"Es un proyecto sensible" pero "conforme a la Constitución", insistió Nehammer. Está prevista una "fase de adaptación" para los más reticentes al pinchazo "hasta mediados de marzo", agregó.
"Después, se efectuarán controles" y no estar vacunado constituirá un "delito" con "sanciones" financieras de entre 685 y 4,100 dólares, en caso de persistir.
El sábado, unas 27,000 personas se manifestaron en la capital austriaca contra la medida, alegando que va contra las libertades individuales.
El gobierno austriaco dispone de una amplia mayoría en el Parlamento: además de los conservadores y los ecologistas, los líderes de los partidos socialdemócrata y liberal apoyan el texto. Solo la extrema derecha se opone.