Tratamiento de las adicciones en México queda en manos de grupos civiles

Ante la falta de servicios en el sistema de salud pública para el tratamiento de las adicciones, la sociedad civil ha buscado la forma de atender a las miles de personas adictas que hay en México.

Es el caso de Sara, de 35 años y madre de cuatro hijos, quien en una de sus múltiples recaídas, fue llevada por su esposo al anexo grupo Alfa 1, un centro de autoayuda para la rehabilitación de alcohólicos y adictos a drogas en la Ciudad de México.

Llevaba tres semanas internada cuando llegó un paciente con alto grado de intoxicación que no paraba de gritar, pidiendo que lo dejaran salir de ese lugar.

Una noche, cuenta Sara, 'los padrinos' que cuidaban la casa —adictos recuperados que trabajan en el lugar— y otros internos, hartos de los gritos, lo golpearon y le introdujeron servilletas en la boca. El episodio terminó con la muerte de la persona y el cierre del lugar.

El anexo pertenecía a un grupo de Alcohólicos Anónimos 24 horas, centros inspirados en el programa de AA que fundan adictos recuperados, donde ofrecen espacios para internar a otros enfermos y lograr la desintoxicación y rehabilitación.

Aunque usan principios de AA como los 12 pasos, las 12 tradiciones, las juntas de desahogo, algunos incorporan también métodos poco convencionales como golpes, humillaciones, burlas y vejaciones.

Parte de las actividades incluyen el aseo de las habitaciones, los baños y en algunos anexos, comen sopa con verdura echada a perder.

Más allá de lo cuestionables o legales que puedan ser sus procedimientos, el grupo Alfa 1 atendía una demanda real, en ese caso, de 30 familias que buscaban una salida al problema de fármacodependencia o alcoholismo de alguno de sus miembros.

"Estos centros surgen como respuesta a un problema, aunque muchos no cumplen con los principios de atención que dicta la norma oficial mexicana 028", dice Juan Machin, director del Centro Cáritas de Formación, asociación que da capacitación en el tema de la farmacodependencia.

Esos lugares y otros reconocidos por la autoridad que sí siguen los principios de la Norma para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones, se suman a las iniciativas del gobierno federal en este tema, que a decir de algunos entrevistados e involucrados en la materia, son insuficientes para atender un problema que experimenta crecimiento en su incidencia.

Según la Encuesta Nacional de Adicciones (ENA) el consumo de marihuana aumentó a tres millones de personas y en seis años la población que consume cocaína pasó de 1.2 a 2.4 millones de mexicanos; 750,000 son adictos a alguna sustancia, de ellos, sólo el 17% sigue algún tratamiento.

"En gran medida estos centros responden a la incapacidad del gobierno para abordar el problema. Pese a los malos tratos, los anexos brindan a muchos adictos la oportunidad de continuar con vida", dice Daniel Hernández, director de Fundación Renace, centro para la rehabilitación de adicciones.

En su cruzada contra las drogas, el gobierno mexicano considera una prioridad atender y tratar las adicciones bajo el entendido de que son un problema social más que de criminalidad. Dentro de sus políticas públicas realiza diversas acciones la mayoría enfocada a la prevención del problema.

Dichas actividades se focalizan en la Secretaria de Salud, a través de del Sistema Nacional del DIF (SNDIF), el Consejo Nacional contra las Adicciones, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Seguridad Pública.

Su contacto con la sociedad lo hacen a través de 310 unidades de especialidad médica, los Centros Nueva Vida, enfocados a la prevención y promoción de una vida sin drogas.

Junto con las 101 unidades de los Centros de Atención Juvenil (CIJ), organización de participación estatal mayoritaria y con más de 30 años de vida, conforman una red de atención para la prevención y tratamiento.

Ambos están dedicados a la prevención y los CIJ también al tratamiento a través de la consulta externa, 12 de ellos con la posibilidad de internamiento. Para tratamiento atiende a unas 86,000 pacientes y familiares.

"Es poco el alcance porque necesitamos más infraestructura y un mayor presupuesto para atender a la totalidad de la población", dice Alejandro Sánchez, director de Prevención de los CIJ.

"Sí necesitamos más centros para hospitalización, quizá uno por entidad", dice y agrega que el internamiento no es siempre necesario.

Suficientes o no, lo cierto es que la sociedad ha respondido con sus propias soluciones a través de una amplia oferta. Según Sánchez, existen alrededor de 2000 centros de ayuda mutua, aunque existen cálculos de que en México hay unos 14,000 grupos de ayuda mutua o asociaciones que operan inspiradas en el programa AA y atienden gran diversidad de adicciones, bajo su sistema tradicional y de 24 horas.

Algunas clínicas, reconocidas por el Consejo Nacional contra las Adicciones (Conadic), son incluso usadas por el gobierno para canalizar a enfermos detectados en sus centros de prevención.

Algunos podrían estar en peligro de cerrar. El secretario de Salud, José Cordova Villalobos, aseguró que este año y el próximo harían una revisión de todos los lugares que dan atención a adictos para asegurar que cumplen los estándares de calidad. "Hay una gran demanda de ellos, sería mejor que el gobierno los ayude a cumplir la norma mediante formación y capacitación", dijo Juan Machín.

Los anexos o centros de autoayuda cobran cuotas que van desde las cooperaciones voluntarias hasta los 400 pesos (35 dólares) al mes. Las clínicas privadas de desintoxicación cobran alrededor de 70,000 pesos en el mismo lapso (5,690 dólares). El salario mínimo mensual en la zona centro de México es de 1,680 pesos (136.58 dólares).

Es por ello que la población de escasos recursos acude a los centros de autoayuda en las zonas populares de los estados más afectados por las drogas, donde no se siguen las normas oficiales, por la falta de recursos, pero contienen el problema de adicción de jóvenes y adultos y se salvan vidas.