La Corte Suprema de EU rechazará demanda de México contra fabricantes de armas

México libra una guerra judicial contra ocho fabricantes de armas estadounidenses desde 2021 a los que reclama 10,000 millones de dólares por daños sufridos en su territorio.

Se trata de los grupos Smith & Wesson, Beretta, Colt, Glock, Century Arms, Ruger y Barrett y el vendedor y distribuidor Interstate Arms, a los que acusa de comercio "negligente e ilícito" que "auxilia e instiga" al tráfico de armas que producen serios daños en México.

"Si México está en lo cierto, entonces cada organización de aplicación de la ley en Estados Unidos ha ignorado la mayor conspiración criminal de la historia realizada bajo sus propias narices", alegó Noel Francisco, abogado de Smith & Wesson.

Ese grupo recurrió junto a Interstate Arms a la Corte Suprema para que zanje el caso, después de que una Corte de Apelaciones lo reabrió, al aducir que hay una excepción a la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas ( PLCAA, en inglés) vigente.

"Y Budweiser (la cerveza nacional que pertenece a la multinacional AB InBev) es responsable de cada accidente causado por bebedores menores de edad ya que la empresa sabe que los adolescentes van a comprar cerveza, conducir en estado de ebriedad y provocar accidentes", ironizó Noel Francisco.

En 2022, un juez desestimó el caso alegando que las reclamaciones de México tropezaban con la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA), aprobada por el Congreso en 2005 y que exime a los fabricantes de armas de responsabilidad civil por el uso que los delincuentes hagan de sus productos.

Pero una Corte de Apelaciones resucitó el caso, justificando que hay una excepción a la ley.

"Río de hierro"

"Estos fabricantes saben que venden productos peligrosos a comerciantes deshonestos que luego las revenden a testaferros que trabajan para los cárteles", alegó la abogada de México Catherine Stetson.

"Se trata de un río de hierro que bombea hasta medio millón de armas, o más, cada año a México", dijo por su parte el asesor jurídico de la Cancillería mexicana, Pablo Arrocha, en un comunicado.

"Los fabricantes de armas estadounidenses, así como los distribuidores y los vendedores, alimentan este río, con pleno conocimiento de causa", denunció.

"Para frenar a los cárteles, es imperante cortar el suministro de sus armas de fuego" zanjó.

Presión con aranceles

La vista de la Corte Suprema coincide con la entrada en vigor de los aranceles del 25% a los productos mexicanos que entran al mercado estadounidense, un arma que blande la administración de Donald Trump para presionar a las autoridades mexicanas a que luchen contra el tráfico de droga.

En particular contra el fentanilo, un poderoso opioide sintético que mata a miles de personas cada año en Estados Unidos.

Trump declaró recientemente como grupos terroristas a seis cárteles mexicanos de la droga, entre ellos el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, en un intento de forzar a las autoridades mexicanas, acusadas de connivencia, a luchar contra sus actividades ilícitas.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, que niega de plano dichas acusaciones, amenazó recientemente a los fabricantes de armas de ampliar las acciones legales para acusarlos de "complicidad" con grupos terroristas.

El presidente republicano, que sufrió dos intentos de asesinato durante su campaña electoral, es un defensor a ultranza del derecho de portar armas, garantizado por la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

México ha registrado más de 340,000 asesinatos y unos 100,000 desaparecidos, la mayoría atribuidos a las organizaciones criminales, desde el lanzamiento de una ofensiva militar antidrogas en diciembre de 2006.

Asimismo, el gobierno mexicano presentó una segunda demanda en un tribunal de Arizona, estado que junto con Texas supone una de las principales vías del contrabando de armas a México, contra cinco comercios, a los que acusa de negligencia, alteración del orden público y enriquecimiento ilícito.