En mayo la administración del presidente demócrata introdujo nuevas reglas para contrarrestar la suspensión de una norma sanitaria que permitía bloquear a casi todos los migrantes en la frontera con México si no traían la documentación necesaria para entrar.
Estas reglas restringen en la práctica el acceso al asilo, al obligar a los migrantes a pedir cita a través de una aplicación de teléfono móvil (CBP One) o a tramitarlo en los países por los que pasan, por ejemplo acogiéndose a un permiso de reunificación familiar o a un programa que autoriza la entrada de 30,000 personas por mes de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití por motivos humanitarios.
El gobernante demócrata asumió el cargo en 2021 prometiendo revertir muchas de las políticas de línea dura del exmandatario republicano Donald Trump, pero ha adoptado algunas medidas fronterizas similares a las de su antecesor mientras un número récord de migrantes era atrapado cruzando ilegalmente.
Con su recurso, la ACLU y otras asociaciones revivieron un caso de 2018 presentado contra otras limitaciones de asilo parecidas implementadas por Trump que Tigar anuló anteriormente.
En una sentencia de 35 páginas, Tigar, nombrado por el expresidente Barack Obama, afirma que la legislación estadounidense establece explícitamente que cruzar la frontera ilegalmente no debe ser un impedimento para obtener asilo.
