El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, anunció la pasada semana un recorte al presupuesto policial de 150 millones de dólares, que se destinarán a comunidades afroamericanas y latinas.
En Nueva York, su homólogo, Bill de Blasio, también adelantó su intención de quitar fondos al Departamento de Policía (NYPD, en inglés) y usarlos en programas para la juventud. También anunció que los agentes dejarán de ser los encargados de vigilar el comercio callejero, pasando la responsabilidad a una agencia civil.
Claramente, De Blasio no va a cerrar el NYPD, pero existe mucho margen para reducir un cuerpo que cuenta con 36,000 agentes y un presupuesto anual de unos 6,000 millones de dólares.
Los ingentes recursos con los que cuentan muchos departamentos de Policía estadounidenses han vuelto a hacerse evidentes durante las protestas, con gigantescos despliegues de agentes equipados con materiales de tipo militar, helicópteros y todo tipo de equipos.
El presidente Donald Trump ya manifestó su desacuerdo contra las propuestas de recortar o eliminar los fondos para la policía, argumentando que durante este año se ha registrado la tasa de criminalidad más baja en la historia de Estados Unidos.
El gobierno aún no ha propuesto ningún cambio de política específico, pero se espera que el Caucus Negro del Congreso (CBC), formado por miembros del Partido Demócrata, presente una legislación diseñada para que la policía sea más responsable legalmente de sus acciones.
El proyecto incluiría medidas para facilitar las demandas contra agentes de policía por incidentes mortales; prohibir el tipo de táctica de inmovilización que condujo a la muerte de Floyd por asfixia; exigir el uso de cámaras corporales por parte de los oficiales y establecer una base de datos nacional para registrar la mala conducta de policías.
Con información de AFP y EFE
