El escándalo con las ayudas sociales que colapsó al gobierno de Países Bajos

Esto es lo que sabemos sobre el caso:

¿Qué es lo que pasó?

La Agencia Tributaria neerlandesa acusó sin fundamento a más de 26,000 padres de fraude fiscal tras recibir ayudas para pagar los cuidados de sus hijos. Exigió a miles de victimas devolver el dinero que habían recibido con anterioridad, lo que llevó a muchos a la ruina, a perder su casa y su trabajo, y a endeudarse para poder reunir un dinero que no tenían.

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Una investigación parlamentaria publicada en diciembre reveló que funcionarios de impuestos pusieron término a las prestaciones de miles de familias, acusadas erróneamente de fraude entre 2013 y 2019, y les obligaron a devolverlas de forma retroactiva. En algunos casos, se trataba de decenas de miles de euros.

Desde 2014, la Agencia Tributaria envió cartas a las familias con hijos para acusarlas de fraude a las autoridades fiscales y por mucho que justificaban su necesidad de recibir esas ayudas para pagar las guarderías, con documentos que incluían contratos de trabajo y facturas, los subsidios seguían bloqueados.

Los padres se vieron en una situación de vulnerabilidad, y por mucho que trataban de demostrar con documentos que no habían cometido un fraude, las autoridades fiscales no desbloqueaban sus ayudas y les pedían devolver grandes cantidades de dinero, lo que condujo a muchos a convivir con problemas financieros, pérdidas de trabajo, de casa y divorcios.

Altos responsables políticos, entre ellos varios ministros, están acusados de haber preferido cerrar los ojos ante estas disfunciones, de las que eran conscientes.

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¿Por qué se eligieron a estas familias?

Había trascendido que los funcionarios de impuestos habían procedido a una "distinción étnica" de unas 11,000 personas en base a su doble nacionalidad, incluyendo a algunas de las que están afectadas por el caso de las prestaciones familiares.

Más tarde se descubrió que la mayoría de las víctimas tenían orígenes extranjeros, principalmente marroquíes o turcos, que, además de ver bloqueada la subvención, se vieron obligados a devolver decenas de miles de euros en plazos que no superan unas semanas, lo que llevó a muchos a perder su casa y su trabajo para reunir el dinero.

En diciembre, el gobierno holandés dijo querer pagar en los próximas cuatro meses al menos 30,000 euros a cada progenitor implicado, pero esta medida no fue suficiente para apaciguar el escándalo.

¿Qué argumentó la defensa de las víctimas?

Orlando Kadir, abogado que representa a unas 600 familias en una demanda contra los políticos, dijo que las personas habían sido atacadas "como resultado de la elaboración de perfiles étnicos por parte de burócratas que eligieron nombres de apariencia extranjera".

La presión contra el gobierno aumentó el jueves tras la dimisión del jefe del Partido Laborista holandés (PvdA), en la oposición, Lodewijk Asscher, ministro de Asuntos Sociales de 2012 a 2017, en la anterior coalición gubernamental de Rutte.

Otro abogado de víctimas, Vasco Groeneveld, interpuso el martes 12 de enero una demanda contra tres ministros en el cargo, dos ex ministros, entre ellos Asscher, y contra los funcionarios públicos para que la Justicia determine si no han cometido hechos delictivos, y si no se han excedido en sus funciones.

Varios padres implicados difundieron el lunes 11 de enero un video en que instaban al gobierno a dimitir.

¿Cómo fue la dimisión?

La dimisión parecía inminente desde hace varios días entre los cuatro partidos que forman la coalición, pero, según RTL Nieuws, mientras todos los socios apostaban por dimitir, Rutte se resistía a dar el paso y solo las amenazas de los otros partidos a retirarle su apoyo en el Parlamento le hicieron ceder el viernes.

"El Estado de derecho debe proteger a sus ciudadanos del todopoderoso gobierno, y aquí esto fracasó de forma estrepitosa", declaró Rutte en una rueda de prensa. "Estamos todos de acuerdo: cuando todo el sistema fracasa, sólo se puede asumir una responsabilidad conjunta", agregó.

Después, el primer ministro salió de su oficina en bicicleta para dirigirse al Palacio Huis ten Bosch, donde presentó la dimisión del gabinete. De camino a su encuentro con el rey Guillermo Alejandro, tuvo que esquivar, con ayuda de policías montados a caballo, a un grupo de manifestantes que le esperaban a la salida.

El ministro de Finanzas, Wopke Hoesktra, subrayó que "la renuncia del gobierno está justificada y es inevitable para CDA (el partido democristiano al que representa en la coalición y que liderará en las elecciones de marzo) debido al sufrimiento y la injusticia sin precedentes que se ha cometido contra miles de familias" y subrayó el "deber de compensar rápida y totalmente a los padres".

Por su parte, el ministro de Economía, Eric Wiebes, confirmó que será el único miembro del gobierno que dimite con efecto inmediato y no seguirá en funciones como el resto del gabinete.

