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“Campos de concentración”: así es la situación de las cárceles en El Salvador

Más de 150 personas han muerto en prisión desde el inicio del régimen de Excepción decretado por el presidente Nayib Bukele, denuncia el informe de una organización.
jue 01 junio 2023 01:00 PM
La llegada de los reclusos pertenecientes a las bandas MS-13 y 18 a la nueva prisión "Centro de Confinamiento Terrorista" (CECOT), en Tecoluca, a 74 km al sureste de San Salvador, el 15 de marzo de 2023. Un segundo grupo de 2.000 presuntos miembros de pandillas encarcelados fue trasladado este miércoles bajo fuertes medidas de seguridad a la "prisión más grande de las Américas", informó el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, unas semanas después de que cumpliera su "guerra" contra estas pandillas. un año.
Para encerrar a los pandilleros, Bukele construyó una megacárcel para 40.000 presos, la prisión "más grande de América", con un severo régimen de reclusión.

Las prisiones de El Salvador, desbordadas por miles de presos detenidos durante el régimen de excepción, cada vez se pareces más a “campos de concentración”, de acuerdo con un informe publicado por la organización de los derechos humanos Cristosal, este miércoles.

“Definitivamente la población privada de libertad bajo el régimen de excepción está en condiciones que sí podemos asemejar a los campos de concentración. De hecho, las personas sufren un hacinamiento extremo. Celdas con capacidad para 15 personas o 20 albergan más de 100 o hasta 200 personas”, dice David Morales, jefe de justicia transicional de Cristosal en entrevista con Radio France Internacional.

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La organización denuncia que la mayoría de las personas presas durante este periodo —sin haber pasado por un debido proceso— han sido víctimas de “torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes”, además de que decenas de ellas han muerto.

Desde el inicio del régimen de excepción en este país centroamericano, del 27 marzo de 2022, 154 personas han muerto bajo custodia estatal, aunque el número de fallecimientos puede ser mucho mayor, ya que se han registrado la inhumación de fosas comunes, donde los muertos son enterrados como personas desconocidas, a pesar de estar presas.

Ninguna de de estas personas había sido declarada culpable del delito que se le atribuyó al momento de la detención, de acuerdo con el informe.

La organización también señala que la Dirección General de Centros Penales (DGCP) no comunica a los familiares sobre las muertes de las personas privadas de la libertad, por lo que la mayoría de ellos se enteran de los fallecimiento gracias a los empleados de funerarias, por redes sociales o por las denuncias de personas que han salido de prisión.

“Me avisaron que una funeraria me andaba buscando. Nos encontramos, me preguntó si era mi hermano y me mostró una foto de él... En eso me puse mal. Solo me dijeron que había muerto. Me preguntó si quería que ellos fueran a retirar el cadáver. En ese momento yo también le llamé a mi mamá y justo también vinieron dos funerarias más que andaban el mismo dato de él”, dijo a la organización la hermana de un hombre de 23 años.

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El informe de la organización defensora de los derechos humanos también revela que las muertes de los detenidos fueron resultado de torturas y de lesiones graves y sistemáticas. Casi la mitad de los fallecidos fueron víctima de muertes violentas (36) o relacionadas con la criminalidad (39).

Entre las muertes ocurridas se cuentan 30 casos en los que en la causa reportada indica “edema”, que comprenden 26 casos de edema pulmonar, 3 casos de edema cerebral, y 1 caso de edema generalizado a pesar de que en varios de estos casos hubiere evidencias de violencia sobre el cadáver.

“Existen elementos suficientes para presumir que algunas de estas muertes estuvieron precedidas de violencia, falta de asistencia y atención médica, suministro de medicamentos o negligencia médica, incluso, que estas enfermedades o condiciones crónicas pudieron ser adquiridas o se agravaron como consecuencia de torturas, golpizas y tratos crueles e inhumanos” recibido en prisión, indica el informe.

69,000 detenidos

Las pandillas mantenían el control del 80% del territorio del país, según el gobierno, y se financiaban con masivas extorsiones, sicariato y tráfico de drogas.

Para combatirlas rige desde hace 14 meses un régimen de excepción que permite a la policía y el ejército hacer arrestos sin orden judicial.

La medida fue aprobada el 27 de marzo de 2022 por el Congreso a pedido del Bukele, en respuesta a una escalada de violencia pandillera que se cobró la vida de 87 personas.

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Las autoridades han ido liberando barrios y recuperando miles de casas usurpadas por pandilleros. Los homicidios cayeron en 2022 a una cuarta parte de la cifra de 2019, según datos oficiales.

“De las acciones violentas de los grupos criminales que perpetraron estas muertes, se pasó a la violencia del Estado contra todo tipo de personas”, denuncia el informe de Cristosal.

Hasta ahora han sido detenidos casi 69,000 presuntos pandilleros, de los cuales unos 5,000 han sido liberados, según el gobierno. Casi todas las detenciones, no obstante, se han realizado sin investigación previa y sin confirmar la relación de las personas capturadas con las pandillas.

Para encerrar a los pandilleros, Bukele construyó una megacárcel para 40.000 presos, la prisión "más grande de América", con un severo régimen de reclusión.

Con información de AFP

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