Dilma Rousseff acusa golpe de Estado y niega haber cometido un crimen
Dilma Rousseff, presidenta suspendida de Brasil, dijo este jueves que la aprobación del Senado para enjuiciarla políticamente es una farsa jurídica y política similar a un golpe de Estado, pero advirtió que luchará, de la mano de todos los instrumentos legales, para ejercer su mandato hasta el 31 de diciembre de 2018.
Acompañada por integrantes de su gabinete y simpatizantes, la mandataria suspendida le pidió a la población que la apoya a que continué luchando contra lo que consideró una injusticia.
"Fui electa presidenta por 54 millones de ciudadanos y ciudadanas, me dirijo a ustedes en este momento decisivo para la democracia y para nuestro futuro como país, porque lo que está en juego en este proceso no es solamente mi mandato, sino el respeto a las urnas, el respeto a la voluntad soberana del pueblo brasileño y la Constitución, es el futuro de Brasil, la oportunidad y la esperanza de avanzar siempre más", expresó Rousseff.
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La presidenta suspendida consideró que no hay injusticia más grande como la de culpar a un inocente de un crimen que no cometió.
“Esto es un mal irreparable, esta farsa jurídica de la que soy blanco se debe a que como presidenta nunca acepté chantajes de cualquier tipo, pude haber cometido errores, pero no crímenes y estoy siendo juzgada de manera injusta por hacer todo lo que la ley me autorizaba a ser”, expresó.
La política brasileña dijo que el mayor riesgo para el país es ser dirigido por un gobierno de los “sin votos”, que no fue electo por la población, que no tendrá la legitimidad para proponer e implementar las soluciones para los brasileños y que puede estar tentado a reprimir.
“Lo que veríamos sería un gobierno que nace de un golpe fraudulento, un gobierno que será el motivo para la continuidad de la crisis política en nuestro país”, dijo Dilma.
Dilma Rousseff pidió a la población brasileña que no deje que se pierdan las conquistas de los últimos 13 años, como las ganancias de los más pobres y la clase media, la protección a los niños, jóvenes, universitarios, la valorización del salario mínimo.
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