Una corte de Myanmar sentencia a prisión a tres trabajadores humanitarios
Una corte de Myanmar sentención a prisión a tres trabajadores humanitarios, entre ellos dos empleados de la ONU, que fueron detenidos en medio de enfrentamientos sectarios que causaron la muerte de muchas personas en el oeste de la nación asiática, informó este lunes un vocero de las Naciones Unidas.
La corte del pueblo de Maungdaw en el estado de Rakhine sentención a los tres trabajadores —uno de la agencia de refugiados, otro del programa de alimentos, y otro de una organización no gubernamental afiliada a la agencia de refugiados— el pasado sábado, informó Aye Win, el vocero de la ONU en Myanmar.
El portavoz no pudo ofrecer detalles sobre que tan extensas son las penas de prisión, o los cargos que enfrentaron los trabajadores debido a que la organización no tuvo acceso a la sala de la corte.
La ONU pidió acceso a los trabajadores detenidos y que se clarificara su situación por parte de las autoridades de Myanmar, dijo el vocero. Hasta ahora, ha sido imposible una reunión con los detenidos desde que fueron arrestados.
Informó que en julio alrededor de 10 trabajadores humanitarios fueron detenidos para ser interrogados por las autoridades de Rakhine, donde ocurrieron violentos enfrentamientos entre budistas y musulmanes en junio pasado. Entre los detenidos están trabajadores de la ONU y del grupo Doctores sin Fronteras.
Algunos de ellos fueron liberados, informó la ONU, pero otros permanecen en detención.
La violencia comunal en Rakhine dejó cientos de casas destruidas y decenas de miles de personas desplazadas, muchos de ellos miembros de la etnia Rohingya, una minoría musulmana.
En Rakhine viven los Rohingya, que afirman que han sido perseguidos por el Ejército de Myanmar durante las décadas de gobierno autoritario.
Muchos de ellos han huido al vecino Bangladesh. Pero el gobierno de ese país ha intentado evitar que los Rohingya crucen la frontera durante el reciente brote de violencia, al afirmar que ya hay muchos de ellos en el país.
El gobierno de Myanmar declaró un estado de emergencia en Rakhine durante los enfrentamientos, y desplegó al Ejército para restaurar el orden.
Activistas de los derechos humanos acusaron a las autoridades de Myanmar de reprimir fuertemente a los Rohingya en respuesta a la violencia.
La ONU declinó dar a conocer las identidades de los trabajadores encarcelados.
