La familia de los mexicanos detenidos en Malasia exige ayuda a Cancillería
Los familiares de los tres mexicanos detenidos en Malasia , acusados de tráfico y distribución de metanfetaminas, presentaron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa, de donde son originarios, para que la Cancillería mexicana solicite información sobre el procedimiento penal que enfrentan en el país asiático.
El presidente de este organismo, Juan José Ríos Estavillo, dio a conocer que María Consuelo Soto, esposa de Luis Alfonso González Villarreal; Alejandrina y Leticia González Villarreal, hermanas de los acusados, así como su padre Héctor González Ríos, solicitaron que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) conozca la situación de sus familiares.
La queja será presentada ante la tercera visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), aunque esta instancia ya solicitó información a la SRE sobre la situación procesal.
Uno de los motivos de la queja es que la defensa no cuenta con un traductor para que el juicio pueda ser tratado conforme lo estipulan las normas internacionales, explicó Ríos Estavillo.
El funcionario indicó que las áreas de consultoría jurídica y la Dirección de Asuntos Consulares de la SRE son las autoridades encargadas de informar y exigir, en coordinación con la embajada de México en Malasia, sobre la situación de los acusados.
El ombudsman sinaloense apuntó que todavía falta una sentencia, por lo que aún no se puede determinar la responsabilidad de los detenidos.
Según el presidente de la comisión estatal, además de José Regino González Villarreal, de 43 años, Simón, de 36, y José Regino, de 33, fueron detenidas otras seis personas por el mismo delito, pero tres de ellos ya fueron liberados y deportados a México.
Los acusados, que enfrentan pena de muerte, fueron detenidos en marzo de 2008 durante una redada policial en la ciudad malaya de Johor. El juicio en su contra se reanuda en abril.
Otra de las demandas de los familiares es conocer si México tiene suscrito algún tratado internacional con Malasia para el tratamiento de este tipo de acusaciones.
El ombudsman aclaró que con base en la autonomía de cada país, cada nación puede determinar su orden jurídico interno y las mecánicas de sanción para el cumplimiento de responsabilidades derivadas con lícitos penales.
El alcalde del municipio sinaloense de Culiacán, Héctor Melesio Cuén Ojeda, condenó que la Cancillería mexicana no haya establecido contacto con los familiares de los tres sinaloenses detenidos y ofreció su colaboración en el caso.
“Les ofreceremos toda la ayuda que se requiera, porque definitivamente no se pueden hacer juicios sumarios con esta gente, la familia se ve que es de escasos recursos económicos, de tal manera que poco pueden hacer desde aquí”, indicó.
