En su fallo, el juez opinó que la ley "ha creado un mecanismo agresivo y sin precedentes para privar a sus ciudadanos de un derecho constitucional significativo y bien consagrado”.
"Desde el momento en que SB 8 entró en vigor, las mujeres han sido ilegalmente privadas de ejercer control sobre sus vidas con métodos protegidos por la Constitución", dijo Pitman, en referencia a la Ley 8 del Senado, nombre oficial de la norma.
"Esta corte no autorizará un día más de esta ofensiva privación de un derecho tan importante".
La norma, aprobada el 1 de septiembre, prohíbe el aborto en cuanto se pueden detectar latidos de corazón del feto, usualmente alrededor de seis semanas de embarazo, antes de que muchas mujeres sepan que están embarazadas, sin excepción para incestos ni violaciones.
Cerca del 85% al 90% de los abortos se realizan después de seis semanas.
La ley de Texas permite a particulares presentar demandas civiles contra cualquier persona que ayude a una embarazada a abortar si creen que infringen la prohibición y ofrece recompensas de hasta 10,000 dólares a cada demandante si gana el juicio.
Ese sistema ha permitido hasta ahora que las autoridades de Texas eludan la responsabilidad por la aplicación de la ley, porque el peso de la implementación está en esos ciudadanos particulares, y no en los líderes conservadores que impulsaron el veto.
