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El cierre de una playa pone en peligro la supervivencia de un pueblo

175 ejidatarios desalojados violentamente de un terreno en la playa Tenacatita, en el Pacífico mexicano, intentan llegar a un acuerdo
vie 04 marzo 2011 08:00 AM

El tiempo, el dinero y la paciencia se agota para los 175 ejidatarios que la madrugada del cuatro de agosto de 2010 fueron desalojados violentamente  de una propiedad aledaña a la playa conocida como Tenacatita, en el estado de Jalisco.

En agosto pasado, y después de más de tres décadas de pelear la propiedad de un predio de 42 hectáreas, el empresario Andrés Villalobos obtuvo la orden de un juez que lo acredita como dueño del sitio, y que amparó el desalojo de ejidatarios.

Los propietarios mostraron a CNNMéxico títulos de propiedad avalados por la Secretaría de la Reforma Agraria que le da al ejido Rebalse de Apazulco, la propiedad y el resguardo de 2,920 hectáreas, entre las que se encuentran las 42 en conflicto.

El predio está ubicado  en el Pacífico mexicano, en medio de la Biosfera de Manantlán , la reserva ecológica más importante en el Occidente de México.

Las familias de los 175 ejidatarios, viven principalmente de la pesca y de brindar servicios a los turistas como hospedaje, comida y recorridos en lancha.

Después del desalojo, el empresario ordenó el cierre de la única carretera que lleva a la playa. Los ejidatarios no pueden volver, ni recuperar sus negocios o pertenencias.

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Han pasado casi seis meses desde que salieron de Tenacatita y hace algunas semanas las partes en conflicto intentaron llegar a un acuerdo para liberar la playa en tanto se define la propiedad del predio.

En el documento, que está en revisión por parte los involucrados, Inmobiliaria Rodenas, propiedad de Villaseñor, se compromete a liberar la carretera siempre y cuando se garantice que los ejidatarios no intentarán invadir las 42 hectáreas en conflicto.

El acuerdo establece que en tanto las autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) definen a quien atribuir el terreno, nadie podrá hacer uso, construir o realizar cualquier tipo de aprovechamiento en el sitio.

Una vez firmado este convenio, en el que están representadas tanto autoridades locales como municipales, la playa se liberará en un plazo no mayor a cinco días.

La historia del conflicto

La historia se remonta al año 1972, cuando por medio de una Resolución Presidencial, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el ejido El Rebalse de Apazulco, obtuvo la custodia de 2,920 hectáreas.

Inconforme con la resolución, Paz Gortazar, viuda del ex-gobernador de Jalisco, Jesús González Gallo, reclamó como propia una extensión de 42 hectáreas localizadas en el Divisadero de Tenacatita.

Promovió entonces un juicio el juicio de amparo 1569/72, mismo que fue resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ordenando la restitución de varios predios, entre ellos, el que reclamaba la viuda del ex-gobernador.

Después de eso, el predio fue vendido por Paz Gortazar a la Inmobiliaria Rodenas y fue entonces que el ejido se inconformó en un juicio promovido en 1993.

A principios del año 2000, el Juez Segundo de lo Civil ratificó a Inmobiliaria Rodenas la propiedad de las 42 hectáreas reclamadas, determinación que fue impugnada por los ejidatarios, pero ratificada por diversos tribunales.

En septiembre del 2006, el Registro Agrario Nacional (RAN), dependencia del gobierno encargada del control de la tenencia de la tierra y de brindar su seguridad jurídica documental, expidió 175 títulos de propiedad a través del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Derechos Urbanos (Procede), con los cuales los ejidatarios defienden la titularidad del predio en disputa.

"El predio ha sido de nosotros y vamos a pelear para que siga siendo una playa libre para todas las personas que no tengan recursos, tengan acceso a bañarse libremente, no queremos que sea privado", dijo a CNNMéxico Javier Campos, uno de los afectados con el desalojo.

El empresario llevaba al menos dos intentos de desalojo, finalmente en el tercero consiguió la orden del juez para desalojar a los ejidatarios y sus familias.

Con la intención de impedir que los antiguos pobladores volviera al sitio, el empresario ordenó el cierre de la única carretera  que lleva al lugar , evitando con ello el paso no sólo de los desalojados, también de decenas de turistas, muchos de ellos extranjeros, que casa día llegaban a esta playa.

Se trata de una carretera federal, operada por el gobierno del estado y cuyo acceso continúa cerrado y custodiado por elementos de seguridad.

Los pobladores aseguran que son policías estatales a quienes se les ha cambiado el uniforme de privados para no levantar protestas.

Rodenas por su parte defiende su actuación, al señalar que la carretera fue construida en terrenos de su propiedad, por lo cual una vez que un juez le concedió los derechos totales de 42 hectáreas en la zona de Tenacatita, decidieron hacerse cargo del ingreso a sus terrenos.

¿Cómo consiguió el gobierno federal construir una carretera en propiedad privada, sin el permiso de sus dueños?, le preguntó CNNMéxico a Rodenas. 

