Guatemala: ahora la persecución va contra los periodistas

“Un discurso antiprensa”

La relación de Alejandro Giammattei con la prensa nunca ha sido buena, relatan periodistas guatemaltecos consultados por Expansión. Si bien, durante la administración de su antecesor, Jimmy Morales, había tensiones con los medios de comunicación, el deterioro ha sido evidente en los últimos tres años.

“Él incluso traía un discurso antiprensa. Cuando empezó la pandemia, uno de los primeros mensajes que agarró fue decir que varios reporteros se quedaron atrapados donde ya había un contagiado (de covid-19) para hacer énfasis en que la prensa no se metiera en reportar el tema de la pandemia, esa situación fue desmentida”, dice Shirlie Rodríguez, periodista especialista en género.

Desde entonces, el acceso a fuentes de información oficial se ha vuelto más complicado, pues los funcionarios niegan entrevistas o información. Giammattei y los miembros de su gabinete no dan conferencia de prensa, y cuando lo hacen, solo suelen invitar a medios afines.

“En el momento en que se tenía la oportunidad de preguntarle, sus respuestas siempre fueron tajantes, siempre agrediendo a quien le preguntaba algo sobre fiscalización”, cuenta la periodista.

En esto coincide Carlos Kestler, reportero para los medios Prensa Libre y Guatevisión, quien narra que para la realización de un reportaje sobre el mal estado de las carreteras Guatemala, solicitó en múltiples ocasiones una entrevista con el Director General de Caminos sin obtener respuesta.

“Estuve un mes persiguiéndolo un mes, fui a visitarlo varias veces de imprevisto a su oficina e incluso los guardias de seguridad que contrata Caminos para resguardar la garita de la institución me amenazaron con electrocutarme con un taser sino me retiraba del lugar”, cuenta Kestler.

Rodríguez, quien reporta desde Quetzaltenango —una ciudad a 110 kilómetros de ciudad de Guatemala— cuenta que los esfuerzos para dificultar el acceso a la información se han repetido también a nivel regional y municipal, como una forma de entorpecer su labor periodística.

“A nivel local lo que hacen muchas fuentes es decir que aquí no se pueden dar información, sino que yo tengo que solicitarla a la capital y donde se han endurecido más es en el Ministerio Público y en los juzgados”, dice Rodríguez.

Persecución judicial

La falta de transparencia pronto fue acompañada en poco tiempo por una persecución judicial cada vez más agresiva contra los medios y periodistas.

“Todo empezó en el año de la pandemia cuando empezaron a ventilar casos contra periodistas que tal vez en un inicio no tenían relación con su quehacer periodística”, dijo Carlos Kestler.

Kestler recuerda el caso de Sonny Figueroa, un periodista de investigación que ha publicado varios reportajes relacionados con Giammattei, así como su familia y su círculo más cercano. El 11 de septiembre de 2020 agentes de la Policía Nacional Civil impidieron que el reportero del sitio Vox Populli entrara al Palacio Nacional y lo detuvieron por provocar un escándalo el vía pública.

Solo durante 2022, al menos cinco periodistas guatemaltecos se vieron obligados a abandonar el país por intimidaciones y persecuciones penales en su contra, indica la agencia EFE.

La situación se volvió más grave cuando la fiscalía —afín al gobierno de Giammattei— inició una investigación contra José Rubén Zamora, el presidente y fundador de El Periódico por un presunto blanqueo de fondos. Zamora está detenido desde julio de 2022.

El periodista y su equipo de investigación en El Periódico han divulgado más de 400 publicaciones de actos de corrupción durante las últimas dos décadas y sus páginas fueron trascendentales para la caída del gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015) por un escándalo de sobornos en aduanas.

Según ese caso, participó en una trama de chantaje y lavado por unos 37,500 dólares contra empresarios a cambio de no publicar información en su contra.

Zamora, de 66 años, sostiene que es un "perseguido político" y que las imputaciones fueron fabricadas por el presidente, Alejandro Giammattei, y la fiscal general, Consuelo Porras, para silenciarlo por publicaciones sobre corrupción.

Estados Unidos en 2021 incluyó a Porras en una lista de implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia tras despedir al entonces fiscal anticorrupción, Juan Francisco Sandoval, considerado por Washington como un "campeón anticorrupción".

Aunque la fiscalía sostiene que este caso no tiene que ver la labor periodística de Zamora, el caso dio un giro el martes 28 de febrero, cuando el Ministerio Público ordenó abrir un segundo proceso contra Zamora, ahora por el delito de "conspiración para la obstrucción de justicia”.

El Ministerio Público también que contempla investigar a diversos periodistas y columnistas de prensa por informar sobre el proceso judicial contra Zamora.

"Si se está afectando maliciosamente a fiscales, operadores de justicia, jueces, magistrados o diputados, o cualquier otra persona que pueda ser sujeto procesal de una causa, que se investigue", indicó Jimi Brener Ramírez, el juez que lleva el caso.

"La única responsabilidad que puedo tener yo es la de viabilizar lo que el propio Ministerio Público me está diciendo en una audiencia", añadió.

La investigación fue solicitada por la fiscal del Ministerio Público Cinthia Monterroso, quien tiene a su cargo la acusación por parte de la Fiscalía contra Zamora Marroquín en dos casos: uno por supuesto lavado de dinero y otro por presunta obstrucción a la justicia

Monterroso indicó que los periodistas y columnistas de prensa que serán investigados son Julia Corado, Ronny Ríos, Denis Aguilar, Gonzalo Marroquín Godoy, Christian Vélix, Édgar Gutiérrez, Alexánder Valdez y Jerson Ortiz. La mayoría de ellos trabajan en El Periódico.

Según dijo la fiscal Monterroso, los periodistas y columnistas han mentido "reiteradamente” al publicar informaciones del caso en contra de Zamora Marroquín.

"Se han dedicado el señor Zamora Marroquín en contubernio, a desinformar y generar odio en la opinión pública, no a informar, no una labor periodística por la que tanta gente ha sacrificado hasta su vida en la historia del periodismo, no una labor ética, sino que una labor de obstruir la investigación", afirmó Monterroso.

El Periódico aseguró que la fiscalía solo pretende "intimidar a periodistas" con esta nueva investigación. "Hacemos un llamado a la prensa nacional a cerrar filas para detener este nuevo golpe contra la libertad de expresión", asegura el comunicado divulgado por el medio.

"En el fondo la intención es limitar el derecho de la población a ser informados", detalla el comunicado.

Cientos de periodistas protestaron el sábado 4 de marzo contra este proceso bajo los lemas “No nos callarán” u “Sin periodismo, no hay democracia”.

La solicitud de la investigación es una "escalada en el tema de la regresión autoritaria", dijo a la AFP la periodista y miembro del movimiento No Nos Callarán, Marielos Monzón.

"La persecución a la prensa no es un hecho aislado tiene que ver con una estrategia general de un grupo que tiene sus intereses y sus privilegios y que quieren mantener en el país la corrupción y la impunidad", afirmó.

En tanto, el veterano periodista Haroldo Sánchez, expresó a la AFP su "profunda preocupación" por la criminalización. pero "ningún sistema por más que emita órdenes que afectan la libre expresión de todos los guatemaltecos nos van a callar”.

Sánchez también coincidió con su colega al responsabilizar a "integrantes del gobierno a quienes no les gusta la crítica y la fiscalización" los que emprendieron la persecución.