Los juicios orales en México se mantienen en la fila de espera
Únicamente ocho de las 32 entidades federativas de México han adecuado sus leyes a la reforma constitucional de seguridad y justicia penal promulgada hace dos años.
Los datos del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal reflejan un retraso de 75% en la instrumentación de estos cambios, de acuerdo con el análisis de algunos académicos especializados en el tema.
No obstante, representantes de los poderes Legislativo y Judicial niegan que haya demora en el proceso.
El propósito de la reforma es que en un plazo de ocho años el país transite de un sistema de justicia inquisitorio, basado en la integración de expedientes escritos, a uno acusatorio, fundamentado en juicios orales públicos en los que se confronten la autoridad y el abogado defensor de un acusado.
Este tipo de audiencias ya se realiza en naciones como Estados Unidos, Reino Unido, Chile y Argentina, y busca agilizar los procesos legales.
En 2008, el Congreso también creó un marco jurídico para juzgar a las personas involucradas en la delincuencia organizada, y ordenó que las procuradurías y estatales y la federal, modernicen sus técnicas de investigación, explicó a CNNMéxico Javier Cruz Angulo, profesor de derecho del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
"Hay una lentitud de los estados y de la Federación para instrumentar la reforma", dijo el especialista, ya que los poderes legislativos no emiten las leyes ni prevén las partidas presupuestarias necesarias para este proceso.
La Procuraduría General de la República (PGR) y las procuradurías locales tampoco han cumplido con sus obligaciones en la instrumentación de la reforma porque "no han creado laboratorios, técnicas y policía investigadora", mencionó.
Los señalamientos de Cruz Angulo se suman a los de otros juristas, quienes advierten que el retraso en la implementación de la reforma podría generar incertidumbre en el sistema jurídico del país.
A finales de mayo, el investigador Pedro Salazar dijo a CNNMéxico que la reforma es "muy ambiciosa" pero no ha tenido el impulso suficiente de parte de los poderes legislativo y judicial.
El Consejo de Coordinación, un órgano interinstitucional creado para vigilar el avance de la reforma, dice que ésta busca transformar una legislación penal "obsoleta, lenta e insuficiente", con el objetivo de combatir la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones de justicia y disminuir la impunidad de 70% de los delitos.
Hasta la fecha, los estados que han adecuado sus legislaciones a la reforma son Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Nuevo León, Estado de México, Morelos y Oaxaca.
"Tenemos tiempo suficiente"
Los funcionarios no comparten la opinión de los juristas.
El senador Alejandro González Alcocer, del Partido Acción Nacional (PAN), considera que no existe atraso en la instrumentación de la reforma. "Yo no lo veo así. Tenemos el tiempo suficiente como para hacerlo y hacerlo bien. Claro que nos gustaría que fuera más rápido", dijo a CNNMéxico.
Para el legislador, presidente de la Comisión de Justicia del Senado, todos los poderes federales y las entidades federativas deben intervenir en el proceso.
González Alcocer argumenta que lo importante en este momento es que el Congreso fije los presupuestos para lograr las metas.
"Que se empiece a capacitar gente, jueces, ministerios públicos, abogados defensores, y a construir instituciones", dijo.
Óscar Vázquez Marín, consejero de la Judicatura Federal, comentó que las opiniones de los académicos son respetables, pero afirmó que el Poder Judicial de la Federación ha procurado cumplir con la instrumentación de la reforma de justicia penal.
El funcionario informó a CNNMéxico que el Consejo de la Judicatura Federal (CFJ) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) trabajan en esta materia en tres ejes: el organizacional, el cultural y el de la coordinación institucional.
Detalló que el Poder Judicial creó siete Juzgados Federales Especializados en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones, ha realizado actividades académicas para difundir el nuevo sistema de justicia penal y mantienen contacto con otras autoridades para discutir sobre el avance de la reforma.
Las normas pendientes
González Alcocer y Vázquez Marín coinciden en que uno de los principales pendientes del proceso de instrumentación de la reforma es que el Congreso diseñe y apruebe el nuevo Código Federal de Procedimientos Penales.
Esta norma "va a desentrañar muchas cosas que quedaron apuntadas en la reforma constitucional, pero no están reglamentadas", mencionó el senador.
El consejero dijo que el documento regulará "las nuevas etapas del proceso penal acusatorio y oral", en el que se celebrarán juicios orales y se buscará "proteger los derechos fundamentales tanto de los inculpados como de las víctimas de los delitos".
Además de la elaboración de un nuevo Código Federal de Procedimientos Penales, los demás cambios legales pendientes en la reforma de justicia podrán ser discutidos en el Congreso en el próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia en septiembre.
Mientras los académicos consideran que la instrumentación de la reforma enfrenta un retraso, el senador González Alcocer afirmó que "en términos generales, va bien; nos da tiempo de sacar la reforma, dimos hasta ocho años para concretarla, hay que estar vigilantes y ver que las cosas se hagan bien".
