Las cortes de inmigración de Estados Unidos, donde quienes enfrentan un proceso de depuración pueden defender sus casos, se convirtieron durante el gobierno de Donald Trump en un emblema de la campaña del presidente para acelerar las detenciones y expulsiones de migrantes.
La presencia de agentes del Servicio de inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) se volvieron una presencia común en estos espacios.
En un cambio de política, el gobierno de Trump exhorta a los jueces de migración —que forman parte del Departamento de Justicia— a desestimar los casos de los migrantes y, a la salida de las audiencias, agentes vestidos de civil y con pasamontañas que les cubren el rostro los detienen cuando salen del edificio.
Sin embargo, los problemas de las cortes migratorias no comenzaron durante la administración Trump. Desde hace años, estos tribunales viven una crisis provocada por la saturación, pero también por la falta de reformas administrativas y legislativas que les ayuden a funcionar mejor.
Hasta julio de 2025, las cortes migratorias tienen 3.8 millones de casos pendientes, de acuerdo con un informe del Instituto de Políticas Migratorias (MPI).
En los últimos años, los casos de deportación, así como la llegada de más solicitantes de asilo en las protejas han aumentado la presión sobre las cortes, que ya enfrentaban problemas de eficacia.
“La acumulación ha socavado las funciones clave del sistema de inmigración de los Estados Unidos, aplicación de la inmigración y protección humanitaria, ya que los retrasos significan que aquellos que necesitan protección no la reciben, y a los que no son elegibles no se les ordena su eliminación de manera oportuna”, indica el MPI.
A diferencia de los tribunales federales, que son independientes, los tribunales de inmigración y su órgano de apelación, la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA), se encuentran dentro de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), que es supervisada por el Departamento de Justicia.
Hasta de 2025, había 685 jueces de inmigración en 75 tribunales de inmigración y 17 jueces de apelación que servían en la BIA.
Por lo menos 139 jueces de inmigración han sido despedidos, trasladados o se han retirado anticipadamente, desde enero de este año.
Los casos de expulsión que manejan los jueces se consideran procedimientos administrativos, no penales, por lo cual los no ciudadanos tienen derecho a un abogado, pero el gobierno no está obligado a proporcionar representación a aquellos que no pueden permitírselo.
Los no ciudadanos tardan un promedio de cuatro años en recibir una audiencia de asilo, y una decisión final puede llevar mucho más tiempo con las apelaciones, señala el informe.
Durante la primera administración de Trump y el gobierno del demócrata Joe Biden se llevaron a cabo acciones ejecutivas para modificar el funcionamiento de estos tribunales, medidas que son vulnerables a ser bloqueada por otros juzgados o revertidlas en la siguiente administración.
El Congreso, por su parte, no haha elevado el financiamiento destinado a las cortes migratorias.
La One Big Beautiful Bill, que se convirtió en ley en julio de 2025, proporcionó fondos adicionales para que la EOIR contratara jueces de inmigración, pero topó sus rangos en 800, muy por debajo de los 1,300 jueces que algunos analistas estiman que serían necesarios para trabajar en el retraso que sufre el sistema en el transcurso de una década.
La llegada récord de inmigrantes a Estados Unidos a través de la frontera entre Estados Unidos y México durante la administración de Joe Biden agravó el problema de acumulación que ya sufrían las cortes migratorias,
Durante el año fiscal 2022, entre octubre de 2021 y septiembre de 2022, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) encontró de 1.5 millones de individuos únicos en la frontera suroeste y con 246,000 que trataron de cruzar en múltiples ocasiones.
Con las instalaciones de procesamiento fronterizo abrumadas, muchos fueron liberados en Estados Unidos con avisos de comparecencia (NTA) en un tribunal de inmigración para procedimientos de deportación, a menudo con audiencias iniciales programadas en años.
En el año fiscal 2024, los tribunales recibieron un récord de 1.8 millones de nuevos casos de deportación.
En respuesta, Biden nombró suficientes jueces de inmigración para alcanzar el número máximo permitido por el Congreso, 735, y aumentó la finalización de los casos a niveles récord al cerrar casos de baja prioridad y emitir órdenes de expulsión a los no ciudadanos que se perdieron las audiencias judiciales.
Solo en en el año fiscal 2024, los jueces de inmigración completaron 704,000 casos, un récord anual.
Sin embargo, el DHS continuo con el envió de más casos de los que los juzgadores podrían el ritmo. Entre el año fiscal 2021 y el año fiscal 2024, la saturación se duplicó.
El número récord de solicitudes de asilo fue un reto especialmente duro para las cortes migratorias en este periodo. En el año fiscal 2024, 906,000 solicitudes de asilo fueron presentadas, casi 400,000 más que en el años fiscal 2023.
Para tratar de ralentizar las llegadas en la frontera, la administración Biden, restringió el acceso a asilo.
La estrategia de Trump ha sido evitar las cortes migratorias en medida de lo posible y acelerar los casos que quedan.Su administración ha utilizado la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 y un proceso administrativo llamado expulsión acelerada para agilizar la deportación de ciertos no ciudadanos sin audiencias judiciales.
Sin embargo, la Corte Suprema afirmó que los no ciudadanos tienen derecho a un debido proceso bajo esta ley, y que la mayoría de los inmigrantes que Trump busca expulsar son elegibles para una audiencia ante una corte migratoria.
Mientras el DHS aumenta el número de arrestos de no ciudadanos al interior de Estados Unidos com parte de la campaña de deportación masiva de Trump, más casos serán añadidos a la carga y los jueces tendrán problemas para mantenerse al día.
El ICE ha aumentado su presencia afuera de las cortes migratorias para arrestar a inmigrates. Se han presentado varias demandas en los tribunales federales que impugnan la expansión de la deportación acelerada y los arrestos en los tribunales de inmigración. Los jueces federales han bloqueado temporalmente la expansión de la deportación acelerada, pero han permitido que los arrestos en los tribunales sigan adelante.
Los arrestos en tribunales han disuadido a muchos no ciudadanos de asistir a las audiencia en persona o en absoluto, lo que puede llevar a un aumento en la emisión de órdenes de remoción in absentia (en ausencia).
El MPI dice que una reforma fundamental es el aumento significativo de la financiación para las adjudicaciones, lo cual debe ser proporcional al gasto histórico en la aplicación de la ley migratoria. Estos fondos deben destinarse a la capacitación y contratación de jueces y personas de apoyo permanentes.
Un estudio experto citado por el MPI recomendó que la financiación de EOIR debería establecerse en el 6% de los presupuestos combinados de las agencias de control, como el ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
Para permitir que los jueces de inmigración se concentren en los casos de alta prioridad, los funcionarios de asilo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) deberían decidir los casos de asilo presentados en la frontera, además de los casos presentados por no ciudadanos que ya se encuentran en el país.
Los jueces de inmigración deberían centrarse en los casos de expulsión de alta prioridad y en otros tipos de reclamaciones que solo ellos pueden decidir, como la cancelación de la deportación.
Los casos que los oficiales de asilo no concedan serían remitidos a los jueces de inmigración, pero la responsabilidad de estos últimos sería revisar y confirmar o revocar la decisión del oficial de asilo, en lugar de escuchar el caso de nuevo, salvo que haya una clara presentación de nueva evidencia.
