El destino de dos mujeres indígenas acusadas de secuestro se define hoy
Este miércoles, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve el destino de dos mujeres indígenas de Querétaro acusadas de haber secuestrado a seis agentes federales y sentenciadas a 21 años de prisión.
Teresa González, de 26 años, y Alberta Alcántara, de 31, fueron detenidas en agosto de 2006, acusadas del delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro y en contra de funcionarios públicos, y encontradas culpables por el Juez Cuarto de distrito de Querétaro en enero de 2009.
El presidente del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, Luis Arriaga, dice a CNNMéxico que confía en que la sentencia de la Corte sea favorable para ambas, debido a las irregularidaddes del caso, pues fueron detenidas con engaños sin un traductor que les explicara la gravedad del proceso.
La vida de las mujeres de la etnia ñhanhú dio un giro el 26 de marzo de 2006 cuando elementos de la extinta Agencia Federal de investigaciones (AFI), vestidos de civil llevaron a cabo el aseguramiento de mercancia en el tianguis del pueblo de Santiago Mexquititlán.
Arriaga comenta que ellas solicitaron a los agentes que se identificaran y presentaran una orden que avale el operativo. Pero se dio un conflicto entre los comerciantes y los agentes, y los pobladores exigieron la reparación del daño a sus mercancías.
Entonces se inicia un proceso en contra de los habitantes del pueblo que culmina en la detención de Alberta, Teresa y Jacinta Francisco Madrigal el 3 de agosto de 2006.
En el caso de Jacinta, la Procuraduría General de la República presentó en septiembre de 2009 conclusiones "no acusatorias" en su contra por una “duda razonable” de su participación en el “secuestro” y fue liberada. No obstante, mantuvo los cargos en contra de Teresa y Alberta.
Arriaga comenta que el proceso está lleno de contradicciones y que durante un año y medio ninguno de los agentes involucrados presentó declaraciones. Sí hubo careos después, agrega, pero no con la urgencia que amerita un juicio de secuesto para la parte acusadora.
“El caso de Alberta y Teresa muestra las graves deficiencias de un sistema de justicia que discrimina a las mujeres indígenas”, explica Arriaga.
Juan Alcántara, esposo de Teresa González y hermano de Alberta Alcántara presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos el 20 de febrero de 2010 y el caso fue atraído por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
CNNMéxico solicitó la versión la PGR, pero el personal de enlace con medios dijo que toda la información estaba en manos de la Corte.
También buscó al Juez Cuarto de Distrito del Estado de Querétaro, Rodolfo Pedraza Longi, pero nadie respondió en sus oficinas.
La Corte confirmó que el asunto está en el listado de la Primera Sala con el proyecto de sentencia a cargo de la ministra Olga Sánchez Cordero.
El 17 de marzo, la Suprema Corte acordó atraer el caso del recurso de apelación 71/2010 del Tribunal Unitario del 22 Circuito en contra de la sentencia 48/2006/IV, radicada en el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Querétaro, por los delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro y contra servidores públicos.
Los ministros resolvieron que consideraron el caso relevante y que además “permitiría evaluar la constitucionalidad del tipo penal de secuestro equiparado y definir constitucionalmente las relaciones entre el ejercicio de las libertades de expresión, petición y manifestación”.
“El asunto es de interés y trascendencia, ya que permitirá, si es el caso, que la Sala fortalezca sus criterios relacionados con asuntos que involucren la prohibición a la discriminación, los derechos de la mujer y los derechos de los pueblos indígenas”, acordaron los ministros.
