El gobierno, que ganó las elecciones de 2022 con la promesa de reducir la inmigración y tomar medidas enérgicas contra el crimen, ha dicho que las personas que se portan mal o cometen delitos no son bienvenidas.
"El respeto a las leyes y normas es algo obvio, pero también debe serlo que hagamos todo lo posible por vivir de manera responsable y no perjudicar a nuestro país", declaró el ministro de Migración, Johan Forssell, en una conferencia de prensa el 24 de marzo, cuando presentó la iniciativa.
"Si, por ejemplo, no pagas tus deudas, si no cumples con las decisiones de las autoridades suecas, si abusas del sistema de ayudas, si obtienes un permiso de residencia sueco por medios fraudulentos... entonces no tienes derecho a estar aquí", añadió.
En Suecia hay alrededor de 2.2 millones de personas que nacieron en otro país, o un poco más del 20 por ciento de la población. Una de las razones más comunes para mudarse a Suecia, aparte del trabajo, es reunirse con la familia.
Alrededor de 2015, hubo un pico en los solicitantes de asilo, principalmente debido a la Guerra Civil Siria, pero una gran proporción de personas también llegó de Afganistán e Irak. Más de uno de cada cinco eran niños que llegaron sin padres u otro tutor legal, de acuerdo con las autoridades suecas.
De 2014 a 2018, los sirios formaron el grupo de inmigrantes más grande que venía a Suecia cada año. Después de 2015 hubo una gran caída en las solicitudes de asilo, en parte debido a los cambios en la política migratoria de Suecia.
Esta nueva medida amenaza con facilitar la retirada de los permisos de residencia de migrantes. Entrará el vigor el 13 de julio.
La ley ha sido criticada por la oposición y los grupos de defensa de los derechos humanos como arbitraria porque las decisiones se tomarían sobre un comportamiento que no se ha considerado criminal
De acuerdo con la ONG de derechos humanos Civil Rights Defenders, esta medida podría hacer tambalear el principio de igualdad de trato, y es poco clara.
"Un dispositivo así podría tener un efecto disuasorio sobre la libertad de expresión y causar una mayor autocensura", afirmó John Stauffer, abogado principal de la ONG, en un comunicado enviado a la AFP después del envío de la iniciativa.
"Algunos actos o palabras que no tienen consecuencias legales para los ciudadanos suecos podrían, en cambio, provocar la expulsión de personas que no tienen la nacionalidad sueca (...) Esto crea, en la práctica, reglas diferentes según quién seas", agregó.
