Un juez federal de San Francisco impidió el jueves que el gobierno de Donald Trump retenga la financiación federal a varias jurisdicciones denominadas santuario que se han negado a cooperar con la mano dura del presidente republicano en materia de inmigración.
Un juez de EU impide a Trump retener fondos a 16 ciudades y condados "santuario"
Las ciudades argumentan que la administración está tratando de castigarlos por ejercer sus derechos a limitar el uso de sus recursos para la aplicación de la inmigración civil federal.
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El juez de distrito William Orrick emitió la orden judicial a petición de 16 ciudades y condados a nivel nacional liderados por San Francisco, que en una demanda presentada en febrero argumentaron que la administración está tratando ilegalmente de obligar a los funcionarios locales a cooperar con las detenciones federales de inmigración.
Estas jurisdicciones incluyen las ciudades de Mineapolis, New Haven, Portland, St. Paul, Santa Fe y Seattle. Argumentan que la administración está tratando de castigarlos por ejercer sus derechos a limitar el uso de sus recursos para la aplicación de la inmigración civil federal.
La demanda cuestionaba un decreto firmado por Trump que amenazó con cortar la financiación federal a las jurisdicciones santuario que limiten o se nieguen a cooperar con la aplicación de la ley federal de inmigración, incluido el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
Durante su primer mandato, Trump firmó en 2017 un decreto similar dirigido a las jurisdicciones santuario. San Francisco también demandó entonces, lo que llevó a Orrick a bloquear la política en un fallo que fue confirmado por la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco.
"Aquí estamos de nuevo", escribió el jueves Orrick, nombrado por el presidente demócrata Barack Obama.
Orrick dijo que una medida cautelar de bloqueo de la aplicación del último decreto de Trump está igualmente justificada, ya que las jurisdicciones locales establecieron que es probable que imponga condiciones de forma inconstitucional a la financiación federal sin autorización del Congreso y atente contra los derechos de las localidades al debido proceso.
Las localidades presentaron la querella un día después de que el Departamento de Justicia demandó al estado de Illinois y a la ciudad de Chicago, solicitando una orden judicial que bloqueara las llamadas leyes santuario, que impiden a las fuerzas del orden estatales y locales ayudar a los funcionarios federales de inmigración civil.
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