La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó el jueves 30 de junio que el presidente Joe Biden puede poner fin a un programa “Quédate en México”, puesto en marcha por su predecesor Donald Trump, que obliga a los solicitantes de asilo no mexicanos a esperar en México sus citas en los tribunales estadounidenses.
Aquí hay algunas respuestas a las preguntas sobre cómo hemos llegado a este punto y qué pasa ahora:
Trump, un republicano, lanzó en 2019 el programa conocido oficialmente como Protocolos de Protección al Migrante (MPP), y comúnmente llamado "Quédate en México", como parte de una ofensiva más amplia contra la inmigración ilegal y los solicitantes de asilo.
Funcionarios de Trump argumentaron que el programa disuadiría lo que llamaron solicitudes de asilo fraudulentas, mientras que los defensores de derechos dijeron que dejó a los migrantes vulnerables, incluidas las familias con niños pequeños, en peligro.
La iniciativa obligó a más de 65,000 solicitantes de asilo no mexicanos a volver a cruzar la frontera. Muchos permanecieron en México durante meses —y a veces años— a la espera de presentar sus casos en los tribunales estadounidenses cercanos a la frontera
Bajo el mandato de Trump, se formaron campamentos improvisados de solicitantes de asilo en México y grupos de derechos humanos dijeron que miles de ellos fueron objeto de crímenes violentos.
Biden, un demócrata, criticó el MPP como inhumano y suspendió todas las nuevas inscripciones en el programa en su primer día en el cargo en enero de 2021 como parte de sus esfuerzos para hacer retroceder las políticas de inmigración de Trump.
Desde la implementación de la política en enero de 2019 hasta su suspensión bajo Biden, casi 70,000 personas fueron enviadas de vuelta a México, según el American Immigration Council.
Los republicanos han criticado estas medidas antes de las elecciones legislativas de mitad de período en noviembre, diciendo que las políticas de inmigración de Biden han llevado a un número récord de cruces en la frontera entre Estados Unidos y México.
Los estados de Missouri y Texas demandaron para impedir que la administración Biden pusiera fin al programa y en agosto de 2021 un juez federal se puso de parte de los estados.
El juez del Tribunal de Distrito en Texas, Matthew Kacsmaryk, designado por Trump, dijo que la administración Biden violó la ley federal de regulación cuando no consideró "varios de los principales beneficios" del programa y actuó "arbitraria y caprichosamente" al ponerle fin.
En un intento por abordar las preocupaciones legales, el gobierno de Biden volvió a publicar un memorando en el que ponía fin al MPP en octubre de 2021.
Pero por orden judicial, la administración Biden se vio obligada a reiniciar el programa MPP a principios de diciembre de 2021. Funcionarios estadounidenses y mexicanos dijeron entonces que se añadieron nuevas protecciones humanitarias para responder a las preocupaciones de México.
Desde que se reinició el programa MPP por orden judicial, casi 4,400 migrantes que buscaban asilo en la frontera entre Estados Unidos y México han sido devueltos, según datos del Departamento de Seguridad Nacional hasta mediados de junio.
Funcionarios mexicanos plantearon preocupaciones humanitarias sobre el reinicio del programa y pidieron a Estados Unidos que proporcionara atención médica, vacunas contra COVID-19, recursos para refugios de migrantes y asesoramiento jurídico a los solicitantes de asilo que regresen a México.
El gobierno de Biden prometió nuevas garantías humanitarias para el programa renovado. Pero activistas dicen que no son suficientes para que el MPP sea seguro y mantienen que el plan socava la ley de asilo de Estados Unidos y los acuerdos internacionales.
En abril, en Nuevo Laredo, una ciudad mexicana fronteriza cercana a Texas, tres solicitantes de asilo del programa MPP fueron secuestrados mientras funcionarios locales los trasladaban a un refugio.
En diciembre de 2021, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, de tendencia conservadora, rechazó el nuevo esfuerzo de Biden para poner fin al programa y se puso del lado del juez del tribunal inferior, lo que llevó a Biden a apelar ante la Corte Suprema.
Los magistrados, en un fallo de 5-4, redactado por el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, anuló el jueves la decisión del tribunal de apelación, permitiendo a Biden avanzar con la terminación del programa.
El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, junto con el conservador Brett Kavanaugh y los tres jueces liberales dictaminaron que la ley federal de inmigración otorga discrecionalidad al poder ejecutivo, es decir que puede expulsar a solicitantes de asilo o no.
Roberts, autor de la opinión mayoritaria, argumentó que la normativa establece que "en el caso de que un extranjero" llegue desde un territorio contiguo a Estados Unidos se le "puede devolver" mientras espera que se resuelva su procedimiento migratorio.
Esto "confiere claramente una autoridad discrecional", señala, insistiendo en que la corte "ha observado en reiteradas ocasiones" que "la palabra 'puede' claramente connota discrecionalidad”.
El fallo judicial es una excelente noticia para la política migratoria de Biden, que se encontraba contra las cuerdas, y un balón de oxígeno después de varios reveses políticos por las últimas sentencias de la Corte Suprema sobre el aborto, el porte de armas o la lucha contra el cambio climático.
Durante el mandato de Biden, cada mes más de 200,000 personas que intentaron entrar en el país fueron enviadas de vuelta, invocando Quédate en México o una norma de salud pública aplicada desde la pandemia que bloquea a las personas en la frontera.
Los cruces fronterizos de migrantes irregulares son peligrosos, tanto por las condiciones inhóspitas de la región como por la presencia de traficantes de personas.
Para los migrantes la conclusión de la corte es un alivio.
"Uno se alegra porque la meta de uno es llegar al destino. Uno no sale de su casa por querer salir", expresó a la AFP el nicaragüense Pedro Antonio Rizo, de 41 años, en Ciudad Juárez.
Con información de AFP y Reuters