"Porque cuando se construyó el tramo carretero, los ejidatarios tenían irregularmente la posesión del predio y como muchas otras cosas, ellos permitieron acciones buenas y malas dentro de una propiedad que no era suya, pero que habitaban", respondió el representante legal, Jorge Díaz.

"Desgraciadamente para ingresar a la playa tienen que pasar por terrenos privados... aquí está de por medio una carretera que su situación legal también está indefinida, porque se construyó sin permiso del legítimo dueño, nosotros estamos dispuestos a aclarar la situación", enfatizó el representantes legal de Rodenas.

El abogado sin embargo, no acepta que haya restricciones en el paso como pudieron constatar diputados que visitaron la zona, quienes para poder ingresar tuvieron que registrarse, también niega que elementos de la policía del estado resguarden el lugar, "hemos contratado seguridad privada", advierte.

Admite la presencia de policías del estado, aunque dice que es de manera intermitente y sólo cuando se han registrado enfrentamientos.

El conflicto ha provocado, la interposición de diversos juicios para definir la propiedad de la tierra y la vigencia de concesión de la playa, además de la inconformidad social de los desalojados y turistas que piden la reapertura de este destino.

En septiembre de 2010, la Cámara de Diputados votó por unanimidad la creación de una comisión plural para atender el caso Tenacatita. Desde entonces, los legisladores integrantes han realizado un par de visitas a la zona.

Un poblado que espera

El Rebalsito, ubicado a cinco minutos de Tenacatita es un poblado costero de Jalisco de unos 500 habitantes. Es ahí donde viven las mayoría de los ejidatarios y donde otros más se han refugiado, después del desalojo.

Al salir de la playa, también se terminó la fuente de ingresos para la mayoría de las familias de El Rebalsito.

Caminando las calles del poblado, son muchos los habitantes que tienen una historia que contar, ya sea la pérdida de sus negocios o casas en Tenacatita.

Algunos de ellos han buscado fuentes de ingresos alternas en otras comunidades o mientras esperan conservando la esperanza de volver, son ayudados por una comunidad de extranjeros que los provee de donativos económicos o despensas.

Los policías no sólo cumplieron con la orden de desalojo, además se bebieron la cerveza que campesinos tenían en sus pequeños restaurantes y destruyeron ramadas y viviendas lo cual no se pudo constatar porque no hay acceso al sitio, pero es lo que cuentan los propios afectados que pudieron volver en una ocasión con la ayuda de diputados federales.

Uno de los afectados que prefirió omitir su nombre, contó a CNNMéxico, que cuando intentan interponer denuncias por los daños y robo causado a sus propiedades, los agentes del Ministerio Público, aseguran que en esos predio jamás uno nada.

"Suena absurdo, pero esto está ocurriendo, creemos que las autoridades judiciales están coludidas con el empresario", agrega la fuente.

Abundan los testimonios de vecinos que reclaman el hurto de enseres y objetos personales, además de lo que tenían en sus negocios.

Cuestionados sobre avisos previos de desalojo, los ejidatarios aseguran que no recibieron ninguno. Se quejan también de que sus denuncias por despojo ilegal de sus tierras y el robo de sus pertenencias no prosperan.

En entrevista previa con CNNMéxico, los representantes legales de Villalobos, dijeron que todo se hizo con apego a la ley.

"No queremos indemnización, queremos pelear, estamos esperando a que el gobernador (de Jalisco, Emilio González), resuelva el problema y si no, se va a venir un conflicto más duro, va a haber matazón, va a haber muertos, y si el gobernador quiere que haya desmadre, se va a venir", agrega Campos.

Indica que hasta ahora han tenido paciencia, pero que ésta ya se está agotando.

Pescadores sin redes

El conflicto alcanzó también a la cooperativa ejidal Tenacatita, fundada en 1971 y que actualmente agremia a 18 pescadores, que obtenían los productos pesqueros de estas aguas. 

En el desalojo, no sólo perdieron su área de trabajo, además, los policías que ejecutaron la orden, se quedaron con su equipo de trabajo.

Francisco Alvarado, tiene 43 años de edad, nació en El Rebalsito y creció en la playa Tenacatita, donde aprendió a pescar. 

Hasta antes del desalojo era uno de los 18 pescadores de la cooperativa y tenía dos concesiones en muelles de la localidad, además de administrar junto con su familia un restaurante.

Es de los pocos que tiene otro negocio fuera del área desalojada, pero al final, el cierre de la playa ha ahuyentando a los turistas, lo que también ha bajado sus ventas.

"En promedio un pescador obtiene entre 800 y 1,000 pesos al día, producto de la pesca, pero algunos otros aprovechan también para ofrecer recorridos turísticos en lancha y obtiene ingresos adicionales", cuenta a CNNMéxico.

El gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, ha declarado en reiteradas ocasiones, que se trata de un conflicto entre partículares, por lo que su administración no puede intervenir.

Fernando Guzmán, secretario General del Gobierno de Jalisco, encargado de atender el asunto del cierre de la playa, se ha negado en varias ocasiones a ofrcere entrevistas a CNNMéxico para hablar del tema.

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