La Corte exonera a Molinar y Bours; vincula a mandos medios en caso ABC
El ministro presidente de la Suprema Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia aseguró que el fallo sobre el caso ABC “no culpa ni exonera a nadie”, pero reconoció que hubo una violación grave a los derechos humanos.
“Las responsabilidades de carácter político, penal y administrativa están a cargo de las autoridades que tienen el mandato constitucional y legal de fincarlas en todos y cada uno de los casos que se les presenten”, agregó el ministro.
La tarde de este miércoles, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deslindó de responsabilidades a Juan Molinar Horcasitas y Daniel Karam, ex director y actual director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), respectivamente, así como a Eduardo Bours, ex gobernador de Sonora, y al ex presidente municipal de Hermosillo, Ernesto Gándara.
Los funcionarios habían sido implicados en el caso del incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, donde murieron 49 niños, pero fueron exonerados por la mayoría de los ministros en la sesión en la que se analizaba el caso.
Este fue el tercer día de análisis del caso, después de una semana sin sesiones públicas para que los ministros estudiaran el proyecto de dictamen elaborado por el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
A casa uno de las sesiones, asistieron los padres de familia de 17 niños de los niños muertos o lesionados por el incendio.
AL reanudar la sesión la tarde de ayer, ninguno se puso de pie a la entrada de los ministros al pleno.
Al iniciar la sesión vespertina, a las 17:15 horas, Ortiz Mayagoitia propuso discutir los puntos relacionados con el caso, sin considerar el proyecto de dictamen.
Explicó que no sería positivo rechazar el proyecto y designar a otro ministro para elaborar un nuevo dictamen, pues todos los integrantes del pleno conocen el informe preliminar de la Comisión Investigadora, por lo que en su lugar planteó ocho puntos a resolver sobre el caso.
Los ministros estuvieron de acuerdo en discutir y votar los temas, como la violación grave a las garantías individuales, quiénes estuvieron involucrados y las recomendaciones.
Entre las recomendaciones, destaca la petición al Poder Legislativo de reglamentar el sistema de guarderías, en lo que toca a protección civil y protocolos de emergencia.
Dos de los puntos rechazados fueron los relativos a una propuesta de la ministra Olga Sánchez Cordero, de incluir como involucrados a los propietarios de la guardería, y la del ministro Salvador Aguirre Anguiano para determinar la naturaleza del IMSS y evitar que se señalara a sus funcionarios, pero en este caso, y a pesar de que se votó en contra del planteamiento, al final los altos funcionarios del Instituto no fueron responsabilizados .
Con diez votos a favor y sólo uno en contra –de Salvador Aguirre-, los ministros determinaron que hubo violación grave a las garantías individuales, y al momento de definir los derechos vulnerados, las posiciones variaron.
Sin embargo, la mayoría definió que se violaron los derechos: de interés superior, protección a la vida, integridad física, seguridad social y a la salud, de los 49 niños fallecidos y los 104 que resultaron heridos.
Cada día, la Corte fue resolviendo en contra de los puntos medulares del proyecto de dictamen de Zaldívar. Primero determinaron que no tenían la facultad constitucional para señalar responsables, que tampoco deliberarían con criterios éticos, morales ni políticos.
El martes, la mayoría de los ministros concluyó que el sistema de subrogación de guarderías en legal y que no existe un desorden generalizado en las estancias infantiles, contrario a lo que señala un informe preliminar elaborado por la misma Suprema Corte.
Los involucrados son: Arturo Leyva Lizárraga, delegado estatal del IMSS en Sonora hasta 2009, y Noemí López Sánchez, titular del Departamento Delegacional de Guarderías, por parte del IMSS.
Del gobierno de Sonora, fueron declarados involucrados en la violación grave de garantías: Wilebaldo Alatriste Candiani, titular de la Unidad Estatal de Protección Civil hasta 2009; Fausto Salazar Gómez, ex director general de Recaudación de la Secretaría de Hacienda, y Jorge Luis Melchor Islas, Subdirector de Control Vehicular.
Por parte del ayuntamiento de Hermosillo, están involucrados Jesús David Osuna, ex director de Inspección y Vigilancia Municipal, y Roberto Copado Gutiérrez, ex titular de la Unidad Municipal de Protección Civil.
