El gobierno de Guatemala detuvo este miércoles al viceministro de Energía y Minas, Luis Pacheco, por supuestos delitos vinculados a las manifestaciones que en 2023 respaldaron al entonces presidente electo Bernardo Arévalo.
La captura del funcionario, un líder indígena maya, intensificó la confrontación política entre el Ejecutivo y la fiscal general, Consuelo Porras, acusada de intentar evitar la toma de posesión presidencial.
La Fiscalía solicitó el arresto de Pacheco, quien en 2023 encabezó una de las organizaciones que convocaron protestas contra Porras. El portavoz del Ministerio Público, Moisés Ortiz, confirmó que se le acusa de “asociación ilícita, instigación a delinquir, terrorismo, obstaculización a la acción penal y obstrucción de justicia”.
Pacheco fue detenido junto a otra persona, también acusada de los mismos delitos, y trasladado a los tribunales de la capital para una audiencia inicial.
“Aquí estoy con la frente en alto, tranquilo, triste, sí, eso sí les digo. Indignado también”, declaró el viceministro, quien rechazó todos los cargos y aseguró que goza de inmunidad.
El presidente Bernardo Arévalo, quien asumió el poder en enero de este año tras un proceso electoral ampliamente cuestionado por el Ministerio Público, reaccionó en rueda de prensa.
“La orden de captura contra Luis Pacheco [...] es un acto de criminalización de la resistencia democrática y pacífica que tuvo lugar en ese momento”, afirmó. “Es un ataque contra la lucha de resistencia que hizo el pueblo de Guatemala en el 2023 para evitar que estas redes político-criminales que hoy permanecen agazapadas en el Ministerio Público se robaran las elecciones y burlaran la voluntad popular”, añadió.
Entre octubre de 2023 y enero de 2024, miles de guatemaltecos se manifestaron para exigir la renuncia de la fiscal general y para defender la legitimidad del triunfo electoral de Arévalo.
Las protestas incluyeron bloqueos de carreteras y movilizaciones en todo el país. Durante ese periodo, organizaciones sociales y liderazgos indígenas denunciaron intentos sistemáticos de deslegitimar el proceso electoral.
Porras, quien dirige el Ministerio Público desde 2018 y fue reelegida en 2022 por el expresidente Alejandro Giammattei, es señalada de obstaculizar investigaciones anticorrupción y de favorecer intereses políticos. La fiscal general enfrenta sanciones internacionales: Estados Unidos y la Unión Europea la califican como una figura “corrupta” y “antidemocrática”.
El arresto de Pacheco reavivó la exigencia del presidente Arévalo de remover a la fiscal general. Aunque su mandato se extiende hasta mayo de 2026, el mandatario no cuenta con las facultades legales para destituirla.
“Tienen ustedes (diputados) en sus manos la posibilidad de impedir que esta gavilla de criminales siga actuando impunemente”, declaró Arévalo, al pedir al Congreso que apruebe la iniciativa presentada en 2023 para recuperar esa potestad.
A esta tensión se sumó una medida internacional. El gobierno británico anunció el 2 de abril un paquete de sanciones contra “siete actores corruptos” de Guatemala, entre ellos Consuelo Porras y el expresidente Alejandro Giammattei. Londres explicó que ambos “han socavado la democracia y el estado de derecho” en el país centroamericano.
El Ministerio de Relaciones Exteriores británico detalló en un comunicado que “las personas objeto de las sanciones estarán sujetas a prohibiciones de viaje y congelación de activos”. Según el texto, “Giammattei se benefició de importantes actos de corrupción, incluyendo la reelección de Porras para atacar a sus rivales políticos y socavar las investigaciones anticorrupción”.
“El Reino Unido sigue profundamente preocupado por los continuos intentos de socavar al gobierno de (el actual presidente) Arévalo por parte de actores corruptos vinculados a la administración anterior”, indicó la cancillería.
La fiscal Porras rechazó las sanciones desde Ciudad de Guatemala. “A pesar de los intentos de obstruir el trabajo de esta institución, seguiremos adelante con nuestras investigaciones sin ceder ante presiones nacionales e internacionales”, afirmó en conferencia de prensa.
El comunicado británico también hizo referencia al llamado “Pacto de Corruptos”, una red señalada por diversos sectores de la sociedad guatemalteca de estar conformada por fiscales, jueces, políticos y empresarios con influencia directa en las instituciones públicas.
Este grupo actuó para cerrar medios críticos como El Periódico y encarcelar a su fundador, José Rubén Zamora, tras publicar investigaciones sobre sobornos de una empresa minera rusa a cambio de licencias favorables durante el mandato de Giammattei.