"Me siento muy responsable, he estado lidiando con esto durante mucho tiempo y ya no puedo más. He estado pensando mucho en qué podría haber hecho mejor, pero no he podido concluir qué… y eso solo lo hace todo aún más triste", explicó Wiebes.

¿Qué pasará con las víctimas?

El gobierno neerlandés anunció este lunes que las víctimas de acusaciones falsas de fraude fiscal por recibir ayudas para cuidar a sus hijos ya no deberán pagar sus deudas con las agencias gubernamentales, en las que habían incurrido para devolver el dinero recibido de la Agencia Tributaria y pagarles las multas impuestas.

En un gesto presentado por el Ejecutivo saliente como un "perdón" de las deudas a las víctimas de la Agencia Tributaria, la Secretaria de Estado de Finanzas, Alexandra van Huffelen, subrayó estar "muy feliz de poder ofrecer a los padres una página limpia", a pesar de la opinión en contra de las autoridades fiscales, que se negaron a renunciar a las deudas de las víctimas con ellos y con diferentes acreedores.

Este arreglo, que el gobierno neerlandés saliente anuncia a dos meses de las elecciones generales y tres días después de su dimisión, permitirá a las víctimas recibir la recompensa de 30,000 euros prometida por el Gobierno de Mark Rutte, sin tener que entregar todo o gran parte de esa cantidad a los acreedores. Según los diferentes ministerios, todas las deudas serán canceladas, independientemente de lo que “le cueste” al Estado.

¿Qué pasará con el gobierno de Países Bajos?

El sistema político neerlandés permite la existencia de un "gobierno que ha dimitido", que puede ocuparse de los asuntos corrientes a la espera de la formación de un nuevo gobierno o de nuevas elecciones.

Al caer el gobierno en su totalidad, todos los ministros pierden "lo que se llama su condición de misioneros", por lo que pasarán a estar en funciones, y "no pueden proponer nuevas políticas, algo que habría sucedido de todas maneras en el periodo previo a las elecciones, por lo que esto trata sólo de percepciones sobre quién tiene la culpa”, explicó Brink.

Cuatro semanas antes de las elecciones, previstas para el 17 de marzo, se produce la disolución de las Cortes, y el gobierno pasa a estar en funciones, por lo que su dimisión sólo ha adelantado ese estado en un mes y ha permitido a Rutte asumir sin grandes consecuencias prácticas que "las cosas se hicieron mal".

Mientras busca soluciones a un problema de fondo de la Agencia Tributaria, el gobierno en funciones de Países Bajos tendrá que seguir trabajando junto al Parlamento neerlandés para imponer, con credibilidad, restricciones a la movilidad y al contacto social para frenar los contagios de coronavirus, disparados en el país desde finales de verano.

Una de las medidas sobre la mesa es la imposición de un toque de queda para evitar reuniones de grupos de jóvenes y visitas familiares, pero uno de los partidos de la coalición, el progresista D66, está en contra de esta restricción.

El país se encuentra confinado desde el 14 de diciembre, y hasta al menos el 9 de febrero, con toda la actividad no esencial cerrada. Los colegios esperan poder volver a las clases presenciales el 25 de enero, mientras el sector de la hostelería, cerrado desde mediados de octubre, trata de sobrevivir gracias a las ayudas financieras del Estado.

¿Mark Rutte se puede reelegir?

Rutte enfatizó durante su dimisión que no tiene ninguna intención ni ve ningún motivo que le tenga que llevar a abandonar sus planes de buscar su cuarta reelección en marzo, y que seguirá siendo el líder de los liberales.

Para justificar sus razones, prometió trabajar para renovar todo el sistema de ayudas estatales a las familias —algo que solo podría hacer si lidera el futuro gobierno— y aseguró que encargará a una comisión gubernamental que investigue el rol que tuvo el racismo y la discriminación en el escándalo que condujo a su dimisión.

También envió una carta a los padres afectados por la discriminación institucional en la que les promete que evitará que esta situación vuelva a ocurrir en el futuro y en la que les promete tratar sus casos de forma individual para ayudarlos con los problemas financieros y psicológicos en los que se han visto envueltos a causa de lo ocurrido.

No es la primera vez que se ve en una situación de este tipo. En 2012, Rutte se vio obligado a presentar su dimisión tras perder el apoyo de la ultraderecha para sacar adelante sus medidas de austeridad.

Renunció al cargo para volver a convocar elecciones en las que salió ganador y logró formar una coalición con los socialdemócratas, a los que también salpicó esta polémica al haber estado en el gobierno que dirigía el país hasta 2017, en pleno escándalo.

Aún no está claro cómo afectará la dimisión a su imagen como jefe de gobierno, aunque este paso se entiende como simbólico por el poco tiempo que quedaba de legislatura, y los analistas creen que el próximo Ejecutivo tendrá que gestionar las consecuencias de este escándalo porque el problema de fondo sigue ahí, en la Administración de Impuestos, y faltan casos y datos por sacar a la luz.

Hasta el viernes, se proyectaba que el partido de Rutte obtenga poco menos del 30% de los votos, más del doble de lo que se ve para el PVV en segundo lugar, el partido anti-Islam de Geert Wilders.

Con información de EFE y AFP