El asesinato del presidente Jovenel Moïse, el miércoles en la madrugada, es el último resultado de una crisis política en la que Haití está hundido desde 2018 y que se ha agravado a partir de junio, con un conflicto entre pandillas que ya deja cientos de muertos y miles de desplazados.
Esto no es ninguna novedad para Haití, pues desde su independencia ha experimentado una sucesión de dictaduras, intercaladas con algunos cambios democráticos y ocupaciones extranjeras. De esta manera se ha desarrollado la última gran crisis política de Haití.
Un presidente sin reconocimiento
Aunque las protestas contra Moïse comenzaron en 2019, el problema surgió, por lo menos, tres años antes, cuando Michel Martelly, el predecesor y mentor político de Moïse, dejó de ser presidente de Haití.
Martelly, una ex figura del carnaval elegida presidente en 2011, finalizó su mandato el 7 de febrero de 2016 sin un sucesor tras la cancelación de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en octubre de 2015 por disputas y un fraude masivo.
Entonces, el Parlamento designó como presidente provisional al presidente del Senado, Jocelerme Privert.
Moïse, un empresario que no contaba con experiencia política, fue elegido presidente en noviembre de 2016, y su victoria presidencial fue validada hasta febrero de 2017. Hizo campaña con promesas populistas, pero mantuvo la retórica incluso después de ser elegido.
Desde ese momento, enfrentó el rechazo de la oposición, que no reconoció jamás su victoria
"Acusaciones de fraude electoral rodearon su campaña, y el descontento popular aumentó, junto con la inflación y algunas acusaciones de corrupción en contra de su gobierno", recuerda la internacionalista Elena del Carmen Burguete Euán en un artículo para Foreign Affairs Latinoamérica.
Haití no ha logrado recuperarse del impacto de terremoto de 2010. Estas condiciones además han sido agravadas por el paso de otros fenómenos naturales en la isla La Española, —que Haití comparte con República Dominicana—, como el huracán Matthew en 2016.
"Lo que pasa en Haití realmente representa una receta perfecta para una explosión, producto de la combinación de políticas neoliberales que salieron del control del gobierno haitiano, el peligro de los catástrofes naturales y las condiciones preexistentes de pobreza e inestabilidad económica agravadas por la corrupción", dice Burguete Euán, citando al economista político Keston K. Perry.
La escasez de combustible: el detonante de las protestas
Venezuela ha jugado un papel importante en la crisis del país caribeño. Haití tenía un acuerdo petrolero con el gobierno de Nicolás Maduro bajo la iniciativa Petrocaribe, mediante el cual podía comprar hasta 60,000 barriles de petróleo con un descuento, indica la internacionalista.
El objetivo del programa era que los recursos ahorrado en petróleo fuera dedicados a otros programas de desarrollo económico e impulsar otras industrias en el país, como la agricultura. Pero la crisis económica de Venezuela dijo que los envíos de cargamento de crudo de Caracas se frenaran en marzo de 2018. La consecuencia ha sido la escasez de combustible.
Además de la deuda con Caracas, Haití tiene como acreedor al Fondo Monetario Internacional (FMI). El organismo prometió un paquete de préstamos por 96 millones de dólares para que Haití pagara sus deudas, pero con la condición de que eliminara los subsidios a la energía. Esto provocó un aumento de más del 50% en los precios del combustible.
"El alza de los precios de los combustibles no benefició a los ciudadanos haitianos que, después de enfrentarse también a huracanes, terremotos y otros fenómenos naturales, viven en comunidades que quedaron sin energía, y el combustible ha sido muy necesario para hacer funcionar los generadores de electricidad que les permiten realizar actividades diarias", indica Burguete Euán.
Este aumento de los precios del combustible en julio 2018 provocó tres días de disturbios en varias ciudades de Haití, como la capital Puerto Príncipe. El gobierno haitiano marcha atrás la medida, pero la crisis costó la dimisión del primer ministro, Jack Guy Lafontant, el 14 de julio de 2018.
Este fue el preámbulo de las protestas que asolarían a Moïse desde entonces. En febrero de 2019, los haitianos se manifestaron para pedir la dimisión del presidente, coincidiendo con el segundo aniversario de su llegada al poder. Los incidentes se mantuvieron por 10 días y, según distintas organizaciones, fallecieron en las protestas entre 26 y 40 personas.
Además de la escasez, Moïse tuvo que enfrentar las acusaciones de corrupción, que solo avivaron las protestas en su contra. El Tribunal de Cuentas lo acusó de "malversación de fondos" antes de asumir el cargo en mayo de 2019.
Las protestas para exigir el fin de su gobierno se intensificar en agosto por una nueva escasez de combustible. Entre agosto y diciembre de 2019 cerca del 70% de las escuelas de Haití permanecieron cerradas debido a las manifestaciones, que tuvieron como saldo decenas de muertes, barricadas y un recrudecimiento de la actuación de las bandas armadas, de acuerdo con UNICEF y UNESCO.
Gobernante por decreto
El periodo de su mandato se convirtió en fuente de enfrentamiento político. Moïse mantenía que su mandato duraba hasta el 7 de febrero de 2022, pero otros afirmaban que terminaba el 7 de febrero de 2021. El desacuerdo se debe a que Moise fue elegido en una votación anulada posteriormente por fraude, en 2015. Un año, en 2016, después volvió a ganar las elecciones.
