La Corte Suprema de Estados Unidos, inclinada a la derecha por cuenta de Donald Trump, escucha un caso este miércoles que podría hacer retroceder 50 años el derecho al aborto en el país.
El alto tribunal examina desde las 10H00 locales una ley de Misisipi que prohíbe la mayoría de los abortos después de las 15 semanas de embarazo. Aunque solo deberá dar a conocer su decisión en la próxima primavera boreal.
Los defensores del procedimiento manifestaban desplegando mensajes como "El aborto es salud".
Mientras, con pancartas con lemas como "Abortar es asesinar" o "Dios detesta las manos con sangre inocente", quienes se oponen a la interrupción del embarazo mostraban sus grandes esperanzas de acabar con la jurisprudencia que sentó en 1973 el caso "Roe vs. Wade", tras 50 años de lucha.
En una decisión histórica, el alto tribunal sostuvo en ese caso que el acceso al aborto es un derecho constitucional de la mujer, derogando las leyes estatales que restringían el procedimiento.
Y en un fallo de 1992, en el caso "Planned Parenthood vs. Casey", la Corte Suprema garantizó el derecho a la interrupción del embarazo hasta que el feto fuera viable fuera del útero, algo que ocurre entre las 22 y 24 semanas de gestación.
Sin embargo, esos fallos no pusieron fin a la oposición conservadora y religiosa al aborto y los activistas contrarios a esa práctica creen que su momento llegó al fin tras años de batallas políticas y legales.
"Reconocemos la magnitud de lo que estamos pidiendo", escribió la fiscal general de Misisipi, Lynn Fitch, en The Washington Post. Agregó que es hora de corregir el "error" cometido por la Corte Suprema en 1973.
"Esperamos y oramos para que esta decisión de la Corte Suprema pueda ser un punto de inflexión histórico para la protección de los más vulnerables", expresó en tanto el grupo antiabortista "March for Life".
La ley de Misisipi de 2018 prohíbe el aborto después de las 15 semanas de embarazo y no hace ninguna excepción por violación o incesto. Fue bloqueada por inconstitucional en tribunales inferiores hasta terminar en la Corte Suprema.
Con solo acceder a escuchar el caso, el tribunal indica su disposición a revisar fallos previos, al menos en lo que concierne a la "viabilidad".
Pero Misisipi, estado conservador del cinturón bíblico, reclama que la alta corte vaya aún más lejos y anule el fallo "Roe vs. Wade".
"Nada en el texto constitucional, la estructura, la historia o la tradición respalda el derecho al aborto", argumentó el estado en un escrito presentado al tribunal.
Misisipi ha recibido el respaldo de otros 18 estados liderados por republicanos, cientos de legisladores, la Iglesia católica y grupos antiaborto, algunos de los cuales han puesto millones de dólares en campañas publicitarias.
El campo antiaborto se vio impulsado por el ingreso a la Corte Suprema de tres magistrados durante la gestión presidencial de Trump (2017-2021), inclinando la balanza a favor del lado conservador con una mayoría de 6-3.
Dos de los jueces designados por Trump reemplazaron a defensores del derecho al aborto: Anthony Kennedy fue reemplazado por Brett Kavanaugh y la fallecida feminista Ruth Bader Ginsburg por Amy Coney Barrett, una católica devota.
El impacto de los nuevos magistrados se hizo evidente el 1 de septiembre cuando la Corte Suprema rechazó una solicitud para bloquear una ley de Texas que prohíbe el aborto después de seis semanas de embarazo.
Julie Rikelman, abogada del Centro de Derechos Reproductivos, que defenderá el caso ante el tribunal, cree que si los jueces mantienen la ley de Misisipi "sería posible que los estados prohibieran el aborto en prácticamente cualquier momento del embarazo".
"Si el tribunal mantiene la prohibición (...) está anulando a Roe y Casey, incluso si la decisión no menciona esas palabras", advirtió.
Los activistas en favor del aborto, asociaciones médicas, grupos por los derechos de la mujer y los derechos civiles presentaron informes ante el tribunal junto con cientos de legisladores demócratas y unas 500 deportistas de primer nivel, incluida la estrella del fútbol Megan Rapinoe.
"Obligar a una mujer a continuar un embarazo en contra de su voluntad es una intrusión profunda en su autonomía, su integridad física y su posición igualitaria en la sociedad", alertó por su parte el Departamento de Justicia en un escrito ante la corte.
Los magistrados tendrán hasta junio para tomar una decisión.
