El hecho cambió el ritmo de las deportaciones, por lo que el presidente Donald Trump tomó represalias y canceló los permisos de operación a la petrolera Chevron en territorio venezolano.
A su vez, las autoridades venezolanas señalaron obstáculos por parte del Departamento de Estado para los vuelos de retorno a su país.
Estados Unidos aplicó una ley de 1798 para deportar a ciudadanos venezolanos a El Salvador, bajo el argumento de vínculos con la banda Tren de Aragua, grupo que la administración Trump declaró organización terrorista.
Venezuela niega la existencia de miembros de dicha organización entre los deportados y denuncia intentos de criminalización contra la migración venezolana.
La crisis migratoria de Venezuela alcanza 7.5 millones de personas desde 2014, según datos de Naciones Unidas.
Las relaciones diplomáticas entre ambos países permanecen rotas desde 2019, cuando Trump impuso sanciones petroleras tras cuestionar la legitimidad electoral de Maduro.
Washington tampoco reconoce el actual mandato de Maduro tras las elecciones de julio pasado, donde la oposición proclamó ganador a Edmundo González Urrutia.
Venezuela reporta la repatriación de 900 personas desde febrero, 400 procedentes de Estados Unidos y el resto desde México.
