No sólo Donald Trump es llamado por el fiscal general del estado de Nueva York. Ahora también sus hijos: Donald Trump Jr, de 45 años y Eric Trump, de 39, tendrán que acudir.
Ambos son vicepresidentes ejecutivos de la Organización Trump, un conglomerado de empresas que gestionan rascacielos residenciales y de oficinas, hoteles de lujo y campos de golf en todo el mundo.
Al igual que su padre, están acusados por la fiscal general del estado de Nueva York, el equivalente a ministra de Justicia, Letitia James, de inflar los activos del grupo en cientos de millones de dólares para obtener préstamos bancarios más ventajosos y mejores condiciones de los seguros.
"Deje a mis hijos en paz, Engoron. Usted es una vergüenza para la profesión judicial", escribió la pasada noche Donald Trump en su red Truth Social sobre el juez instructor del caso, Arthur Engoron.
Fiel a su estilo, también ha acusado al juez de "loco, totalmente desequilibrado y peligroso" y de "hacer el trabajo sucio al Partido Demócrata".
Desde el inicio del juicio, el pasado 2 de octubre, el juez ya le ha impuesto al multimillonario republicano sendas multas -de 5,000 y 10,000 dólares-, por arremeter contra la secretaria judicial del tribunal que lo juzga.
Si el juez se ciñe al calendario, Donald Trump padre, de 77 años, será interrogado el lunes, exactamente un año menos un día antes de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre de 2024, a las que espera concurrir para volver a la presidencia de Estados Unidos.Su hija, Ivanka Trump, también será llamada pero sin ser inculpada.
Donald Jr y Eric Trump asumieron las riendas de la Organización Trump cuando su padre llegó a la Casa Blanca en 2017.
Son fervientes aliados políticos del expresidente estadounidense, una lealtad inquebrantable de la que hacen gala a diario en los medios de comunicación y en las redes sociales, por lo que no se espera que se desvíen de la línea marcada por la defensa en este juicio con enorme repercusión mediática.
Los abogados sostienen que la valoración de los activos del grupo, como la Torre Trump y el edificio del 40 de Wall Street, fueron subjetivas pero sinceras, y que los bancos no perdieron ni un solo dólar por prestar dinero a la Organización Trump.
Por su parte, Donald Trump despotrica contra un juicio "injusto", llevado a cabo por una fiscal "corrupta", Letitia James, y un juez "canalla", Arthur Engoron, a sueldo de los demócratas para impedirle volver a la Casa Blanca.
Presente regularmente en las audiencias, el favorito en las encuestas para las primarias republicanas, transforma cada una de sus idas y venidas por los pasillos del tribunal en una miniconferencia de prensa y posa como víctima de una maquinación judicial, como en los otros cuatro casos en los que se enfrenta a cargos penales, en particular por intentar anular las elecciones presidenciales de 2020.
Su presencia en las vistas es también señal de la importancia que Donald Trump le da al caso. Aunque no irá a la cárcel, el juicio podría acarrearle la pérdida del control de parte de sus propiedades inmobiliarias, además de una multa de 250 millones de dólares y la prohibición de gestionar empresas en Nueva York.
Incluso antes de que comenzara el juicio, el 2 de octubre, el juez Engoron dictaminó que la fiscalía había presentado "pruebas concluyentes de que, entre 2014 y 2021, los acusados sobrevaloraron los activos" en entre "812 millones (y) 2,200 millones de dólares", dependiendo del año.
Como consecuencia del "fraude reiterado", ordenó la liquidación de las empresas, una auténtica bomba judicial y patrimonial, pero su decisión fue suspendida en apelación.
El juicio también se centra en otras infracciones a la ley financiera y en la cuantía de la multa.
