El gobierno de Estados Unidos prometió este lunes que los centros de vacunación contra el COVID- serán zonas donde no se aplicará la ley de inmigración, por lo que invitó a los inmigrantes indocumentados a aplicarse la inmunización.
El anuncio marca la política del presidente Joe Biden, que asumió el cargo hace 13 días, de revertir la estrategia de línea dura en materia de inmigración adoptada por su predecesor, Donald Trump.
"Es un imperativo moral y de salud pública garantizar que todas las personas que residen en los Estados Unidos tengan acceso a la vacuna", anunció el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en un comunicado.
Así mismo, alentó a todas las personas, "independientemente de su situación migratoria", a vacunarse contra el COVID-19 cuando reúnan los requisitos según las pautas de distribución en sus ciudades.
La Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (Fema) ha anunciado el establecimiento de centros de vacunación temporales que ayuden a las clínicas y los hospitales a administrar las vacunas.
El DHS tiene una política que prohíbe al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizar arrestos en "lugares sensibles", incluidos los hospitales, clínicas de salud y consultorios médicos, excepto en "circunstancias más extraordinarias".
Los puntos de vacunación son considerados "lugares sensibles", por lo que quedan fuera del ámbito de aplicación de las medidas de represión de la inmigración ilegal, según el comunicado.
Los grupos defensores de los inmigrantes han expresado su preocupación porque los indocumentados eviten vacunarse por el temor a ser detenidos. Esto puede significar no solo un riesgo para los inmigrantes, muchos trabajadores esenciales, sino para el resto de la población.
Además, varios gobernadores republicanos habían anunciado que no vacunarían a los inmigrantes en situación irregular. Pete Ricketts, gobernador de Nebraska, dijo a principios de enero que no esperaba que trabajadores ilegales recibieran vacunas contra la enfermedad, lo que provocó críticas de defensores de salud pública y de los migrantes.
Los comentarios de Ricketts se refirieron a trabajadores de plantas empacadoras de carne en su estado, sobre los que dijo que solo si eran residentes legales podrían trabajar en ellas, por lo que los "inmigrantes ilegales" no podrían formar parte del programa de vacunación.
Entonces, el gobierno de México dijo que invocaría al tratado comercial de América del Norte, T-MEC, para exigirle a Estados Unidos que vacune contra el COVID-19 a sus trabajadores en ese país, independientemente de su situación migratoria.
"Es una responsabilidad de cada uno de los dos países garantizar que todos los trabajadores, independientemente de su condición migratoria, reciban la vacuna", indicó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.
"Cualquier exclusión a trabajadoras mexicanas y mexicanos es una violación al Tratado de Libre Comercio del apartado de Derechos Laborales", agregó Ebrard durante una conferencia matinal del presidente de México.
En Florida, el gobierno estatal anunció el 22 de enero que se solicitaría el requisito de mostrar una prueba de residencia para recibir una dosis de la vacuna, en un esfuerzo por contener el llamado "turismo de vacuna", lo que puede dejar sin inmunizar a miles de inmigrantes indocumentados.
La advertencia firmada por el jefe de Salud de Florida, Scott Rivkees, indica que, debido a la escasez de vacunas, los aspirantes deben mostrar una prueba de residencia. Esto puede ser la licencia de conducir, la factura de algún servicio público o una carta de un banco.
Pero los inmigrantes sin papeles no pueden tener licencia de conducir en Florida y, a falta de documentación, muchas veces registran los servicios públicos a nombre de un tercero.
Thomas Kennedy, coordinador en Florida de la organización de derechos de los inmigrantes United We Dream, dijo que la nueva medida "crea una barrera cruel y deliberada para muchos residentes de Florida, entre ellos los inmigrantes indocumentados, pero también para muchas personas sin acceso a la vivienda".
Ellos suelen ser, además, trabajadores esenciales en alto riesgo de contagiarse de coronavirus, debido a sus empleos y porque en muchos casos conviven con varias personas en viviendas pequeñas. Además, los indocumentados no tienen derecho a la salud pública.
"El acceso a la vacuna debe estar disponible para todo el mundo, sin importar dónde viven ni su estatus migratorio", dijo Kennedy a la AFP.
Lily Ostrer, médica residente del Jackson Memorial Hospital de Miami y miembro del sindicato médico CIR/SEIU, dijo a la agencia que dejar a un segmento importante de la población fuera del programa de vacunación no tiene sentido.
"Para que las vacunas sean efectivas, necesitamos vacunar a la mayor cantidad de gente posible", comentó. "Cualquier política que excluya a personas de la vacunación no es una buena política de salud pública".
Una veintena de grupos campesinos y migratorios urgieron este lunes al gobernador de Florida, Ron DeSantis, incluirlos en los planes de vacunación del estado.
El Centro Guatemalteco Maya y la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC), dos de las organizaciones, se quejaron que no han recibido respuesta del republicano, a quien enviaron el pasado 11 de enero una carta solicitando la vacunación de estos trabajadores en plena temporada agrícola.
"DeSantis está excluyendo a los trabajadores agrícolas esenciales de recibir la vacuna", se quejaron hoy en un comunicado las organizaciones, cuando el estado acumula ya más de 1.7 millones de casos del COVID-19.
Los grupos civiles, entre ellos la Asociación de Campesinos de Florida, criticaron que DeSantis decidió distribuir las vacunas a través de las farmacias de Publix, "lo que representa un largo camino para muchos trabajadores agrícolas que viven en áreas rurales".
La Coalición de Trabajadores de Immokalee (CIW) y otras organizaciones, que también firmaron la misiva enviada a DeSantis, señalaron además que están preocupadas de que el Gobierno exija ahora, para evitar el "turismo de vacunas", un documento de identidad o prueba del lugar de residencia para la vacunación.
Recordaron que muchos trabajadores de este "pulmón de la agricultura" de Estados Unidos durante el invierno son indocumentados o trabajadores migrantes que van de estado en estado siguiendo las cosechas.
"Los trabajadores agrícolas esenciales no tienen estos documentos, así que, ¿dónde quedan ellos entonces? ¿Sabe que Indiantown (una ciudad agrícola de Florida) fue y sigue siendo el punto caliente de los casos más altos de COVID en el estado? Ellos se contagiaron por ir a trabajar en las granjas", dijo en la misiva la activista Frances Delgado.
En las últimas 24 horas murieron en el estado otras 214 personas debido al COVID-19 para un total de 27,129 muertos desde el 1 de marzo, cuando se registró el primer caso en Florida.
El estado registró 5,730 casos más en la última jornada, en su mayoría en el condado Miami-Dade, que acumula ya más de 373,000. Florida además registra el mayor número de casos de la cepa británica del COVID-19, de mayor contagio, con 147 de un total de los 467 de Estados Unidos.
El país suma ya más de 26 millones de personas contagiadas, entre ellas más 440,000 fallecidas.
Con información de AFP y EFE
