Pasar de un Estado subsidiario a uno social de derecho: ¿qué se juega Chile?

“Chile es uno de los ejemplos mundiales, uno de los países iconos de lo que se ha denominado neoliberalismo, un modelo económico donde opera un Estado subsidiario, que quiere decir que siempre quien tenga la primera opción se la iniciativa privada”, explica Aldo Madariaga, profesor de la Universidad Diego Portales e investigador asociado del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), en entrevista con Expansión.

Si se aprueba la propuesta, Chile pasará de ser un Estado subsidiario a un Estado Social de Derechos, es decir, uno que garantiza derechos sociales reclamados por años en las calles de Chile, pero contiene modificaciones cuyos alcances generan profundas divisiones entre los economistas.

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¿Cómo puede cambiar el modelo de salud en Chile con la nueva Constitución?

La versión original de la Constitución redactada en la dictadura en 1980, no establecía regulación bancaria ni a las empresas; contenía bajas tasas de impuestos y casi ninguna regulación ambiental ni a la libre competencia.

“Este modelo ha dejado dos pasivos bien grandes. Uno es social, con mucha que ha sido dejada atrás y eso se refleja en las cifras de desigualdad, sobre cómo se concentra la riqueza”, dijo Madariaga, “También los temas ambientales son muy importantes, donde se ha priorizado la producción sobre el uso racional de los recursos naturales”.

¿Qué es un Estado social y de derechos?

La propuesta nueva garantiza derechos sociales reclamados por años en las calles de Chile, pero contiene modificaciones cuyos alcances generan profundas divisiones entre los economistas.

Busca "continuar profundizando el cambio hacia un Estado de bienestar, aunque en estos años de retorno a la democracia ha habido muchos cambios que han apuntado a eso en lo grueso", dice a la AFP Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo.

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¿Qué significa ser un Estado Plurinacional y por qué causa polémica en Chile?

"Lo que estamos haciendo es buscar un texto que nos una, reivindicando lo que los países desarrollados hace mucho tiempo hicieron, que es el estado constitucional de derechos", afirmó Nicolás Eyzaguirre, exministro de los gobiernos de centro izquierda y exdirector del Fondo Monetario Internacional (FMI), en declaraciones a Radio Cooperativa.

Las encuestas previas, vetadas desde dos semanas antes de la elección, indican una ventaja de la opción rechazo.

La propuesta, redactada durante un año por una convención constituyente paritaria y con participación de representantes de los pueblos originarios, establece un "Estado social de derechos", con un sistema estatal y universal de salud y educación, y el fin de las administradoras privadas de los fondos de pensiones, las AFP, ejemplo de las afores mexicanas.

El nuevo texto restablece el derecho efectivo a la huelga, descentraliza al Estado y establece el pago de un "justo precio" por expropiaciones. Mantiene la autonomía del Banco Central y termina con derechos de propiedad sobre el agua entregados a perpetuidad en la Constitución vigente.

¿Cómo se financiaran los derechos sociales? El reto

De aprobarse la nueva Constitución, el Congreso —hoy divido casi 50% de las fuerzas políticas de derecha e izquierda, debe tramitar leyes que habiliten la implementación de los nuevos derechos sociales.

"Se confunde la poesía con la realidad. Esos derechos sociales van a dar lugar a mucha frustración porque obviamente no están los recursos para eso", advierte Joseph Ramos.

La implementación de los derechos sociales plasmados en la propuesta de Constitución constaría desde 8.9% puntos adicionales al PIB chileno, es decir, unos 28,500 millones de dólares, hasta 14.2% del PIB, unos 45,000 millones de dólares, de acuerdo con un estudio realizado por seis economistas de la Universidad Católica de Chile.

“El presupuesto de Chile de 2022 es de 82,500 millones de dólares "eso es 23.4% del PIB. Según los cálculos, el gasto total adicional para este año con la nueva Constitución sería un 38% y 60%, y habría que gastarlo todos los años, porque es incremental anual", explicó Gabriel Ugarte, economista del Centro de Estudios Públicos de Chile, de acuerdo con un comunicado.

La nueva propuesta corre en paralelo a la serie de reformas que impulsa el gobierno del izquierdista Gabriel Boric, que asumió en marzo pasado en reemplazo del conservador Sebastián Piñera (2018-2022).

Boric, que calmó las aguas al nombrar en Hacienda al expresidente del Banco Central, Mario Marcel, impulsa la introducción de un nuevo royalty (o regalías) a la minería y una reforma al sistema privado de pensiones que actualmente otorga una mayoría de jubilaciones por debajo del sueldo mínimo (420 dólares).

Para financiar las reformas, Boric planteó un ajuste tributario que busca recaudar casi el 4% del PIB, en un momento que la economía chilena inicia una fase de desaceleración y afronta una alta inflación (13% anual).

"En la reforma tributaria a lo que aspiramos es poder recaudar más, pensando en el largo plazo, para poder construir un Estado que garantice derechos sociales universales que nos permitan generar un país más cohesionado, en donde el lugar donde naciste no determine de manera tan importante el lugar donde vas a morir", dijo Boric la noche de este martes, hablando ante empresarios mineros.

Con información de AFP