuntos pendientes del gobierno del presidente Felipe Calderón, y analizan las perspectivas y desafíos de la nueva administración. 

Los funcionarios consultados advierten un balance de contrastes en la relación bilateral entre Estados Unidos y el gobierno del Partido de Acción Nacional. Entre lo positivo, destacan que la cooperación en seguridad y narcotráfico se expandió de manera exponencial en comparación con la colaboración con los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Se suscribieron acuerdos históricos con la Marina y la Secretaría de la Defensa en materia de inteligencia y las extradiciones de narcotraficantes rompieron todos los récords. Aumentaron de cuatro en 1995 a 89 en el primer año de régimen calderonista. Entre diciembre de 2006 y diciembre de 2010, el gobierno mexicano envío a EU a 374 hombres y mujeres acusados de distintos delitos.

En junio se resolvió un conflicto que durante 14 años impidió que, como parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, los camiones de carga mexicanos circularan en EU, y en estas semanas se solucionaron otros diferendos que impedían la importación de papa y becerro producidos en EU.

La reciente incorporación de México al Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) se inscribe en la idea de que Estados Unidos necesita enfrentar a los países asiáticos desde una sociedad cada vez más estrecha con México y Canadá, sus dos socios más importantes en la región. “Representa un paso geoestratégico clave que incidirá en la competitividad, el empleo y el crecimiento económico de Norteamérica", dijo el embajador de México en Washington, Arturo Sarukhán. 

El adiós del embajador

Entre los saldos negativos, sobresale lo que para el gobierno de Washington es una paradoja: a nivel operativo la cooperación fue extensa, constante e innovadora, pero al más alto nivel sufrió un resquebrajamiento grave que nunca se restañó después del escándalo desatado por la publicación de los cables de Wikileaks.

El embajador de EU en México, Carlos Pascual, renunció en marzo de 2011 después de que el presidente Calderón dijo haberle perdido la confianza a raíz de las críticas que, de acuerdo con el sitio Wikileaks, el diplomático hizo de la lucha mexicana contra el narcotráfico. Pascual había criticado al Ejército mexicano por ser “lento y tener aversión al riesgo”. 

Una fuente de alto nivel de la Casa Blanca dijo a CNNMéxico que, aunque nunca fue muy cálido, el trato del presidente Barack Obama y de la secretaria de Estado, Hillary Clinton, con Calderón se volvió "gélido" después de las airadas protestas del presidente mexicano por las revelaciones de los cables confidenciales. Para el gobierno estadounidense, el embajador Pascual no había incurrido en ninguna falta. Cumplía su misión en México y como parte de ello escribía análisis y redactaba memorándums como lo hacen todas las misiones diplomáticas del mundo. 

Rodrigo Aguilar Benignos socio director de Aguilar Kubli y Asociados, una empresa de consultoría internacional, dijo que uno de los grandes pendientes en la relación bilateral es la falta de una política exterior específica respecto de Estados Unidos. 

"En este sexenio esa política fue monotemática y se concentró en seguridad regional y narcotráfico", dijo.  Aguilar citó las operaciones de mantenimiento de paz y la insistencia de Estados Unidos en que México acepte participar. "Pero parece que a México no le interesan estas posiciones en el concierto internacional y esa es una diferencia con el papel de la política exterior de Brasil, que apunta hacia un liderazgo en la región", añadió.

Andrew Selee, director del Instituto México en el Woodrow Wilson Center, advierte que la relación bilateral ha mejorado de manera significativa y refleja la realidad de un incremento gradual en la integración económica y social entre ambos países. 

"Hay que reconocer que, en general, ha habido un trato respetuoso y pragmático entre los dos gobiernos en años recientes", dice Selee. "El tema en el que más se ha avanzado es el de seguridad, por la apremiante situación en México, pero en materia económica se han resuelto problemas antes de que lleguen a ser conflictos mayores y se ha elevado la cooperación en temas económicos globales a raíz de la participación de México en el G-20". 

Selee considera que en materia migratoria no hubo avances sustantivos y sigue siendo el irritante mayor de la relación bilateral, de ambos lados, aunque la disminución del flujo migratorio abre posibilidades para ser más creativos en el futuro. 

El regreso del PRI

El analista cree que la victoria de Enrique Peña Nieto (PRI) no implica grandes diferencias en la relación. “Habrá un periodo de ajuste de ambos lados, ya que regresarían muchos cuadros priistas ausentes en los últimos años, y debido a algunas reticencias del gobierno norteamericano sobre las intenciones del PRI, pero dentro de muy poco tiempo llegarán a un relación fluida". 

En el caso de que hubiera ganado López Obrador, Selee sostiene que se habría reajustado la agenda bilateral, pero duda que fueran de fondo y permanentes. "Se trataría de conciliar estilos y aprender a manejar nuevos códigos", advierte. 

En cuanto al tráfico de armas, el escándalo de Rápido y Furioso ha sepultado cualquier intento serio de ir contra las redes de distribución de EU a México, y es poco probable que haya avances en el futuro, en opinión de Selee. En cambio, los esfuerzos contra el lavado de dinero han aumentado notablemente. Un ejemplo es el expediente abierto contra el exgobernador Tomás Yarrington y “es probable que continúen con mayor energía a largo plazo”.  