La Organización de Estados Americanos (OEA) apoyó a Moïse con el argumento de que el final de su mandato sería el 7 de febrero del próximo año.
“Sin embargo, el pueblo haitiano se ha enfrentado a la policía de Puerto Príncipe al rechazar la explicación de Moïse de que la Constitución avala el término de su gobierno por 12 meses más, y argumentando que el presidente quiere unirse a una larga lista de dictadores que han gobernado Haití”, escribe Burguete Euán.
El mandato del Parlamento expiró en enero de 2020, debido al aplazamiento de las elecciones legislativas previstas para 2019. Esto agudizó la crisis y llevó a Moïse a gobernar por decreto, lo que avisó la desconfianza hacia él.
Moïse había sido acusado de inacción ante las múltiples crisis, y se enfrenta a una fuerte oposición por parte de sectores de la población.
El asesinato del presidente del Colegio de Abogados de Haití, Me Monderrier Dorval, de 64 años, frente a su casa en el barrio de Pelerin el 29 de agosto de 2020 provocó diversas manifestaciones de protestas, con consignas hostiles contra el gobierno, al que acusaban de fomentar la impunidad en Haití.
Acusaciones de un golpe de Estado
El 7 de febrero de 2021, el Consejo Supremo de la Judicatura decretó el fin inmediato del mandato presidencial. Pero Moïse sostenía que le quedaba un año en el poder en virtud de la cancelación de las elecciones de 2015.
El mismo día, las autoridades anunciaron el fracaso de un plan golpista dirigido contra el presidente, quien dice haber escapado de un intento de asesinato. 23 personas fueron detenidas acusadas de conspirar e intentar el homicidio, pero fueron puestos en libertad por orden judicial.
Conforme la crisis de su gobierno se agravaba, Moïse se granjeó enemigos entre las familias adineradas que controlan negocios claves en Haití, como la energía, la telefonía o la banca, a los que ha responsabilizado de la corrupción sistémica y de la inestabilidad crónica que vive el país.
Moïse aseguraba que los empresarios "que controlan los principales recursos del país, que siempre han puesto y quedado presidentes y que utilizan la calle para crear desestabilización" eran los que estaban detrás del presunto intento de golpe de Estado, dijo en una entrevista con el diario El País.
"El golpe de Estado no es un hecho puntual, sino una secuencia de acciones. Hasta ahora los gobiernos eran títeres de los grupos económicos, pero esto hoy no sucede y nuestras decisiones sientan muy mal a quienes se sienten poderosos e intocables. Un pequeño grupo de oligarcas están detrás del golpe y quiere apoderarse del país", dijo Moïse al periódico español.
"Estamos siendo testigos de la creación de una Somalia en las América", dijo el académico Ralph P. Chevry en un reporte del Washington Post publicado en febrero de 2021.
Crisis de seguridad
A todos los problemas político, se deben agregar los problemas de seguridad que vive Haití. Las protestas por el aumento de los secuestros para pedir rescate toman las calles de Puerto Príncipe.
Recientemente, Moïse se ganó enemigos entre las poderosas bandas armadas que controlan varios de los barrios pobres de Puerto Príncipe. En marzo, el ejecutivo declaró el estado de emergencia para restaurar la autoridad estatal en áreas controladas por pandillas, pero parece tener muy pocos resultados.
Los secuestros en Haití aumentaron más de un 300% en abril pasado, mes en el que se registraron al menos 91 casos, frente a los 27 en marzo, de acuerdo con un informe del Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos publicado el 4 de mayo.
La violencia de las bandas se recrudeció desde comienzos de junio, en especial por la acción de G9 an Fanmi e Alye, una federación de pandillas que hasta hace poco se consideraba en la órbita del gobierno y que en las últimas semanas declaró la guerra a Moïse.
La oficina de Naciones Unidas en Haití afirmó el 14 de junio estar "profundamente preocupada" por el recrudecimiento de la violencia de las bandas armadas contra los civiles en el país y pidió el cese de las agresiones.
Según el mismo CARDH más de 150 personas fueron asesinadas y otras 200 secuestradas entre el 1 y el 30 de junio en la zona metropolitana de Puerto Príncipe.
El 26 de junio de 2021, se presenció un ataque armado al hospital de urgencias de Médicos sin Fronteras (MSF) situado en Martissant, en la entrada sur de Puerto Príncipe. Las instalaciones están en la zona de guerra entre los grupos armados de Grand Ravin y Ti Bois, que se disputan el control.
El último día del mes pasado un grupo de policías haitianos mataron al menos a 15 civiles —la Red Nacional de Defensa de Derechos Humanos (RNDDH) elevó la cifra a 20— en represalia por el asesinato del portavoz del sindicato de la Policía, Guerby Geffrard.
Entre los fallecidos se encontraban el periodista Diego Charles y la activista Marie Antoinette Duclaire, unas muertes que el gobierno de Haití consideró un "acto terrorista".
Unos individuos no identificados que circulaban en motocicleta dispararon contra Charles y Duclaire cuando ella dejaba en su domicilio al periodista, que trabajaba en radio Visión 2000 y era colaborador en varios medios de comunicación.
"Haití representa una lección importante de la democracia en América Latina y el Caribe, y cómo los problemas estructurales de inestabilidad política, al no atenderse apropiadamente, pueden llevar a un país al borde de la ruina", concluyó Burguete Euán.
Con información de AFP y EFE