La población de Guatemala elegirá el próximo 25 de junio en unas elecciones tensionadas por denuncias de fraude tras la exclusión de varios aspirantes por parte de un oficialismo acusado de querer consolidar un sistema autoritario.
Esto es lo que sabemos sobre la invalidación de algunas candidaturas y sobre quiénes son los aspirantes con más posibilidades de llegar a la presidencia.
En los comicios, previstos para el 25 de junio, 9.3 millones de guatemaltecos están llamados a elegir al sustituto del presidente derechista Alejandro Giammattei, reprobado por 75% de la población, según otra encuesta del periódico.
Si un candidato no alcanza 50% más uno de los sufragios, los dos punteros irán a un balotaje el 20 de agosto. La reelección presidencial está prohibida.
En los comicios, además, se elegirán a 160 diputados al Congreso, 340 alcaldes y 20 diputados al Parlamento Centroamericano.
En total son 23 aspirantes a la presidencia, algo común en Guatemala.
La Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala resolvió el 26 de mayo dejar fuera de forma definitiva de la contienda para los comicios presidenciales de junio a Carlos Pineda, favorito en las encuestas de intención de voto, en un suceso sin precedentes que sacude la campaña electoral a solo un mes de la votación.
La participación de Pineda quedó en el aire la semana pasada cuando un tribunal suspendió provisionalmente su candidatura. El empresario de 50 años apeló esta decisión ante el máximo tribunal, pero días después su partido, Prosperidad Ciudadana, desistió de cualquier intento de revertir el fallo.
La Corte informó en un comunicado que "declaró sin lugar los recursos de apelación interpuestos" en el caso, por lo que "se deja en suspenso temporal el acto reclamado”.
En una encuesta de Cid Gallup publicada el 24 de mayo, Pineda aparecía en primer lugar de intención de voto, con el 22%.
Aparte de Pineda, otros dos precandidatos fueron excluidos previamente este año de la contienda en las urnas: Thelma Cabrera, una líder indígena de izquierdas, del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), y Roberto Arzú, del partido de derechas Podemos e hijo del expresidente Álvaro Arzú.
Siguen en la carrera por la presidencia la exprimera dama Sandra Torres, Zury Ríos, hija del fallecido dictador Efraín Ríos Montt, y Edmond Mulet, un diplomático de carrera y exfuncionario de la ONU.
Analistas y políticos vetados consideran que el "fraude" no se basa en manipular los resultados, sino en imponer candidatos para mantener cooptado el Estado.
Con la expulsión de candidatos por la justicia lo que se pone en "peligro" es "el Estado de derecho, la democracia y las garantías y libertadas para toda la población", dijo a la AFP el director de Acción Ciudadana, capítulo local de Transparencia Internacional, Edie Cux.
"Clara instrumentalización del poder judicial para garantizar un resultado 'electoral'", dijo el viernes el subdirector en funciones para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juan Pappier, después de darse el fallo.
HRW, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y la organización Robert F. Kennedy Human Rights (RFKHR) expresaron el miércoles su preocupación porque consideran que el proceso electoral se da en "un contexto de deterioro de los derechos humanos, civiles y electorales”.
En abril, subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, afirmó que "la democracia depende de que todos los ciudadanos elijan a sus líderes entre todos los candidatos cualificados sin barreras arbitrarias, exclusión o intimidación", en alusión a los comicios guatemaltecos.
Para algunos analistas, desde 2019 esta nación vive un retroceso democrático por el fin anticipado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ordenado por el expresidente Jimmy Morales (2016-2020).
Como un ente de la ONU, la CICIG destapó emblemáticos casos de corrupción y provocó la renuncia en 2015 del entonces presidente Otto Pérez (2012-2015), sentenciado por fraude aduanero.
Bajo el mandato de Giammattei, empezaron a ser capturados varios exfiscales que trabajaron con la CICIG, la mayoría acusados de supuesto abuso de autoridad.
Los procesos penales, considerados como una "venganza", fueron abiertos a pedido de la fiscal general Consuelo Porras, cercana a Giammattei e incluida por Washington en 2021 en una lista de actores "corruptos", por lo que fue sancionada tras despedir a un fiscal que intentó investigar al mandatario.
En Guatemala hay "una dictadura corporativa con intereses económicos, de corrupción e incluso del crimen organizado", declaró el exrelator de libertad de expresión de la ONU, Frank La Rue, quien comparó la situación con una obra de teatro.
Con información de AFP, EFE y Reuters