Sobre el futuro de la relación con México, un alto funcionario del Departamento de Estado dijo que hasta hace un año en la administración Obama existía una gran preocupación sobre la posibilidad de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) pudiera volver a gobernar. 

"Esa percepción se ha matizado y los círculos de poder en Washington están más tranquilos porque han comprendido que México es un país muy distinto al de las administraciones de Echeverría, López Portillo y Salinas, por citar sólo algunos ejemplos. Ahora existen equilibrios y contra pesos: hay una sociedad civil más activa y organizada, y el poder está dividido. Sería imposible que los gobernadores surgidos del PAN y los gobernadores perredistas permanecieran callados ante cualquier intento de restauración del autoritarismo priista de otros tiempos". 

Un pasado de acuerdos

Uno de los puntos clave de la relación bilateral durante los gobiernos priistas fue la formación en 1988 de un Tratado de Libre Comercio (TCL), con el que se pretendía facilitar el comercio entre México y sus vecinos del norte, Estados Unidos y Canadá. En esa época, tras la crisis mundial de los energéticos de los 70, el presidente Miguel de la Madrid (1982-1988) adoptaba el método liberal, con la reducción de la participación del Estado en la vida económica. La venta, liquidación, fusión o traspaso de las empresas públicas es una realidad, beneficiando al sector privado.

Salinas de Gortari, George Bush y el primer ministro canadiense, Brian Mulroney, firmaron el TCL en 1992 y entró en vigor en 1994. Ese año, México usó su relación con Cuba como un punto de definición de las relaciones con EU, durante la crisis de los balseros, cuando unos 35,000 cubanos se hicieron a la mar, con cualquier tipo de embarcación capaz de conducirlos de manera ilegal al país norteño.

Un texto de Fidel Castro publicado en 2010 señalaba que, en aquel momento de crisis migratoria, “William Clinton, presidente de EU, que no deseaba a (Jimmy) Carter, quien se había propuesto como mediador y a quien nosotros preferíamos, designó a Salinas y no tuve otra alternativa que aceptarlo”.

Clinton “cumplió los acuerdos migratorios suscritos, pero mantuvo el bloqueo económico, la ley de ajuste cubano, y en cuanto tuvo una oportunidad endureció la presión económica con la Ley Helms-Burton” y el mandatario mexicano, como mediador, “se portó bien. Mantuvo la práctica de visitar Cuba con determinada frecuencia, intercambiaba conmigo y nunca trató de engañarme”.

Entre tratados y crisis

Con Ernesto Zedillo (1994-2000), se priorizó la diplomacia comercial, pero también sin modificar la sustancia histórica. A finales de diciembre de 1994, y sin cumplir siquiera un mes en el cargo, Zedillo enfrentó la crisis del peso, que casi obligaba a México a incumplir con sus obligaciones financieras internacionales a principios de 1995. La amenaza de suspensión causó pánico en los mercados, y la única salida era gestionar un conjunto de medidas de asistencia, en las que intervino EU en el marco del TLC, con un préstamo de 20,000 millones de dólares que se formalizaron en el Acuerdo marco entre EU y México para la estabilización de la economía mexicana.

En este caso, el gobierno de México debía cumplir compromisos monetarios, financieros y petroleros, sometidos a jurisdicción exclusiva de la Corte de Distrito de EU. La rigidez del acuerdo logró que México liquidara sus adeudos a EU antes de 1997. Con el último gobierno priista del siglo XX, se cimentaron las bases de dos temas prioritarios en los dos mandatos panistas: la migración y la lucha contra el narcotráfico.

Rumbo a la elección presidencial de 1996, en California se promovió la Propuesta 187, que negaba o restringía los servicios médicos, de bienestar social y educación pública a los inmigrantes ilegales. Aunque la medida completa no prosperó, su espíritu se retomó en leyes como la SB1070 de Arizona. Además, llevó a la aprobación de la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y la Responsabilidad del Inmigrante (IIRIRA, por sus siglas en inglés) en 1996. 

A la par, en 1995 México luchaba por conseguir la “certificación” anual, la calificación de los esfuerzos antinarcóticos. Como el país debía cumplir con el pago de su préstamo a raíz de la crisis del peso, el Congreso de EU condicionó la extensión de garantías a menos que la administración de Zedillo incrementara su cooperación con las autoridades estadounidenses.

Esto originó la creación del Grupo de Contacto de Alto Nivel (GCAN) para favorecer la comunicación y coordinación antidrogas entre ambos gobiernos, que operó a lo largo del gobierno, pero que no evitó críticas del director de la Agencia de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Thomas Constantine, al referirse a México como “un paraíso” de lavado de dinero para los cárteles de la droga.

Dos años después, a principios de 1997, el director del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD), el general José Gutiérrez Rebollo fue arrestado por sus presuntos vínculos con el narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, líder del cártel de Juárez. Era la primera vez que se acusaba a un alto mando militar de estar involucrado con el crimen organizado.

Eric Olson, especialista en seguridad del Woodrow Wilson Center, asegura que la Casa Blanca espera que el nuevo presidente de México mantenga en términos generales el mismo nivel de cooperación y los esfuerzos en dos temas vitales: la construcción de una policía nacional, y el entrenamiento de fiscales y policías a nivel estatal y municipal.