El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, inicialmente había declarado la ley marcial el martes de esta semana como medida ante una situación de emergencia, a lo que el declaraba como actividades "antiestatales".
Sin embargo, esta decisión fue revocada poco después debido a una decisión unánime dentro del gobierno, especialmente tras un intenso debate sobre su posible impacto en los derechos civiles y las libertades personales.
La retirada de la ley marcial se basó en la evaluación de que no era necesaria para controlar la situación, y que su implementación podría haber causado más daños que beneficios, aumentando el riesgo de disturbios y tensión en la población.
De acuerdo con Britannica, la ley marcial es un régimen temporal en el que las autoridades militares asumen el control de un área designada durante situaciones de emergencia, como guerras, rebeliones o desastres naturales, cuando las autoridades civiles no pueden ejercer sus funciones.
Esta medida implica la suspensión de los derechos civiles habituales y puede incluir la aplicación de la justicia militar al público civil. Aunque teóricamente es temporal, en algunos casos puede extenderse de manera indefinida.
En Corea del Sur, esta medida está estipulada en la Constitución y puede ser declarada por el presidente cuando el orden público y la seguridad nacional están gravemente amenazados.
La ley marcial surcoreana tiene particularidades que la diferencian de su aplicación en otros países, según el Martial Law Command Decree No. 1 de Corea del Sur, todas las actividades políticas, incluyendo las de la Asamblea Nacional, los partidos políticos, las asociaciones civiles y las manifestaciones, están estrictamente prohibidas mientras esté vigente la ley marcial.
Además, cualquier acción que busque subvertir el sistema democrático, como la difusión de noticias falsas, la manipulación de la opinión pública o la incitación al desorden social, será considerada ilegal y sancionada.
El decreto también contempla el control estatal sobre los medios de comunicación y las publicaciones, bajo el argumento de evitar la desinformación y proteger el orden público. En cuanto al ámbito laboral, las huelgas, paros y reuniones que puedan alterar la estabilidad social quedan prohibidas.
Se hace especial énfasis en el sector salud, ordenando a los médicos y al personal sanitario que se encuentren en huelga regresar a sus labores en un plazo de 48 horas, con la advertencia de sanciones legales en caso de incumplimiento.
Durante la década de los 70, Corea del Sur vivió bajo un régimen militar autoritario con el ascenso de Park Chung-hee, quién llegó al poder en 1961 tras un golpe de estado y consolidó su autoridad con un gobierno autoritario que, aunque impulsó un crecimiento económico notable, estuvo marcado por la represión política y social.
De acuerdo a Jenny Lee para Press Books , en junio de 1964, al rededor de 15,000 estudiantes de todo el país se manifestaron en contra de la administración de Park, exigiendo su dimisión después de que anunciara su intención de reanudar las negociaciones económicas y comerciales con Japón.
Como respuesta, el gobierno declaró ley marcial, sometiendo a los medios a una severa censura, cerró escuelas y hubo detenciones masivas a estudiantes y periodistas.
Casi diez años despúes, en octubre de 1972, proclamó nuevamente la ley marcial aplicando restricciones, introduciendo la Constitución Yusin (que significa "revitalización"). Esto puso en una situación comprometida los derechos democráticos básicos de los surcoreanos. Suspendió la Constitución existente, disolvió la Asamblea Nacional y los partidos políticos, y prohibió todas las actividades políticas. Entre las restricciones se encontraba "no criticarlo".
Después de 18 años de mandato autoritario, el 26 de octubre de 1979, Park Chung Hee fue asesinado por Kim Jae-gyu, director de la KCIA, en lo que podría haber sido un intento de golpe de estado.
Tras el asesinato de Park Chung-hee en 1979, Corea del Sur atravesó un periodo de inestabilidad política. El nuevo presidente, Choi Kyu-hah, asumió el cargo, pero rápidamente el poder pasó a manos del general Chun Doo-hwan, quien, mediante un golpe de estado en diciembre de ese mismo año, tomó el control del gobierno.
En mayo de 1980, tras un periodo de protestas y disturbios por la mala situación económica y política, Chun declaró la ley marcial en un intento de controlar la situación con una represión más estricta, disolviendo la Asamblea Nacional y suspendiendo las libertades civiles. Se levantaron diversas protestas, pero la de la Ciudad de Gwanju, es la que más destaca.
Los ciudadanos de Gwangju, mayormente estudiantes y trabajadores, se levantaron exigiendo la restauración de la democracia y el fin de la dictadura militar. Sin embargo, la respuesta del régimen fue brutal, mientras las cifras oficiales aseguraban entre 200 y 300 asesinatos, otras investigaciones señalan que alcanzaron casi 2000.
Tras la masacre de Gwangju, el país vivió bajo un control militar cada vez más cuestionado. Sin embargo, las presiones internas y las manifestaciones crecientes por la democratización llevaron al final del régimen autoritario.
En 1987, un gran movimiento democrático, que incluyó huelgas y manifestaciones masivas, forzó la transición hacia un sistema democrático. Esto culminó con la promulgación de una nueva constitución en 1987 que permitió la elección directa del presidente, lo que significó el fin de la ley marcial y el retorno a un sistema electoral más democrático.
