El régimen de excepción en El Salvador: un golpe a los derechos humanos

Las organizaciones sociales y la oficina del ombudsman salvadoreño, Apolonio Tobar, han recabado más de 100 denuncias de vulneraciones a derechos, principalmente por detenciones arbitrarias.

La Asamblea Legislativa suspendió el 27 de marzo, a petición del presidente Bukele y sin ningún estudio o discusión, varios derechos constitucionales, entre ellos el de la defensa.

Abraham Ábrego, de la organización Cristosal, señaló que la medida "está ocasionando mayores afectaciones a la población en materia de derechos humanos" e indicó que "representa la expresión más punitiva del Estado".

Apuntó que "el incremento de la violencia no es justificación para la adopción de un régimen de excepción".

Abogados y activistas de derechos humanos han señalado que las herramientas legales normales deberían bastar para enfrentar la criminalidad sin suspender derechos.

El abogado de Cristosal subrayó que la suspensión del derecho que tienen las personas a la defensa representa "una grave violación a los derechos humanos" y "es un elemento que no debe ser parte de un régimen de excepción.

Invitó al gobierno de Bukele a buscar mecanismos y promover políticas que "acaben con la violencia en el país de una forma integral y no atentando contra los derechos humanos de la población".

Entes como Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI) expresaron nuevamente su preocupación por el régimen de excepción adoptado por el Gobierno de Bukele y señalaron que en El Salvador se están implementando estrategias que "ya han comprobado ser fallidas en otros momentos".

La directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch (HWR), Tamara Taraciuk, señaló este martes que el régimen de excepción "abre la puerta para que se comentan graves violaciones a derechos humanos", incluyendo a la niñez.

Taraciuk indicó que "lamentablemente" las políticas que han sido adoptadas por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, en materia de seguridad, "en vez de proteger a la población está poniendo en riesgo sus derechos".

Más de 100 denuncias de violaciones a Derechos Humanos

Las organizaciones Cristosal, Servicio Social Pasionista (SSPAS) y la Asociación Azul Originario han recibo al menos 34 denuncias por violaciones a derechos humanos en el marco del régimen de excepción entre el 27 de marzo y 4 de abril.

De acuerdo con Ábrego, 26 de las denuncias tienen que ver con abuso de autoridad y el resto con detenciones arbitrarias e intimidación. También apuntó que la mayoría de personas afectas han sido víctimas de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y de elementos de la Fuerza Armada.

El procurador de Derechos Humanos, Apolonio Tobar, informó el lunes que su oficina ha recibido 67 denuncias de "afectaciones a derechos" bajo el régimen de excepción que vive el país, la mayoría por detenciones arbitrarias.

El Salvador necesita medidas "efectivas"

Para Astrid Valencia, de AI, los retos en materia de seguridad pública que enfrenta El Salvador demandan acciones estatales, pero "no cualquier acción estatal", sino que tienen que ser "acciones estatales efectivas, necesarias, proporcionales y claramente apegadas a los derechos humanos".

"Como muchas organizaciones nacionales e internacionales lo han dicho, observamos con preocupación que las medidas implementadas incluyan las suspensión e eliminación de elementos fundamentales del debido proceso", dijo Valencia su participación virtual en una conferencia de prensa en San Salvador.

Además, señaló que las medidas del Gobierno salvadoreño "han sido acompañadas de un discurso presidencial confrontativo que estigmatiza, ataca y pone en riesgo a personas defensoras de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y medios de comunicación".

Bukele contra sus críticos

Bukele dijo la noche del lunes, durante una graduación de militares, que la pandillas son el "brazo armado" de las organizaciones humanitarias, comunidad internacional y partidos opositores.

El domingo también lanzó esta acusación y publicó que son "socios de los pandilleros" la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los periodistas.

"No hay duda que arreciarán sus ataques a medida sientan que pierden su brazo armado", apuntó.

Valencia reafirmó el compromiso de AI con las organizaciones salvadoreñas de seguirles acompañando, sobre todo porque "son ellas quienes caminan diariamente con la víctimas de la violencia en la búsqueda de la justicia y el respeto de derechos humanos".