Sindicatos argentinos paralizan medios de transporte
Los sindicatos de Argentina paralizan este lunes al país en una huelga de 24 horas, con la que buscan dar una demostración de fuerza al gobierno del presidente Mauricio Macri y rechazar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Sin servicio de trenes, metro, autobuses ni vuelos, los organizadores esperan una masiva adhesión al paro que por la mañana dejó a la capital de Argentina semidesierta, con la mayoría de los locales comerciales cerrados.
"Los paros no contribuyen a nada, no suman, yo no veo que haya habido un gobierno en décadas con tanta preocupación por el empleo y el trabajador y por generar nuevas oportunidades", reaccionó Macri.
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Aunque la convocatoria de la Confederación General de Trabajadores (CGT) se limita a un paro de actividades, sin manifestaciones, sectores más radicales realizan cortes en los accesos a la ciudad de Buenos Aires con movilizaciones y anunciaron una movilización en el Obelisco hacia el mediodía.
Desde las 07:00 locales (5:00, tiempo del Centro de México), grupos de activistas cerraron parcialmente las principales avenidas de entrada a Buenos Aires, donde fueron desplegados cientos de agentes de la Gendarmería.
"No es suficiente un paro general. Es necesario un plan de lucha, una verdadera disposición de lucha para derrotar este plan de guerra contra los trabajadores", dijo a la AFP Marcelo Ramal, dirigente del Partido Obrero (trostkista) en uno de los bloqueos.
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Hugo Moyano, líder de los camioneros y uno de los impulsores de la protesta, sostuvo que "a este gobierno le es muy difícil traer soluciones. Son un instrumento del poder porque se han entregado al FMI".
Según el ministro de Finanzas, Nicolás Dujovne, la huelga tendrá un costo de casi 29,000 millones de pesos (unos 1,000 millones de dólares).
Penurias de los argentinos
Con un malestar creciente por la situación económica, que empujó al gobierno a hacer un acuerdo con el FMI, esta será la ocasión de medir la capacidad de resistencia sindical.
"La huelga es contra el programa económico, para que se abandone esta línea de ajuste permanente. El FMI siempre ha traído penurias a los argentinos", dijo a la AFP Juan Carlos Schmid, dirigente de la Confederación General de Trabajadores (CGT).
Como propuesta concreta, los sindicatos plantean que se reabra la negociación de ajustes salariales de este año, para que se alineen a la proyección de inflación, calculada ahora por el Banco Central en 27%.
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Ello porque las negociaciones se desarrollaron en su mayoría a principios de año y tuvieron como referencia la meta de inflación anual de 15%.
Pero el acumulado hasta mayo es de 11.2% y el gobierno ya abandonó esa meta y estableció 17% para 2019.
En el ánimo de retomar el diálogo con los sindicatos, el ministro del Trabajo, Jorge Triaca, sostuvo que su despacho desea que las negociaciones salariales se den libremente.
"Este desafío es delicado y las partes se tienen que poner de acuerdo. Que haya tensión es parte de la naturaleza del ministerio del que formo parte", aseguró Triaca.
Sin embargo, el ministro afirmó que "algunos sectores sindicales están buscando aumentar las tensiones sociales, los niveles de conflicto y la inestabilidad del gobierno".
"La huelga no ayuda a resolver el problema de los argentinos", zanjó.
"Coyuntura difícil"
"El gobierno está en una coyuntura muy difícil, se encuentra en su pico más bajo y enfrenta un fuerte cuestionamiento de parte del sector asalariado", explicó a la AFP el politólogo Diego Reynoso, de la Universidad de San Andrés, en Buenos Aires.
La desocupación se ubicó en 9.1% en el primer trimestre de este año, frente al 7.2% del último trimestre de 2017.
"Esta situación se agrava por la incapacidad del gobierno para mantener el nivel adquisitivo de la población", añadió Reynoso.
Para enfrentar una corrida cambiaria que comenzó a fines de abril y que ha implicado una depreciación de la moneda de casi 35% en lo que va de año, el FMI otorgó a Argentina un crédito stand by por 50,000 millones de dólares, el mayor que haya concedido ese organismo.
El crédito tiene una vigencia de tres años y a cambio Argentina se compromete a llevar a cero en 2020 su déficit fiscal, que el año pasado cerró en 3.9% del PIB.
Para ello, se debe frenar la obra pública, reducir el tamaño del Estado y limitar las transferencias que se hacen a las provincias.
Como previsión, se incluyó una cláusula que permite al Estado elevar el gasto en planes sociales en caso de que aumente la pobreza, que en 2017 fue de 25%.
