Activistas exigen a los diputados modificar la Ley de Seguridad
Un grupo de activistas acudió este martes a la Cámara de Diputados para manifestarse en contra del dictamen de Ley de Seguridad Nacional aprobado en abril de 2010 por el Senado mexicano , pues consideran que, de entrar en vigor, daría pie a violaciones a los derechos humanos.
Eduardo Gallo , ex presidente de la asociación civil México Unido contra la Delincuencia (MUCD), explicó en entrevista que el grupo se reunió con la Comisión de Defensa Nacional —una de las cinco que debe revisar el documento— para manifestar su desacuerdo con la legislación.
“No estamos de acuerdo porque en la minuta lo que se está planteando es la posibilidad de que sea el Consejo Nacional de Seguridad, y no el Congreso de la Unión, el que decida cuándo se puede crear un estado de excepción, suspender las garantías, o el propio presidente podría hacerlo sin necesidad de aprobación del Congreso, como hoy se tiene que hacer”, dijo.
Además de Gallo, en la reunión con los diputados participaron el sacerdote Alejandro Solalinde , conocido por su defensa de los migrantes indocumentados en el sur del país; Julián Le Barón, activista contra la inseguridad originario del estado de Chihuahua, y el escritor Javier Sicilia , quien desde el asesinato de su hijo —a finales de marzo— ha endurecido sus críticas hacia la estrategia gubernamental de lucha anticrimen.
“No estamos de acuerdo en que se puedan crear estados de excepción a criterio del titular del Ejecutivo sin que ningún otro de los poderes de la Unión tenga participación alguna, como no estamos de acuerdo con que se puedan hacer retenes en todas partes, cateos sin una orden judicial o intervenir comunicaciones”, dijo Gallo.
Los partidarios de la Ley de Seguridad Nacional, presentada ante el Congreso por el presidente Felipe Calderón en 2009, afirman que ésta regula la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, al establecer que sólo podrán actuar en caso de amenazas a la estabilidad del país o cuando las capacidades de las autoridades locales se vean rebasadas.
Para los activistas, sin embargo, únicamente da más facultades al gobierno para mantener una estrategia de combate a la delincuencia que ha generado más violencia y afectado a la ciudadanía. Los operativos contra el crimen comenzaron en diciembre de 2006, al inicio del mandato de Calderón, y se han apoyado en el Ejército y la Marina.
“Una Ley de Seguridad Nacional que busca otorgar facultades para poder declarar estados de excepción, para suspender garantías constitucionales, para dar entrada a que el Ejecutivo decida sobre la utilización de las Fuerzas Armadas de manera unilateral, solamente está enfocada a seguir manejando la violencia, y no estamos de acuerdo, hay que cambiar la orientación”, dijo Gallo.
El activista adelantó que el grupo se reunirá el miércoles nuevamente con la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara Baja y buscará hacerlo con las otras cuatro encargadas del tema: Derechos Humanos, Seguridad Pública, Gobernación y Justicia.
Mientras tanto, el opositor Partido de la Revolución Democrática (PRD) anunció que iniciará una campaña para evitar la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional porque, en los términos en los que está redactada, pone en riesgo las garantías individuales de los mexicanos .
Gallo aclaró que, a pesar de las coincidencias con el planteamiento del PRD, los activistas hasta ahora no han dialogado con el partido sobre su oposición a la norma.