La Fiscalía General de Colombia llamó el martes a juicio al expresidente Álvaro Uribe en un caso de manipulación a testigos y fraude procesal, luego que presentó una acusación escrita ante la Corte Suprema de Justicia, una decisión que el exmandatario calificó como una “venganza política”.
Esto es lo que sabemos sobre este caso que sacude a la política colombiana.
El expresidente Álvaro Uribe, un político muy popular que se ha declarado inocente de las acusaciones, impulsó durante su gobierno (2002-2010) una ofensiva militar contra la guerrilla izquierdista como parte del conflicto armado de seis décadas que ha dejado más de 450,000 muertos y es un dirigente visible del partido derechista Centro Democrático, opositor al gobierno de Gustavo Petro.
Todo empezó en 2012, cuando el entonces senador presentó una denuncia contra el congresista de izquierda Iván Cepeda, al que acusó de un supuesto complot urdido con testigos falsos para vincularlo a él y su hermano Santiago Uribe con grupos paramilitares de ultraderecha, responsables de atroces violaciones de derechos humanos en su guerra clandestina contra las guerrillas.
Pero la Corte Suprema no solo se abstuvo de enjuiciar a Cepeda, sino que comenzó a investigar al expresidente en 2018. El tribunal sospechó que fue Uribe quien en realidad trató de manipular testigos y no su opositor.
El tribunal aseguró que Uribe presionó a testigos a través de terceros.
"El investigado y su defensa (...) tendrán la oportunidad de solicitar pruebas y participar en el debate oral con la práctica e incorporación de medios probatorios y alegaciones, que deberá culminar con la emisión de un fallo", dijo un comunicado de la fiscalía.
Los altos magistrados fueron más allá y en agosto de 2020 ordenaron el arresto domiciliario del expresidente, mientras avanzaban en su investigación.
Luego Uribe renunció al Senado y su expediente pasó a un tribunal ordinario, que levantó la orden de reclusión que pesaba en su contra y reinició todo el proceso.
Cepeda recibió el llamado a juicio con "satisfacción", según dijo a la televisora estatal RTVC. "Es más de una década, prácticamente 12 años, de estar luchando frente a los tribunales (...) luego de tantos intentos por cerrar este caso, pues al final aparece la voz de la justicia", declaró el senador izquierdista.
Basado en testimonios de exparamilitares, Cepeda ha denunciado durante más de una década los supuestos vínculos de Uribe con la creación de un grupo de autodefensa ilegal. El expresidente lo demandó y ahí arrancó uno de los procesos más sonados en la historia del país.
Según el escrito de acusación de la fiscalía filtrado este martes por medios, Uribe "impartió instrucciones precisas" para que su abogado Diego Cadena y allegados "contactaran a exparamilitares" con el fin de que cambiaran su versión "a cambio de dinero en efectivo" y otros "beneficios".
Cadena enfrenta también un juicio por presuntamente haber ofrecido dinero a un exparamilitar para que se retractara de testificar contra Uribe.
El llamado a juicio es la primera bomba mediática del ente investigador desde la llegada de la nueva fiscal general Luz Camargo, hace un par de semanas. La jurista fue elegida por la Corte Suprema de una terna propuesta por el presidente de izquierda Gustavo Petro, adversario histórico de Uribe.
Bajo la dirección anterior de Francisco Barbosa, el Ministerio Público había solicitado a la justicia archivar este caso en varias ocasiones, pedido que jueces rechazaron por considerar que hay evidencia suficiente para llevar a Uribe a juicio.
Uribe que el juicio al que fue llamado la víspera por presunta manipulación de testigos responde a "venganzas políticas" y denunció ser acusado "sin pruebas”.
"Este juicio lo adelantan por persecuciones políticas, por animadversiones personales, por venganzas políticas, sin pruebas que permitan inferir que yo buscaba sobornarles (a testigos) o engañar a la justicia", aseguró el miércoles el exmandatario (2002-2010) en una declaración transmitida en vivo por sus redes sociales.
El expresidente insistió este miércoles en su inocencia y denunció vicios en el prolongado proceso.
Según Uribe, su llamado a juicio también "da señales para la motivación de un acuerdo de paz total o para una ley de punto final".
"Que le perdonen a los delincuentes como lo hicieron con las FARC y lo justifiquen con la ficción de perdonar a quienes no hemos delinquido", añadió.
La guerrilla de las FARC firmó en 2016 un histórico acuerdo de paz con el gobierno que permitió desmovilizar al grueso de sus filas, un pacto criticado por Uribe pues lo considera indulgente con los rebeldes.
Uribe se expone a una pena de hasta ocho años de cárcel. Su caso puede prescribir el 9 de octubre de 2025 si no se dicta un fallo antes, según su abogado.
El presidente Gustavo Petro, histórico opositor de Uribe, aseguró en un mensaje en X que su "gobierno no persigue ni perseguirá a la oposición y se mantendrá lejos de cualquier intervención en los procesos de la justicia”.
Con información de AFP y Reuters
