Excarcelaciones aceleradas
Algunos países implementaron aceleradamente medidas sustitutivas de la prisión para desahogar los atestados edificios.
Después de la crisis de los motines, Colombia aprobó excarcelar a unos 4,000 presos con 40% de la pena cumplida, o mayores de 60 años o con "enfermedades catastróficas" o discapacidades.
El Senado mexicano optó por la misma vía y aprobó una ley que otorga amnistía a quienes hayan cometido delitos no graves por primera vez y sin utilizar armas de fuego, una promesa de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador que recobró vigencia en medio de la epidemia.
Unos 30,000 de los más de 700,000 reclusos brasileños, según estimaciones oficiales, han dejado las cárceles y pasado a prisión domiciliaria atendiendo recomendaciones del Consejo Nacional de Justicia (CNJ) de reevaluar prisiones preventivas, determinar casa por cárcel o anticipar la salida de determinados perfiles.
Fondevila aboga por ese tipo de liberaciones, incluso al margen de la pandemia, aunque dice que son impopulares y "de alto costo político" para los gobernantes.
Tras un motín en la penitenciaria de Villa Devoto en Buenos Aires, el presidente Alberto Fernández anunció que se enviarían a casa a 320 de los más de 12,000 detenidos en el sistema federal. De los 80,000 que ocupan cárceles provinciales, salieron 286. Hubo una cacerolada como respuesta, convocada por sectores de la oposición.
Chile también aprobó un indulto especial debido al coronavirus de 1,300 reclusos de baja peligrosidad.
Y allí surgió otra muestra de lo complejo de la situación: más de 100 de ellos rechazaron el beneficio porque no tienen adónde ir o no quieren perder su trabajo en la cárcel.