¿Dónde están?" es una pregunta formulada miles de veces en Chile, pero que solo ha recibido respuesta unos cuantos cientos de veces.
El Estado chileno asumirá por primera vez la búsqueda de 1,162 detenidos desaparecidos durante la dictadura, anunció este miércoles el presidente Gabriel Boric, para saldar una de las principales deudas de justicia a 50 años del golpe militar que encabezó Augusto Pinochet.
Durante décadas, la búsqueda de los desaparecidos corrió a cargo casi exclusivamente de las familias, apenas hallando los restos de 307.
"Esta cifra nos debe doler y hacer arder la sangre, porque da cuenta de la magnitud de la deuda que tenemos como Estado y como sociedad", dijo el presidente izquierdista.
Boric había anunciado este plan el año pasado y el gobierno lo ha estado preparando durante meses con la participación de agrupaciones de víctimas y de familiares de ellas.
El presidente firmó el decreto que oficializa este plan durante una ceremonia en las afueras del palacio presidencial de La Moneda, a la que asistieron ministros y familiares de las víctimas pero no las fuerzas opositoras de derecha.
El llamado Plan Nacional de Búsqueda, que busca sintetizar información que aún pueda estar disponible o sin clasificar en archivos, causas judiciales y otras instancias, fue presentado el miércoles por el presidente, dos semanas antes de que el 11 de septiembre se conmemore el aniversario del golpe contra el socialista Salvador Allende.
"Será a partir de hoy una nueva herramienta institucional contra el olvido", dijo Boric en una ceremonia y agregó que la información que pueda recabarse podría servir también para los procesos judiciales en marcha.
"Esta política es permanente y nos hacemos cargo como Estado, no solo como Gobierno, de hacer todo lo que esté al alcance y correr las barreras para esclarecer las desapariciones y las muertes", añadió.
El objetivo del plan es "esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las personas víctimas de desaparición forzada, de manera sistemática y permanente, de conformidad con las obligaciones del Estado de Chile y los estándares internacionales", dice la página web del programa.
Entre los compromisos suscritos en esa instancia, estuvo la designación de jueces especiales para casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos en dictadura. Las pistas que se lograron a partir de esos procesos judiciales son la base de la información que pretende sintetizar el plan de búsqueda anunciado el miércoles.
Víctimas de atropellos a los derechos humanos durante la dictadura y familiares de víctimas consideran que también las Fuerzas Armadas podrían tener más información que aún no han entregado para esclarecer el destino de sus familiares desaparecidos o muertos.
En Chile ha habido decenas de juicios y condenados por violaciones a los derechos humanos durante el régimen de Pinochet (1973-90). El dictador, sin embargo, que murió en diciembre de 2006 a los 91 años de edad, nunca fue condenado en tribunales por su responsabilidad en los crímenes.
Tras la dictadura, el Estado chileno promovió la elaboración de informes sobre los crímenes del periodo.
Las distintas comisiones oficiales para esclarecer los hechos cifraron el total de víctimas calificadas en 40,175 personas, lo que incluye ejecutados políticos, detenidos desaparecidos y víctimas de prisión política y tortura, de acuerdo con el sitio web del ministerio de Justicia. La dictadura envió además miles de personas al exilio.
En 1990, cuando retornó la democracia, se instauró una Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación que reconoció a las más de 3,200 víctimas, entre muertos y desaparecidos, que dejó la dictadura. En 2003, se abrió otra Comisión oficial que reconoció a cerca de 38,000 torturados.
Por su parte el plan de búsqueda señala que hay 1,469 personas que fueron víctimas de desaparición forzada, de las cuales la mayoría son detenidos desaparecidos y 377 ejecutados cuyos restos nunca fueron entregados.
La mayoría de los desaparecidos eran obreros y campesinos con una edad promedio de 29 años. Las detenciones comenzaron apenas se produjo el alzamiento militar, el 11 de septiembre de 1973.
El principal obstáculo para encontrar hasta ahora a los desaparecidos ha sido la poca colaboración de las Fuerzas Armadas, lo que los familiares atribuyen a un "pacto de silencio" que se mantiene desde la dictadura (1973-1990).
En una mesa de diálogo instalada a fines de los 90, los militares aportaron datos de unos 200 detenidos cuyos cadáveres, aseguraron, habían sido lanzados al mar.
Sin embargo, algunos de esos restos fueron hallados en fosas comunes.
"Obviamente hay una responsabilidad del alto mando de las Fuerzas Armadas y de 'los viejos'; qué hicieron con los cadáveres. No puede ser que no sepamos, que hay alrededor de mil chilenos que no sabemos qué pasó con ellos. No puede ser", dijo Carlos González, detenido y torturado por militares.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, aseguró el miércoles que dentro de las Fuerzas Armadas "es evidente que hay personas que tienen información sobre el destino de los desaparecidos".
