El Congreso de los Diputados español rechazó este martes investigar las presuntas comisiones irregulares recibidas por el rey emérito Juan Carlos, aunque el caso ya está siendo investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo.
La Mesa del Congreso, el órgano que regula la actividad parlamentaria y en la que están representados los partidos mayoritarios, votó en contra de la formación de una comisión parlamentaria de investigación de las actividades financieras del ex monarca.
La petición había el jueves sido hecha por el partido de izquierda Unidas Podemos (UP), socio minoritario en el gobierno de coalición español, y un grupo de pequeños partidos izquierdistas, nacionalistas e independentistas vascos y catalanes. En conjunto, no forman una mayoría necesaria para crear una comisión.
Este partido de creencias republicanas ya había pedido una comisión sobre la presunta fortuna opaca del antiguo monarca (1975-2014) pero fue rechazada en marzo en el Congreso por la derecha y el partido socialista PSOE del jefe de gobierno Pedro Sánchez.
El Partido Socialista en el poder (PSOE) propició el rechazo, al unirse al conservador Partido Popular (PP) y al ultraderechista Vox en rechazar la comisión, mientras que el UP fue el único miembro de la Mesa que votó a favor.
El argumento defendido por el PSOE, según fuentes parlamentarias consultadas, es el mismo que el esgrimido por los expertos legales del Congreso en un informe divulgado ayer lunes, y que considera que la inviolabilidad jurídica del rey es de efectos "permanentes".
Tras la votación, el secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello (Unidas Podemos), lamentó la posición de los socialistas, al señalar que habrá muchos votantes del PSOE "que no entenderán que el Parlamento no pueda discutir sobre esta cuestión".
Desde 2018, la justicia española investiga la adjudicación en 2011 de ese contrato de 6,700 millones de euros (unos 7,500 millones de dólares) tras la filtración de unas grabaciones de una ex amante del rey donde aseguraba que éste había cobrado una comisión por esa operación.
El traslado de la causa al Tribunal Supremo permite indagar sobre el rey, que únicamente puede ser investigado por este alto tribunal por acciones cometidas después de su abdicación en junio de 2014. Antes, como jefe de Estado, gozaba de inviolabilidad.
Esa fiscalía asumió la pasada semana la investigación sobre el presunto pago de comisiones en la construcción de la línea de ferrocarril de alta velocidad Medina-La Meca Arabia Saudita, adjudicada en 2011 a un consorcio de empresas españolas.
La decisión de la fiscalía llegó tras comprobar que una de las personas que podrían estar involucradas en los hechos sería el rey emérito, Juan Carlos de Borbón, indicó la fiscalía en un comunicado.
Informaciones de prensa recientes indicaron que Juan Carlos, retirado de la vida pública hace un año, recibió 100 millones de dólares del rey Abdalá de Arabia Saudita en una cuenta en Suiza de una fundación panameña, de la que también era beneficiario su hijo Felipe VI.
El actual monarca renunció públicamente a cualquier herencia de su padre y le retiró la asignación de la Casa Real que, según medios españoles, ascendía a más de 194,000 euros anuales (unos 219,000 dólares).
En los últimos meses, Juan Carlos I, rey entre 1975 y 2014, ha sido objeto de informaciones en España y Suiza acerca de su relación con dos fundaciones en territorio suizo e investigadas por las fiscalías de ambos países por su posible relación con operaciones financieras sospechosas, una de ellas por esas supuestas comisiones ilegales.
Con información de EFE y AFP
