La falta de un documento frena el acceso al empleo de los refugiados en México

Solo durante 2025, el país recibió 70,500 solicitudes de asilo, indica esta oficina en su informe anual 2025, con base en los datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados (COMAR).

Tapachula, en la frontera sur, aún es la puerta de entrada más importante para las personas que buscan asilo. Un 42% de las solicitudes de asilo ocurren en esta ciudad, mientras que un 30% ya se realizan en Ciudad de México.

En los estados del norte del país, las solicitudes de asilo aumentaron 56% respecto a 2024.

El 82% de los solicitantes provienen de Cuba, Venezuela o Haití, tres países que atraviesan las crisis humanitarias más urgentes en el continente.

Para muchas de estas personas, que huyen de sus países sin documentos o con muy pocos de ellos, encontrar un empleo formal o acceder a servicios bancarios se convierte en un nuevo obstáculo.

Un documento clave

Las personas refugiadas y solicitantes de asilo tienen derecho a obtener empleo, de acuerdo con la legislación mexicana; sin embargo, este derecho es truncado en la actualidad por la falta de un documento, la tarjeta de visitante por razones humanitarias (TVRH). Desde octubre de 2023, la emisión de este documento se encuentra suspendida.

De acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP) de la Secretaría de Gobernación, en 2023 se entregaron 94,829 TVRH a solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado, mientras que en 2024 solo se emitieron 618 y, hasta julio de 2025, 1,918.

Esto representa una reducción de alrededor de 99.3% respecto a 2023 para 2024, y de aproximadamente 98% para 2025.

La ACNUR señala que la falta de este documento obstaculiza el acceso de las personas solicitantes a servicios y derechos básicos, sobre todo al empleo formal durante el tiempo que dure su trámite de asilo.

“Las personas tienen que subsistir por sus propios medios durante el tiempo que están en el trámite sin la documentación, lo que les orilla a veces a trabajar en el sector informal. Esa transición del sector informal al formal, pues se va dificultando conforme va pasando más tiempo”, dijo Maria Echandi, directora asociada de Soluciones Duraderas de ACNUR México, en entrevista.

Además, esta vulnerabilidad documental las expone a riesgos graves como la explotación laboral, el robo de salarios, la extorsión e incluso la trata de personas.

La carencia de la TVRH también genera retrasos en la obtención de la CURP y en la revalidación de estudios, lo que limita la capacidad de los refugiados para demostrar sus competencias académicas o técnicas ante posibles empleadores formales.

Barreras en la inclusión financiera

El acceso a una cuenta de banco es un requisito indispensable para recibir el pago de nómina en un empleo formal, pero en la práctica, para muchas personas refugiadas es prácticamente imposible, debido a que muchas instituciones bancarias aún tienen requisitos rígidos.

“Aunque la legislación permite que puedan abrir cuentas nivel uno y dos con estos documentos, ya sea con la tarjeta migratoria o incluso solo con la CURP, pues las instituciones financieras no necesariamente tienen productos que permitan su apertura,, si no presentan otro documento como es el pasaporte”, indica Echandi.

Echandi comenta que en muchos casos, las personas refugiadas han cortado los lazos con su país de origen en búsqueda de la protección internacional, por lo que no es posible acercarse a una embajada o consulado para obtener un documento.

La directiva del ACNUR en México indica que hay algunas instituciones bancarias que han ejercido buenas prácticas en la materia, con la apertura de productos especializados en la población migrante.

De acuerdo con el informe de ACNUR, Banco Dondé abrió más de 1,500 cuentas para personas refugiadas, mientras que Banorte ha abierto cerca de 12,000 desde 2022.

La revalidación de estudios y el desconocimiento de los empleadores

Otro obstáculo para encontrar trabajo es la falta de documentos que validen su nivel de estudio. Al huir de situaciones de violencia, muchas personas refugiadas no logran traer consigo sus títulos o certificados originales apostillados.

México ha flexibilizado los criterios, por ejemplo, no requiere la apostilla en muchos casos o una traducción legal, sin embargo, aún el trámite no es fácil para muchos de los casos.

“Si se trata de educación básica o media hay una ruta relativamente sencilla de alcanzar. Es un poco más complejo cuando se trata de estudios superiores, porque ahí influyen también temas como la propia equivalencia de los estudios, la revisión que tienen que hacer las universidades para ver si los programas son compatibles, o no, con los programas donde estudiaron las personas refugiadas en sus países de origen”, dice Joselin Barja, asociada senior de Soluciones Duraderas del ACNUR en México.

Por último, otro obstáculo es el relacionado con la falta de conocimiento de las empresas sobre las personas refugiadas. Algunos empleadores temen incumplir la ley por no entender qué documentos son válidos para dar de alta a un extranjero en el SAT o el IMSS, por lo que se acercan al ACNUR o a la COMAR en busca de asesoría.

Más de 650 empresas, como Mabe o FEMSA, se han comprometido con la contratación inclusiva de personas refugiadas, especialmente en el corredor industrial del centro y norte del país.

De acuerdo con Erandi y Barja, existe una mayor retención y permanencia de las personas refugiadas en las posiciones y vacantes de trabajo, un mejor ausentismo laboral y mayor disponibilidad a cubrir horas extras.

Además, la contratación de este tipo de población aporta diversidad a la cultura interna de las empresas y genera una competencia sana al interior de las compañías.