Senadores de EU condicionan la reforma inmigratoria a una frontera segura
La frontera con México debe de estar segura. Esa es la principal exigencia de la propuesta de reforma inmigratoria de un grupo bipartidista de senadores anunciada en el Capitolio las primeras este martes.
Si no existe seguridad, no habrá camino a la residencia para los inmigrantes ilegales.
Los que busquen regularizarse no podrán alcanzar un estatus de residente legal bajo la legislación, hasta que el Departamento de Seguridad Interna implemente las medidas para prevenir que “trabajadores no autorizados obtengan empleo en Estados Unidos”.
La propuesta de ley, redactada por ocho senadores, cuatro demócratas y cuatro republicanos, estipula que la seguridad de “sectores fronterizos de alto riesgo en la frontera sur”, debe de verificarse antes de que la mayoría de los inmigrantes indocumentados puedan tener una vía a la residencia legal.
La ley hace excepciones para los que son elegibles bajo el proyecto de ley DREAM , los inmigrantes que llegaron a Estados Unidos cuando eran menores y completaron la preparatoria en el país. También incluye provisiones para ciertos trabajadores agrícolas.
Los senadores conservadores han insistido en la precondición de la seguridad fronteriza, y algunos demócratas lo han aceptado. Los últimos tienen la mayoría en el Senado.
Tomará tiempo para establecer la seguridad fronteriza, y el camino a la residencia puede ser costoso y tomar más de una década para completarse, aunque la legislación permite a solicitantes que se incorporen rápidamente a la fuerza laboral estadounidense.
La ley pide una inversión de 3,000 millones de dólares para fortalecer la seguridad fronteriza, que incluye fortificar cercas, contratar a personal y adquirir tecnología de vigilancia del Departamento de Defensa, incluyendo aviones no tripulados.
Los agentes fronterizos deben de aprehender y regresar al menos al 90% de los que intentan cruzar la frontera de manera ilegal.
La ley establece dos tipos de estatus para la residencia legal: registrarse como inmigrante provisional y ser un residente permanente. Ninguno de ambos estatus puede alcanzarse si no existe seguridad fronteriza, con la excepción de los estudiantes elegibles bajo la ley DREAM.
Para convertirse en un inmigrante provisional, una persona no debe de haber llegado a Estados Unidos después del 31 de diciembre de 2011, y no debe tener ninguna condena por un delito en Estados Unidos o en el exterior.
Los pequeños delitos también pueden bloquear la residencia. Por ejemplo, si el solicitante fue condenado por tres delitos menores, como manejar imprudencialmente o vandalismo. Votar de forma ilegal también bloquea la residencia, inclusive si el solicitante tiene ciertas enfermedades infecciosas o una moral “cuestionable”.
Para aplicar para dicho estatus, el inmigrante indocumentado debe pagar una penalidad de 500 dólares, y pagar los impuestos que adeude desde que llegó al país.
Una vez que reciba el estatus, podrá trabajar con cualquier compañía y viajar libremente por el país. El estatus dura seis años y puede ser extendido por otros 500 dólares, si el inmigrante no tuvo ningún problema con la ley.
Luego de 10 años con ese estatus, el inmigrante puede convertirse en un residente permanente bajo el mismo proceso que siguen otros inmigrantes que buscan una tarjeta verde, que incluye un pago de 1,000 dólares.
Para que el inmigrante cambie de estatus, el Congreso debe verificar que la frontera sur está certificablemente segura.
Además, para entonces el Departamento de Seguridad Interna debió haber implementado un sistema de verificación para evitar que las compañías contraten a inmigrantes no autorizados para trabajar.
Dos de los ocho senadores que redactaron la ley —el republicano John McCain de Arizona, y el demócrata Chuck Schumer de Nueva York— se reunirán este martes con el presidente Barack Obama en la Casa Blanca para discutir la ley.
Como respeto a las víctimas del ataque terrorista en Boston, McCain y Shumer cancelaron una conferencia de prensa donde explicarían a detalle la propuesta al público.
Los republicanos en la Cámara de Representantes, que es típicamente más conservadora que el Senado, también está trabajando en su propio proyecto de ley, que también incluye medidas de seguridad fronteriza.
