WASHINGTON- El Senado de Estados Unidos, controlado por los republicanos, aprobó el martes el proyecto de ley de recortes de impuestos y gastos del presidente Donald Trump, dando el visto bueno a un paquete que consagrará muchas de las prioridades del Gobierno y que sumará 3.3 billones de dólares a la deuda nacional.
El proyecto de ley vuelve ahora a la Cámara de Representantes para su aprobación final.
Trump presionó a los legisladores para que pueda promulgarlo y se convierta en ley antes del 4 de julio, el Día de la Independencia.
Los republicanos de Trump tuvieron que caminar por una senda estrecha para sacar adelante el proyecto de ley de 940 páginas en un Congreso que controlan por escaso margen.
Sin embargo, hasta ahora han logrado mantenerse en gran medida unidos. Solo tres de los 53 republicanos del Senado se unieron a los demócratas para votar contra el paquete, que fue aprobado por 51 sufragios a favor y 50 en contra gracias al voto de desempate del vicepresidente JD Vance.
La votación se dio después de un debate que duró toda la noche, en el que los republicanos tuvieron que lidiar con el costo de la ley y su impacto en el sistema sanitario estadounidense.
No quedó claro de inmediato qué cambios habían introducido en el enorme paquete para resolver esas preocupaciones.
Es probable que la votación en la Cámara de Representantes, en la que los republicanos tienen una mayoría estrecha de 220-212, también sea reñida.
El proyecto de ley hace permanentes los recortes de impuestos a las empresas y los ingresos personales de 2017 de Trump, que expiran a finales de este año, y considera nuevas exenciones para los ingresos por propinas, horas extras y personas mayores que prometió durante las elecciones de 2024.
El proyecto prevé destinar decenas de miles de millones de dólares a las medidas de Trump contra la inmigración y derogaría muchos de los incentivos del presidente demócrata Joe Biden a la energía verde.
Además, endurecería las condiciones para acceder a los programas de la red de seguridad alimentaria y sanitaria, lo que, según analistas no partidistas, reduciría efectivamente los ingresos de los estadounidenses más pobres, que tendrían que pagar más de esos costos.
