Las protestas contra la presidenta de Perú, Dina Boluarte, que dejan 40 muertos en un mes, persisten este martes con bloqueos de rutas en seis regiones del país mientras el nuevo gabinete acude al Congreso a pedir un voto de confianza para su investidura.
El primer ministro de Perú, Alberto Otárola, anunció este martes que el gobierno aprobó una "inmovilización social" nocturna durante tres días en la región Puno, frontera con Bolivia, tras las protestas violentas de la jornada previa.
"Hoy se ha aprobado en el Consejo de Ministros un Decreto Supremo que declara la inmovilización social obligatoria en Puno por el plazo de tres días desde las 20:00 horas (local) hasta las 04:00 horas", dijo en un discurso en el Congreso.
Las protestas sociales se reactivaron la semana pasada tras una pausa por las fiestas de fin de año, y se concentraron en la región de Puno con bloqueos de vías y del comercio hacia el país vecino. Desde la reanudación de las manifestaciones se habían reportado graves enfrentamientos con la policía luego de que manifestantes intentaron tomar el aeropuerto de la ciudad.
La indignación crece en las ciudades de Puno y Juliaca, sur del país, en huelga desde hace una semana y con el comercio cerrado.
Los manifestantes exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, una nueva Constitución y la liberación de Castillo, que cumple una prisión preventiva de 18 meses acusado de "rebelión", cargo que el exmandatario niega.
Dina Boluarte fungió como vicepresidenta hasta el 7 de diciembre, cuando el Congreso destituyó a Castillo luego de intentar cerrar el parlamento, intervenir el sistema judicial y gobernar por decreto.
El exmandatario, que era investigado por corrupción, cumple 18 meses de prisión preventiva dictados por un juez bajo cargos de rebelión.
Aunque se considera de izquierda, Boluarte es vista como "traidora" por las comunidades y militantes que apoyan a Castillo. Los sectores de derecha que antes promovían su caída ahora la respaldan.
La violenta represión de las fuerzas del orden provocó el lunes 14 muertos al repeler un intento de ocupar el aeropuerto de Juliaca, tres fallecidos durante un saqueo en un centro comercial y una persona que pereció quemada y que las autoridades investigan si se trata de un policía o un civil en esta ciudad ubicada 1,300 km al sur de Lima.
El gobierno alegó que el firme accionar de la policía y militares que custodian la terminal aérea fue en respuesta a "una asonada" preparada por miles de manifestantes.
"Hoy, más de 9,000 personas se aproximaron al aeropuerto de Juliaca y aproximadamente dos mil de estas iniciaron un ataque sin cuartel contra la policía y las instalaciones, utilizando armas hechizas (armas improvisadas) y con doble carga de pólvora, generando una situación extrema", dijo a la prensa el jefe de gabinete Alberto Otárola la noche del lunes.
El gobierno regional de Puno decretó este martes tres días de duelo por las muertes registradas en las últimas horas y pidió la renuncia de la presidenta.
En la peor jornada de protestas por el número de víctimas, la Defensoría del Pueblo y el Gobierno informaron además de 68 civiles y 75 policías heridos en la víspera en Puno, muchos de ellos por balas o perdigones, según las autoridades de salud.
La Organización de las Naciones Unidas en Perú dijo el martes en un comunicado que lamentaba las muertes en las protestas y exhortó a las autoridades y fuerzas de seguridad del país andino a respetar los derechos humanos ante las manifestaciones.
"Desde la ONU Perú reiteramos nuestro compromiso y disposición para apoyar al país en la mediación y generación de procesos de dialogo", dijo el organismo.
El exmandatario, que era investigado por corrupción, cumple 18 meses de prisión preventiva dictados por un juez bajo cargos de rebelión.
Con información de AFP y Reuters
