La Corte Suprema de Estados Unidos desestimó este jueves una demanda del gobierno mexicano que acusa a fabricantes estadounidenses de armas de haber contribuido a la violencia de los cárteles de la droga.
En un fallo unánime, el máximo tribunal declaró que una legislación federal, la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA), exime de responsabilidad a los fabricantes de armas.
"La principal alegación de México —que los fabricantes optan por vender armas a, entre otros, conocidos traficantes deshonestos— no cumple con ese requisito", declaró la jueza Elena Kagan.
"La demanda de México no alega de forma plausible que los fabricantes demandados hayan ayudado e instigado la venta ilegal de armas de fuego por parte de los traficantes de armas a traficantes mexicanos", añade.
El fabricante de armas Smith & Wesson y la distribuidora de armas Interstate Arms solicitaron el rechazo de la demanda del gobierno mexicano, que lleva en los tribunales estadounidenses desde 2021.
México, bajo creciente presión del presidente Donald Trump para frenar el narcotráfico, acusó a los fabricantes de armas de ser cómplices de la venta ilegal de armas porque en su opinión están al corriente de que algunos de sus productos se venden ilegalmente a los cárteles de la droga.
Un juez federal desestimó el caso en 2022. Argumentó que las demandas de México chocan con la protección de la PLCAA, aprobada por el Congreso en 2005 y que exime a los fabricantes de armas estadounidenses de responsabilidad por el uso indebido de sus productos.
Un tribunal de apelaciones resucitó el caso alegando una excepción a la ley, y Smith & Wesson e Interstate Arms solicitaron amparo a la Corte Suprema.
México sostiene que entre el 70% y el 90% de las armas recuperadas en escenas de crímenes han sido traficadas desde Estados Unidos.
El vecino del sur de Estados Unidos controla estrictamente la venta de armas de fuego, lo que hace prácticamente imposible obtenerlas legalmente.
Aun así, la violencia vinculada al narcotráfico causó la muerte de más de 480,000 personas en México desde que el gobierno desplegó al ejército para combatirlo en 2006, de acuerdo con cifras oficiales.
