El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha venido acompañado de decisiones polémicas desde su primer día en el cargo. Una de las más controversiales es su orden ejecutiva para eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento al reinterpretar la Enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos, ratificada en 1868.
La Enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos, aprobada por el Senado el 8 de junio de 1866 y ratificada el 9 de julio de 1868, es un pilar fundamental para garantizar la igualdad de derechos en el país.
Fue promulgada tras la Guerra Civil como parte de un esfuerzo para proteger a los afroamericanos emancipados, estableciendo que: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del Estado en el que residen”.
Esto significa que cualquier persona nacida en territorio estadounidense tiene derecho a la ciudadanía, independientemente del estatus migratorio de sus padres.
Además de garantizar la ciudadanía por nacimiento, la Enmienda 14 introdujo el principio de “igual protección bajo la ley” para todos los ciudadanos y otorgó al Congreso la autoridad para hacer cumplir estas disposiciones.
Este marco legal ha sido fundamental para la aprobación de legislaciones emblemáticas, como la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derecho al Voto de 1965.
Desde su promulgación, millones de personas han sido otorgadas con la nacionalidad estadounidense.
De acuerdo con diferentes reportes del Pew Research Center, en 2014, aproximadamente 4.7 millones de niños vivían con al menos un padre en situación irregular y en 2016 había cerca de 250,000 bebés.
Mientras que la última cifra disponible señala que en 2022, al menos 1.3 millones de adultos estadounidenses eran hijos de inmigrantes sin autorización.
Donald Trump firmó el lunes una orden ejecutiva que consiste en la reinterpretación de la Enmienda 14 de la Constitución estableciendo restricciones para quienes nacen en el país bajo ciertas condiciones.
La orden, que lleva por título "Protegiendo el significado y valor de la ciudadanía estadounidense", estipula que las personas nacidas en Estados Unidos ya no recibirán automáticamente la ciudadanía si su madre estaba en el país de manera ilegal o si su presencia era temporal, como en el caso de quienes ingresan con visas de turista, estudiante o trabajo.
Además, la orden excluye a aquellos nacidos en estas circunstancias si el padre no era ciudadano estadounidense o residente permanente en el momento del nacimiento.
De igual manera, prohíbe que las agencias gubernamentales reconozcan la ciudadanía de estas personas, impidiendo la emisión de documentos oficiales que certifiquen su estatus de ciudadanos. En consecuencia, todos los departamentos y agencias del gobierno de Estados Unidos deberán ajustar sus políticas y procedimientos para cumplir con esta nueva interpretación de la ley.
La medida tomará efecto después de 30 días de la emisión de la orden, y solo aplicará a los nacimientos que ocurran después de esa fecha.
Sin embargo, esta no fue la primera vez que Trump buscaba eliminar este derecho, desde 2018 ya impulsaba esta orden bajo el argumento que incentivaba la migración indocumentada y el "turismo de nacimiento".
Durante ese periodo, ya también aseguraba que sólo Estados Unidos otorgaba este derecho, lo cual es falso.
Algunos países, como Chile, México y Brasil, otorgan automáticamente la nacionalidad a quienes nacen en su territorio, con excepciones para los hijos de diplomáticos o de fuerzas extranjeras en tiempo de guerra.
Otros, como República Dominicana y Malasia, imponen restricciones, limitando la nacionalidad a los hijos de residentes legales o permanentes.
En muchos países europeos, la nacionalidad se basa en el ius sanguini, como en Francia, donde los hijos de extranjeros nacidos en el país deben solicitar la ciudadanía al cumplir 18 años.
Por su parte, este martes, fiscales generales de 18 estados, junto con las ciudades de Washington y San Francisco, presentaron una demanda en un tribunal federal buscando bloquear la medida del presidente, que pretende poner fin a una política migratoria que ha estado en vigor durante décadas.
Los estados que se han sumado a la demanda incluyen Nueva Jersey, California, Massachusetts, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Rhode Island, Vermont y Wisconsin.
El fiscal general de Nueva Jersey, Matt Platkin, subrayó que, aunque los presidentes tienen amplias atribuciones, no están por encima de la ley. “El presidente no puede, de un plumazo, borrar de la existencia la 14 Enmienda, punto”, afirmó.
